El juez Carlos Mahiques, exministro de Vidal, y Guillermo Yacobucci nombrado por Macri volvieron a favorecer a un genocida.
Beneficiaron al represor Cinto Courtaux, quien estuvo prófugo 3 años y está alojado en una cárcel super poblada. Podría cumplir su condena en un country. Repudio de las víctimas.
Los camaristas Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, integrantes de la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, beneficiaron a otro represor con la excusa de la pandemia del coronavirus.
Se trata del exjefe de inteligencia militar Cinto Courtaux, detenido en el marco de la causa Contraofensiva . Se trata de un fallo que provocó el repudio de organizaciones de DD.HH. y familiares. La unidad penal en la que está alojado no tiene superpoblación ni hacinamiento y posee un hospital.
A pesar de que la máxima instancia penal del país rechazó el 90 por ciento de los planteos de “excarcelación” que le llegaron por el COVID-19, Mahiques y Yacobucci hicieron lugar al planteo de Courtaux y ordenaron al tribunal inferior que había rechazado su domiciliaria que revise su fallo, dado que consideraron que el militar es grupo de riesgo. Para estos jueces debe validarse el pedido de domiciliaria en un country, que hizo el genocida. No obstante, dejaron que esa decisión la firmen los integrantes del TOF 4 de San Martín.
Ambos jueces, ya se habían ganado el repudio de los organismos de DDHH luego de firmar, en el marco de esta pandemia, el arresto domiciliario del represor Lucio Nast, condenado a 22 años de cárcel por crímenes contra la humanidad.
Ni Courtaux ni Nast son casos extremos que ameriten una urgente excarcelación, tal como expresó en su voto disidente en ambos casos, el camarista Alejandro Slokar. Es decir, esa decisión choca con la acordad 9/20 que firmaron los propios jueces de la Casación.
Courtaux fue el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares que funcionó en Campo de Mayo. Está detenido en el marco de la causa Contraofensiva, que integra la megacausa Campo de Mayo, por su rol central en la inteligencia militar.
Según testigos de la época, participó varios operativos en la zona norte del conurbano bonerense. Cuando fue citado a indagatoria en 2014 no se presentó y fue declarado en rebeldía por la jueza federal de San Martín Alicia Vence. Se pidió por él una recompensa de 500 mil pesos. Recién se lo apresó tres años más tarde, en 2017.
Según un informe del Servicio Penitenciario Federal, la U.31, donde está detenido este genocida, tenía una tasa de ocupación a fines de marzo del 55 por ciento, es decir, tiene la mitad de los detenidos que puede albergar.
Por su parte, Gustavo Molfino, familiar de víctimas de la Contraofensiva, aseguró que analiza pedir el juicio político de los dos jueces que firmaron este fallo. Y aclaró, ante la consulta de este medio, que como familiares no fueron notificados de esta resolución.
La acordada 9/20, donde se recomienda descongestionar las cárceles en el marco de la pandemia, fue firmada por 11 de los 13 jueces de la Casación Federal (entre ellos, Mahiques y Yacobucci).
Respecto a las personas que cometieron delitos graves, allí se especificó que se debe meritar “con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad" de excarcelaciones y domiciliarias, "conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno, según la interpretación que el órgano jurisdiccional haga en cada caso”. Algo que ninguno de estos dos jueces hizo en los fallos Courtaux y Nast.
Yacobucci compartió el voto de su colega. Ambos destacaron que Courtaux integra el listado de grupo de riesgo al COVI-19 que elaboró el SPF como si ese fuera un pasaporte directo a la domiciliaria.
Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal y era juez de la Casación ordinaria cuando en mayo de 2017 pasó a la Casación federal a dedo, es decir, sin concurso ni aprobación del Senado, por decisión del entonces presidente Mauricio Macri.
Yacobucci escribió en la revista Cabildo, entre 1977 y 1978. La misma fue un medio que defendió a ultranza del terrorismo de Estado.
En coherencia con ese pensamiento, en 2008, Yacobucci falló a favor de la libertad de 12 represores de la ESMA, entre ellos “El Tigre” Acosta y Astiz, las que finalmente no se concretaron. Llegó a la Casación federal durante el gobierno de Macri.
Ahora estos mismos camaristas deberán resolver en los próximos días la situación de la patota de la ESMA, como Alfredo Astiz y el Tigre Acosta, entre otros.
Siguen operando
“Estos jueces tratan de retrasar los juicios a las”, aseveró Pedro Dinanni, abogado de la Lahd y militante del Partido Comunista. Tras lo que señaló que es “una complicidad con los genocidas”.
Vale mencionar que su hijo, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires Juan Bautista Mahiques, está señalado como quien “apretó”, primero al periodista Mariano Martín de la AM750, cuando sacó al aire un audio de jueza de la cámara de casación Ana María Figueroa, quien declaró que durante el gobierno de Mauricio Macri dos hombres que respondían al ex Ministro de Justicia Germán Garavano la presionaron.
Martín le preguntó por dos nombres y la jueza negó enfáticamente que se tratara de ellos. No obstante, cuando el periodista le preguntó entonces si había sido Mahíques, la magistrada evitó negarlo.
Posteriormente el periodista fue presionado por Hipólito Nosiglia, quien se identificó como el jefe de prensa del fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, algo que también denuncio la vicepresidenta Cristina Fernández en su cuenta de Twitter.
A su vez, Dinani aseguró que “los Mahiques junto con el fallecido juez Claudio Bonadio eran el engranaje en Comodoro Py para beneficiar genocidas y perseguir opositores”.
Por lo que no dudo en afirmar que “ellos armaron un grupo de tareas dentro del poder judicial que se componía desde jueces, secretarios, fiscales y ese dispositivo legal funcionaba de manera ilegal”. Tras lo que recordó que “este aparato fue el que determino las prisión arbitraria de Amado Boudou y liberó varios genocidas”.
“La Liga pedía cadena perpetua pero los condenados iban a domiciliaria”, denunció Pedro, tras añadió que “nos empezamos a oponer, porque iban a las los country’s lo que nos parece injusto”.
Los medios entre ellos Clarín y La Nacion jugaron un papel nada sorprendente. Siguiendo esta línea, Dinani hizo hinca pie en que “por más que ya no estén sus representantes políticos, siguen operando”.
En el medio de la polémica que se dio por la operación de instalar en la sociedad que los preses iban a ser liberados, Dinani reflexionó en que “los medios están generando que se repudie más la prisión domiciliaria de un delincuente común que está por terminar una condena, que a una persona que cometió un delito de genocidio”.