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José Schulman y Maximiliano Rusconi volvieron a pedir el relator especial de la ONU para la autonomía de abogados y magistrados intervenga en los casos de lawfare de Argentina.

El titular de la liga Argentina por los Derechos del Hombre (Ladh), José Ernesto Schulman, y el abogado Maximiliano Rusconi, realizaron una nueva presentación ante el relator especial de la ONU para la autonomía de abogados y magistrados, Diego García Sayan, que va en la misma dirección de la que hicieron a mediados de 2019 en la que denunciaron casos de violaciones a la independencia del Poder Judicial por parte del gobierno que entonces encabezaba Mauricio Macri.

La presentación advertía que “nuestro país atraviesa una de las peores crisis institucionales sobre el rol del Poder Judicial”, tuvo respuesta hacia fines de ese año cuando el Relator emitió un pedido de informes en el que reclamó que el Estado argentino brinde explicaciones sobre los hechos denunciados.

Ahora el presidente de la Ladh y Rusconi insisten en su solicitud, ya que consideran que la situación planteada sigue sin modificarse en lo fundamental, ya que desde su perspectiva, sólo se avanzó con la tarea llevada a cabo por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, quien “cortó los vínculos perversos entre jueces y espías que era uno de los pilares del lawfare”. Pero piden al relator que se pronuncie y solicite al gobierno argentino que informe sobre las acciones y medidas tomadas para terminar con la situación que provoca la denuncia.

Por su parte, el relator respondió la carta con otra en la que hizo saber su preocupación por la falta de respuesta y se comprometió a dar “seguimiento con atención la evolución de las cosas para actuar apenas vea posibilidades de resultados concretos”.

Asimismo, la Ladh hizo hincapié en que “la continuidad del lawfare en Argentina es la mayor violación a los derechos humanos de nuestros días”, por lo que reafirmó su compromiso a “seguir reclamando ante todas las instancias nacionales e internacionales para que el Estado Argentino defienda los derechos, avasallados por el Poder Judicial, de las y los presos políticos y la sociedad toda”.

Y, en este sentido, anticipó que durante los próximos días va a comenzar “una ronda de denuncias formales” ante representaciones diplomáticas extranjeras en Buenos Aires y que esa tarea va a empezar con la Embajada de Francia.