El juez federal Eduardo Hansen dispuso la elevación a juicio del titular de Ledesma y su capataz, Alberto Lemos. En Tucumán, procesan a ex directivos del ingenio La Fronterita.
Tras rechazar un recurso presentado por la defensa del dueño del Ingenio Ledesma, el juez federal Eduardo Hansen dispuso la elevación a juicio de Carlos Blaquier y Alberto Lemos, quien era capataz de la planta ubicada en la provincia de Jujuy cuando, durante 1976, se perpetraron los secuestros de Luis Arédez, Omar Gainza y Carlos Melián.
Así las cosas, ahora debe añadirse un expediente a lo actuado, para que quede todo listo para que se constituya en Jujuy el tribunal que debe juzgarlos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la localidad de Libertador General San Martín.
Para resolver en este sentido, Hansen ponderó el detalle probatorio que oportunamente presentó el Ministerio Publico Fiscal, que da cuenta de que los hechos ilícitos por los que se acusa a Blaquier y Lemos, son expresiones del plan sistemático de represión que fue ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de estos empresarios que mantenían “una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín”.
Ese postulado también hace hincapié en que ambos facilitaron medios ideológicos tales como seguimiento e investigación de las víctimas, pero también aportaron información sobre ellas, así como apoyo logístico que permitió que se perpetraran los delitos que, tras ocho años de injustificada demora, se espera que ahora sean juzgados.
Vale recordar que el dueño del Ingenio Ledesma presentó, durante 2013, un recurso contra su procesamiento, algo que fue contemplado por la Sala IV de la Cámara Federal de casación hasta que en julio pasado, la Corte Suprema revocó la falta de mérito con que lo había beneficiado.
El camino hacia el juicio que ahora habilita el juzgado federal 2 de Jujuy, acabó de consolidarse cuando el pasado 5 de agosto la sala IV de la Cámara de Casación resolvió declarar inadmisibles los recursos interpuestos por los acusados, por lo que la causa que regresó al Juzgado de origen, en Jujuy.
Así, Blaquier y Lemos van a tener que responder por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Arédez, Gainza y Melián, en lo que será un juicio oral y público emblemático para exhibir la responsabilidad empresarial en la dictadura.
Y sobre la responsabilidad de empresarios en crímenes perpetrados durante la dictadura, también se dio un paso adelante cuando ayer los camaristas Juan Carlos Reynaga, Mario Rodolfo Leal y José Camilo Quiroga Uriburu dictaron el procesamiento de Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos a quienes se imputa de haber perpetrado delitos de lesa humanidad dentro del ingenio La Fronterita, en la provincia de Tucumán.
Minetti era administrador y presidente de la firma, mientras que el resto ocupaban puestos en el Directorio. Todos fueron procesados por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio, después de que la Cámara Federal de Tucumán diera por acreditado que el ingenio prestó sus instalaciones para que se instalara una base militar, donde funcionaba un centro clandestino. Y, asimismo, que los responsables de esta empresa aportaron logística, autorizaron que los represores usaran libremente el predio del ingenio, proveyeron vehículos y suministraron información para que se cometieran secuestros.