La semana pasada, la Corte Suprema devolvió a la Cámara de Casación el expediente abierto por el secuestro y posterior asesinato del Negrito Floreal Avellaneda, que había retenido durante ocho años.
Se trata del expediente correspondiente a la sentencia que pesa sobre los autores materiales del crimen del Negrito, Raúl Harsich, César Fragni y Alberto Aneto que, tras esta decisión del tribunal supremo, sigue sin estar firme lo que es una garantía para que persista la impunidad.
Ante eso la madre de Floreal, Iris Avellaneda, hizo pública una carta abierta dirigida “al Pueblo y al poder judicial” en la que se declara “en rebeldía contra la re victimización de prisioneros del genocidio en Argentina”.
A continuación se transcribe ese texto:
Mi nombre es Iris Pereyra de Avellaneda. En abril de 1976 fui secuestrada junto a mi hijo de 15 años, por el ejército argentino en el marco del genocidio a la clase obrera argentina. Luego de ser sometidos a torturas de todo tipo en la comisaría de Villa Martelli y en el campo de concentración llamado El Campito en Campo de Mayo, fui trasladada a la cárcel de Olmos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y paseada por varias cárceles que la dictadura utilizaba para disciplinar a toda la sociedad. Mi hijo Floreal Edgardo Avellaneda no tuvo esa suerte. Quedó en El Campito en Campo de Mayo y forma parte de los miles de desaparecidos que pasaron por esa guarnición militar. Desde 1985, testimonié en el juicio a las juntas militares y hasta la actualidad, he sido llamada a sede judicial a contar con detalles los padecimientos sufridos mientras estuvimos en calidad de detenidos desaparecidos, en ocho ocasiones ante los juzgados y tribunales que investigan el genocidio.
Y otra vez la burra al trigo.
Como parece que no fue suficiente, en estos días recibí la novena citación para testimoniar por las mismas causas. En esta ocasión y pensando que es hora de ponerle punto final a tanto atropello emocional, contesté que no volveré a dar testimonio y me niego a volver a pasar por la re victimización por el solo hecho de legalizar otro juicio contra genocidas que ya cuentan con varias condenas pero sin embargo no tienen cumplimiento efectivo porque las instancias judiciales, llámese tribunal Oral Federal, Casación o Corte Suprema de Justicia no han tenido tiempo o no piensan dejar firme las sentencias judiciales a las que han sido acreedores los genocidas por delitos de lesa humanidad y por consiguiente siguen usufructuando la impunidad de clase en sus lujosas casas.
Respetuosa de las leyes que rigen en el Estado de derecho, cada vez que fui citada, concurrí con la esperanza de ver en el banquillo de los acusados a los planificadores ideológicos y beneficiarios del genocidio en la Argentina. Cada uno de los que participaron del genocidio tiene su grado de responsabilidad. Los militares que ejecutaron la infamia contra sus propios conciudadanos, sus jefes que ordenaron los crímenes, y los más repulsivos cínicos que planificaron todas las acciones y sus consecuencias. Me estoy refiriendo a cada gerente de fábrica nacional o trasnacional que incorporó antes de 1976 dentro de su empresa a militares para que hicieran la inteligencia y detectar a los trabajadores conscientes que reclamaban el cumplimiento de leyes laborales y luego fueron desaparecidos durante la dictadura. Esos gerentes no han sido sentados en el banquillo de los acusados. Muchas veces los hemos escuchado amenazar con que se irían del país si se sintieran obligados a pagar por sus responsabilidades. Lo hicieron en 1986 utilizando una vez más a militares conocidos como “carapintadas” para presionar por la impunidad de sus crímenes y por los delitos económicos con nombre de deuda externa. Además, los hemos sufrido haciendo corridas cambiarias, haciendo campañas de desestabilización política y económica para resguardar sus privilegios, suba de precios de comestibles, etc. Y no cesan en su accionar de manipular la sociedad en beneficio de esa minoría parasitaria a la que pertenecen.
Para esos criminales civiles también exijo justicia.
Hace 45 años que ocurrieron los hechos y siguen impunes. Los juicios de Lesa humanidad, después de derogar las aberrantes leyes de impunidad Punto Final y Obediencia Debida en 2003, la corte suprema se tomó 2 añitos para declarar inconstitucionales estas leyes y los juicios se retomaron en 2005, desde entonces fueron imputadas 3.448 personas, se dictaron 250 sentencias, resultaron condenadas 1.013 personas solo 276 de ellas con un fallo firme y absueltas 164. De ellos, 904 fallecieron durante los 14 años de sus procesos, y 692 antes de obtener sentencia, lo que significa que murieron impunes y 212 tras ser condenados o absueltos. Es bastante exigua la cantidad de procesados y condenados. Teniendo en cuenta que hubo más de 600 campos de concentración diseminados en todo el territorio nacional.
Ante tan flagrante falta de justicia. ¿Con qué derecho me exigen que vuelva a abrir la puerta del infierno sufrido en los chupaderos de la dictadura para que les cuente mi historia mientras los genocidas lo miran por TV sentados cómodamente en sus mansiones?.
Respetuosamente.
Iris Pereyra de Avellaneda. Sobreviviente del campo de concentración El Campito, en Campo de Mayo.
Presidenta de Asociación Sobrevivientes, familiares y compañeros de Campo de Mayo.