La Facultad de Sociales negó la inscripción a un estudiante inmigrante, a partir de una decisión de la Corte Suprema que validó la exigencia de presentar un DNI argentino para estudiar en la Universidad de Buenos Aires.
La Corte Suprema avaló el pedido de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que exigió la presentación de un DNI argentino para ingresar a la casa de estudios a la carrera de Sociología.
A fines del mes pasado, la Corte fue en contra del pedido del inmigrante peruano Peter Harry Ludueña, quien en 2016 presentó un amparo contra la decisión de la UBA de no inscribirlo en primer año de la carrera de Sociología porque no contaba con un documento argentino.
En primera instancia, el pedido de Ludueña fue rechazado
ante la duda de que su pasaporte pudiera acreditar de manera fehaciente su identidad, pero recurrió la decisión ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que le terminó dando la razón al evaluar como una exigencia excesiva e injustificada el requisito del DNI.
Los abogados de la UBA apelaron la decisión y finalmente la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, consideró que no se encontraban ante una discriminación arbitraria sino ante un requisito lógico.
Esa decisión cosechó el rechazo de estudiantes, abogados y activistas de derechos humanos que ven en la medida un exceso de formalismo que puede derivar en discriminación hacia los extranjeros. Gerardo Etcheverry, abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, señaló que “el fallo firmado por tres de los cinco miembros de la Corte es un absoluto disparate desde el punto de vista jurídico, no solo viola la constitución nacional sino incluso leyes inferiores”.
En esa dirección, Etcheverry añadió: “para dar algunos ejemplos, el propio fallo reconoce que el Artículo 7 de la Ley de Migraciones establece textual que en ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo”.
Al obviar la normativa actual se pone por encima una decisión tomada por la dictadura de Onganía, lo que para el abogado de la Ladh es “una violación a los derechos que, establecidos en nuestra constitución, los derechos son para todos los ciudadanos y habitantes. En nuestro país no se necesita ser ciudadano para ser derecho, sino que se garantizan por igual a todos los habitantes”.