El experimento represivo de marzo de 1975 es investigado en un caso que tiene a organizaciones de Derechos Humanos como querellantes.
“Hay que entender que el genocidio político no hubiese sido posible sin la participación activa de empresas o civiles que llevaban sus listas negras ante los militares, financiaban o facilitaban dependencias y todo tipo de recursos”, recalcó el integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Rosario, Emiliano Ramos, al referirse a la causa Acindar que, finalmente, fue elevada a juicio.
La investigación de la represión estatal desatada en marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución, fue elevada a juicio a finales de diciembre y luego de varios años de instrucción. El fiscal Adolfo Villate señaló que “requerimos la elevación a juicio de la causa, luego de que la hicieran las querellas intervinientes: Cels, Apdh, Liga por los Derechos Humanos y la Unión Obrera Metalúrgica”.
Villate consideró el hecho como el “experimento a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el país” con el inicio de la última dictadura militar. Vale señalar que la investigación fue iniciada en 2013, a raíz de una denuncia de sobrevivientes de la represión desatada en 1975 contra los integrantes de la delegación de Villa Constitución de la UOM, que por entonces era una seccional que estaba enfrentada a la conducción que ejercía Lorenzo Miguel.
El 20 de marzo de ese año, unos cuatro mil efectivos irrumpieron en Villa Constitución lo que derivó en una ocupación militar que desapareció, torturó y privó de libertad a más de un centenar de víctimas.
Este hecho represivo fue una respuesta que intentó amedrentar a quienes habían protagonizado el Villazo, que es el nombre con el que se conoce al paro metalúrgico con ocupación de planta en las empresas Acindar, Marathon y Metcon, iniciado en marzo de 1974 por dirigentes de base que enfrentaban a la conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica.
“A finales del año pasado presentamos dos requerimiento a juicio: una en la causa Rodríguez del cordón industrial San Lorenzo y otra en la causa Acindar de Villa Constitución”, recordó Ramos, y añadió que “en ambas querellamos contra la pata militar pero, fundamentalmente, contra la pata civil donde señalamos muy claro la responsabilidad penal de empresas, patronales y diferentes personajes que hasta fueron funcionarios en aquellos tiempos oscuros”.
Tras fue claro al hacer hincapié en que “esto es fundamental para la Liga y, por supuesto, acompaña esta mirada el conjunto del movimiento de Derechos Humanos”.
Asimismo, resaltó que “hay que entender que el genocidio político no hubiese sido posible sin la participación activa de las empresas o civiles que llevaban sus listas negras ante los militares, financiaban o facilitaban dependencias y todo tipo de recursos”.
Así las cosas, Ramos indicó que “en la causa Acindar se tienen en la mira crímenes cometidos con las Triple A, son 25 nombres los que se juzgan entre ellos empresarios y civiles” y que recordó que “aquí las querellas son tres: la nuestra, la de la UOM y Apdh”. Y, sin dudarlo, definió que “hasta no darle luz a todos los nombres que fueron responsables penales de estos crímenes y las acciones que llevaron adelante no descansaremos”.