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Mié, Jun
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Durante estos días se llevan a cabo en esta provincia dos casos que tienen a policías sentados en el banquillo de los acusados.

En estos días, en la Sala II del Tribunal de Juicio del distrito salteño de Metán, se llevan a cabo las audiencias del juicio al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní y otros cuatro efectivos policiales de la subcomisaría de El Dorado en la localidad de Apolinario Saravia.

Todos se sientan en el banquillo acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza en perjuicio de Luciano Diez, delitos que fueron perpetrados durante junio de 2020, quien entonces tenía 22 años.

Ese juicio coincide con otro que comenzó ayer y que habla de la situación de violencia institucional que persiste en Salta. Se trata del proceso abierto contra cuatro policías imputados por vejaciones calificadas y el homicidio culposo de Cristian Gallardo, que fue perpetrado durante 2019.

En este caso los policías que juzgados por homicidio culposo, son Ricardo José Antonio Llaves, Ricardo Ezequiel López, Lucas Maximiliano Ozuna y Jorge Antonio Olea, mientras que Elio Maximiliano Moya, es acusado por falsedad ideológica y encubrimiento. Y el otro que se sienta en el banquillo es un civil, Ismael Lozano, a quien se le imputa el delito de falso testimonio.

“En Salta se sufre lo que sufren todas las provincias del país porque no hay una tutela federal en materia de Derechos Humanos”, lamentó desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Daniel Tort, y recordó que la Ladh consiguió que a nivel nacional se permita que los organismos ingresen en calidad de veedor para casos que de denuncias de abusos policiales.

Oportunamente, a la hora de evaluar la situación en Salta Tort advirtió que se siguen sucediendo los casos de violencia institucional y alertó que esto coadyuva con una “estructura del Poder Judicial antidemocrática”.

En este sentido, señaló que la policía actúa diferente “con la gente que vive en las villas que con la gente que vive en los barrios acomodados”, algo que es evidente para “los que trabajamos activamente en comedores barriales, en zonas empobrecidas y en las villa de nuestra ciudad, ahí sabemos exactamente cuál es el rol que cumple la policía y sabemos cuál es la complicidad omisiva del Poder Judicial que mira para otro lado”.

Y resaltó que lo que pasó durante la pandemia “fue un caso paradigmático de cómo, en materia represiva, se dio el trato cuando fueron las épocas de confinamiento, a las personas que viven en las villas y en los barrios pobres de nuestra provincia donde se les teme a la policía y a la complicidad del Poder Judicial que hace la vista gorda y las violaciones de los Derechos Humanos y los abusos policiales”.