Se encienden luces de alarma ante el abierto intento de beneficiar a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
Suteba hizo público su repudio a la decisión de los jueces de la Sala de Casación II, Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, que alegando edad avanzada y deterioro de salud, otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, quien se encuentra desde hace algunas semanas internado en una clínica de Merlo.
Si bien la decisión de la Sala II impacta en una sola causa, pudo saberse que la defensa de quien fuera director general de Investigaciones de la policía bonaerense durante la última dictadura, presentó pedidos en otros expedientes que si prosperan van a permitir que el represor se vaya a su casa cuando le den el alta.
Y, todo esto, en un contexto en el que se viene llevando a cabo una fuerte presión para que se otorgue ese beneficio a otros condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad, tales como Santiago Omar Riveros y Luis Ángel Firpo.
“Durante varias décadas, fundamentalmente desde los organismos de derechos humanos se luchó para que, como sociedad, se pudiera lograr justicia, por lo que estos intentos son un retroceso que debemos repudiar”, recalcó desde la regional La Plata, Beriso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio de la CTA, César Zubelet, quien también recordó que Etchecolatz “fue parte principal del dispositivo represivo montado en La Plata y su zona de influencia durante la última dictadura, que tuvo entre sus principales objetivos a los trabajadores, algo que debemos recodar desde la CTA”. Y advirtió que “este tipo de intentonas, siempre va a encontrar una barrera en la movilización popular que durante 2017 le dijo no al 2 por 1 de la Corte macrista”.
Al respecto también se pronunció la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que expresó su preocupación por el incremento del otorgamiento del beneficio de prisión domiciliaria y libertad condicional concedidas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Su titular Horacio Pietragalla Corti, sostuvo que existe preocupación “por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”.
Tras lo que indicó que, ante esto, “los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir”.
Y consideró que “los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad”.