El TOF 1 de San Martín condenó a perpetua a diez de los diecinueve acusados de delitos de lesa humanidad en uno de los expedientes de la megacausa de Campo de Mayo. Entre ellos está Santiago Omar Riveros, quien cumple una condena por el secuestro y la desaparición de Floreal Avellaneda. Iris Pereyra, presidenta de la Ladh, víctima de Riveros y mamá de Floreal celebró el falló y llamó a continuar la lucha.
“Las condenas contra los genocidas son fruto de las luchas de las víctimas, de los familiares y de los organismos de derechos humanos” dijo Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, luego de conocerse la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín en uno de los juicios de la “megacausa Campo de Mayo”.
Diez de los diecinueve acusados fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común y otros nueve recibieron condenas al calabozo que van desde los cuatro hasta los veintidós años. Todos los condenados son ex-miembros de las Fuerzas Armadas. Entre ellos, se destacó la prisión perpetua para Santiago Omar Riveros, quien en su carácter de jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y de jefe de la Zona de Defensa IV durante la dictadura, había sido condenado en 2009 por el secuestro, tortura, asesinato y desaparición del Negrito Floreal Avellaneda.
Los otros condenados a perpetua son Luis Sadi Pepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.
Luego de conocida la sentencia, la presidenta de la Liga manifestó que “estamos muy contentos porque cada condena a perpetua contra los genocidas es producto de décadas de luchas sin bajar los brazos”. No obstante, manifestó su malestar por algunas condenas que consideró bajas y aseveró que “los genocidas son genocidas y más allá del rol que hayan desempeñado puntualmente, son personas responsables de delitos de lesa humanidad que tienen que ser castigadas con las penas más altas contempladas en la ley”.
Al mismo tiempo aprovechó la oportunidad para reclamar “mayor celeridad” por parte del Poder Judicial a la hora de tratar los expedientes en los que se tramitan causas por delitos de lesa humanidad y consideró “inadmisible” los plazos entre juicios y juicios como así también los tiempos entre el inicio del juicio y la conclusión. En ese sentido, remarcó que “hay genocidas que están muriendo impunes o sin ser juzgados en todas las causas en las que estaban implicados, con la consiguiente injusticia para las víctimas y familiares que pierden la oportunidad de quizás conocer qué pasó con sus seres queridos”.
Sin embargo, a pesar de las dificultades y de los tiempos de la justicia —”que sin dudas hace mucho ya tendría que haber sido reformada”, dijo—, Iris Avellaneda juzgó como “muy importante para todos nosotros y, por ende, para la sociedad que podamos avanzar en los juicios y en las condenas para que nunca más volvamos a tener un genocidio en el país”.