Fue señalizada la sede policial donde fueron torturados y asesinados Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa.
“La violencia policial sigue en las calles”, advirtió la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) en el contexto del decimoctavo aniversario de la Masacre de Quilmes, hecho en el que fallecieron los adolescentes Elías Giménez, Diego Maldonado, Miguel Aranda y Manuel Figueroa cuando fue incendiada la celda de la comisaría primera de esa localidad bonaerense, en la que poco antes habían sido torturados por personal policial.
A raíz del aniversario, se llevó a cabo un acto de homenaje a las víctimas, que tuvo lugar en Plaza Hipólito Yrigoyen donde se descubrió un cartel en memoria de los jóvenes que perdieron la vida en ese hecho de violencia policial que, entre otros, contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.
Asimismo, se colocó una placa recordatoria en la fachada de la sede policial donde durante la tarde del 20 de octubre de 2004, un grupo de uniformados ingresó a las celdas donde estaban alojados diecisiete pibes a quienes torturaron. Poco después se produjo un incendio, pero los efectivos demoraron en atender la situación y recién comenzaron a sacar a los jóvenes cuando varios ya estaban quemados y asfixiados.
“Por eso seguimos insistiendo en preguntar quién nos cuida de la policía”, reflexionó la Ladh y preguntó “quiénes garantizan que la impunidad no respalde al próximo asesino”, ya que desde esa fatídica jornada de 2004 “la formación de los policías no ha cambiado y persisten los fusilamientos y torturas en las dependencias policiales”.
Por su responsabilidad en estos delitos, durante 2015 fueron juzgados y condenados el ex comisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D’Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, así como los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán. Los policías recibieron penas que van de entre tres a dieciséis años de prisión.