Lo hace la Liga Argentina por los Derechos Humanos que sostiene que quien fuera secretario de Transporte durante las presidencias Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, atraviesa una “gravísima situación”.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), hizo pública su “profunda preocupación por la gravísima situación que atraviesa el Ricardo Jaime” y señala que este organismo “evalúa la situación del mismo en términos de prisionero político”.
Al respecto, la Ladh sostiene que Jaime“lleva hasta la fecha ya casi ocho años de prisión preventiva.” Y añade que “se han rechazado múltiples pedidos de morigeración de su situación procesal” y que continúa “prisionero de la ignominiosa doctrina Irurzun”.
En este sentido, recalca que “no obstante, la patética ilegalidad de la doctrina referida, debe comprenderse que la larga estancia en prisión preventiva ya ha superado todo estándar internacional y nacional, respecto a una duración razonable del proceso” y aclara que “ningún juicio puede demorar ocho años para llegar a una sentencia eficaz” y que “la finalidad de la prisión preventiva es garantizar el acopio de pruebas sin injerencias del imputado y evitar la potencial fuga del mismo”.
Por lo que “si a esta altura del proceso no se ha podido garantizar ninguno de esos extremos, podemos concluir que el Tribunal ha expuesto su inutilidad para llevar dirigir hacia su lógica conclusión la causa y cerrarla adecuadamente”.
También destaca que “no ignoramos que este Tribunal es el mismo que mantiene perviviente causas que ofenden a la razón jurídica -como la de los cuadernos-, instruida en base a fotocopias, siendo esa el mascarón de proa del lawfare y Jaime una víctima del mismo sistema” y que, “como si las arbitrariedades expuestas fuesen pocas, la situación anímica y de salud de Jaime viene agravándose con impactos de gran trascendencia para cualquier ser humano: la muerte de su madre -a quién el Tribunal le impidió que la despidiera-, autorizándolo a asistir al sepelio, la emergencia de un carcinoma a la altura de la sienque aún no tiene tratamiento y se desconoce su gravedad, la situación de detención en lejanía respecto del grupo de pertenencia, el lugar de detención fijado es lejano a su domicilio real que es Córdobacon lo que se vulnera el derecho a tener contacto familiar frecuentey una pertinaz depresión provocada por las conductas abusivas del Tribunal”.
Por todo esto “se ha requerido indecible cantidad de veces que se otorgue al mismo morigeraciones de la situación de detención, apareciendo el Tribunal inaccesible a cualquier escucha en este sentido”, recuerda la Ladh y resalta que “todos estos elementos en conjunto e individualmente, constituyen tortura conforme el derecho de las personas privadas de libertad y la convención correspondiente; unido a los fallos limitativos de la prisión preventiva emitidos por Corte Interamericana de Derechos Humanos y que nos obligan a todos”.
Así las cosas, “la situación de esta persona, es la de alguien sometido a torturas bajo una apariencia de legalidad y en procesos verdaderamente amañados. Con una situación de detención violenta, obscena e ilegal es que entendemos que lo que hoy debe visibilizarse es la situación de la víctima. Pero no por ello debe dejar de observarse que existe una inconducta del Tribunal que lo ha alejado de cualquier posibilidad de arribar a un desenlace justo del proceso en pos de legitimar toda la arbitrariedad que ha atravesado la causa y antes referida. El Tribunal debe ser apartado de esta causa. Pero también debe exigírsele que responda por sus actos y conforme a sus responsabilidades ante el derecho y la sociedad, mediante el justo jury de enjuiciamiento”.