El organismo de Derechos Humanos, señaló que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo no son imparciales y traccionan hacia una vía muerta la investigación sobre el atentado contra Cristina Fernández.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), alertó sobre “las malas costumbres del Poder Judicial que hoy tiene a la democracia totalmente maniatada” y, en este sentido, hizo pública su “profunda preocupación por la ya innegable parcialidad de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rivolo”, a la hora de investigar y juzgar “a los responsables inmediatos y mediatos del atentado que sufrió la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.
Y, al respecto, también denunció “que la correa imperialista que tira de los cuellos de los magistrados, deja en evidencia una falta total de perspectiva soberana respecto de los fallos y formas de labrar la ‘justicia’”, en este caso puntual, respecto “del intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta, cuya investigación está siendo totalmente manipulada para garantizar la impunidad de quienes fueron autores materiales e intelectuales del intento de asesinato”.
Asimismo, la Ladh recalca que un ejemplo que habla con claridad sobre “la inacción judicial en este caso de enorme trascendencia institucional”, es la constante maniobra de “descarte de prueba fundamental y la desaprensión en la protección y cuidado de las mismas, por parte de las autoridades judiciales, sumado a la negativa en profundizar el origen de los fondos que financiaron el intento de magnicidio, así como la falta de respuesta a las denuncias efectuadas por parte de la querella, referidas a los obstáculos y trabas que encuentra para obtener satisfacción a sus planteos de una investigación eficaz en procura de conocer a los instigadores, autores materiales y cómplices del intento de magnicidio”.
Y recordó la forma en que el juzgado a cargo de Capuchetti hizo todo lo posible para impedir que Ivana Bohdziewicz hiciera constar en la causa que su teléfono móvil fue borrado en una oficina que pertenecería a Patricia Bullrich.
Cabe recordar que Ivana Bohdziewicz era colaboradora de Gerardo Milman, con quien estuvo en el bar Casablanca cuando dos días antes del atentado contra Cristina Fernández, el diputado señaló “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.
Al hacer su tercera declaración judicial en el contexto de esta causa, Bohdziewicz reconoció que no vació el contenido de su teléfono por propia voluntad, sino a instancias de colaboradores de Milman que la llevaron a las oficinas de Patricia Bullrich, donde un perito trabajó varias horas para borrar lo que había almacenado en el aparato que podría. Por su parte, el abogado que representa a Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, advirtió que la ex asesora de Milman sufrió amenazas telefónicas por las que se la intentó intimidar para que no hiciera la presentación judicial.
“En estos días, asistimos atónitos al escándalo suscitado por las declaraciones de Ivana Bohdziewicz, quien reveló que un experto en informática borró durante cuatro horas en las oficinas de la precandidata a la Presidencia de la Nación, Patricia Bullrich, los registros de su teléfono celular, así como el de otra asesora y el del propio diputado Milman”, señaló la Ladh.
Tras lo que hizo hincapié en que “esa declaración nos hace presumir, cuanto menos, la existencia de una asociación ilícita dirigida a obstaculizar la investigación de tan grave hecho, en el que aparece involucrada una de las figuras prominentes del PRO, como lo es Patricia Bullrich”, por lo que “ante la gravedad de los dichos de la testigo señalada, reclamamos a los magistrados intervinientes que actúen con la prontitud y diligencia que el caso requiere, para despejar las dudas que existen acerca de su labor jurisdiccional y evitar de ese modo toda sospecha o reproche a esa tarea”.