Diputadas y diputados en contra del aborto hicieron un pedido de informe por compras de misoprostol que hizo el Estado.
El reclamo, presentado por diputadas y diputados anti derechos fue planteado luego de que el ministerio de Salud confirmara que el acceso a anticonceptivos y a la ILE (Interrupción legal del embarazo) son servicios esenciales.
En este sentido, exigieron que el ministerio explique “las compras y contrataciones” de misoprostol “en el marco de considerar a la ‘interrupción legal del embarazo’ como un servicio esencial” durante la pandemia de la covid-19.
El proyecto fue presentado por la legisladora Dina Rezinovsky, del Pro, y acompañado por más de una decena de representantes del mismo sector, y muchos de los cuales sostienen como parte fundamental de su agenda en el Congreso bloquear la legalización de la ILE.
En su presentación, la legisladora solicita “las explicaciones pertinentes respecto a la decisión del gobierno nacional de garantizar la práctica abortiva como un ‘servicio esencial’ durante la pandemia atento a que la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que los países deben identificar los servicios esenciales que se priorizarán”.
Entre las firmas que avalan la presentación, se encuentran las de Pablo Torello (recordado por su afirmación de que las feministas “son incogibles” y las presuntas explicaciones posteriores), Victoria Morales Gorleri (que supo ser funcionaria de Carolina Stanley en el ministerio de Desarrollo y durante una década fungió de secretaria vicaria episcopal), David Schlereth (pastor bautista y activista de la movida frustrada para convertir en ícono antiderechos al ginecólogo condenado Leandro Rodríguez Lastra) y la radical Estela Regidor (que en 2018 comparó a mujeres con embarazos no deseados con perritas embarazadas ).
Los antiderechos, aseguraron que las personas gestantes “están siendo olvidadas por nuestro sistema sanitario: no se les conceden turnos, no pueden realizarse los chequeos esenciales del embarazo y no reciben la atención prioritaria para el cuidado de los recién nacidos y los controles post-parto”.
Por eso, dice el pedido de informes, “se torna imperiosa la necesidad de poner en conocimiento el gasto realizado en los comprimidos de Misoprostol , máxime en el contexto de emergencia sanitaria nacional que estamos viviendo en el que las mujeres embarazadas no están siendo atendidas ni garantizadas de los controles pre y post natales”. Argumenta esa afirmación una nota de un diario cordobés de principios de abril, en la que el secretario de Salud municipal detalló que en los centros municipales de la capital de Córdoba no se hacen controles a embarazadas.
En este sentido, Rebeca Barberan, Secretaria de Género de la FJC, aseveró que “no es sorprendente”. “Estas organizaciones no descansan en la persecución que tienen en sobre los derechos de las mujeres y las identidades con capacidad de gestar”, señaló.
A su vez, reflexionó en que “entendemos el derecho al aborto como un derecho humano y el análisis que hacemos nosotras es que esta cuestiones no sean corridas del espacio público, porque seguimos apelando al sentido común y tenemos que seguir visibilizando estas cuestiones”.
“Así como están ocurriendo un montón de cosas graves en la Argentina como la pandemia, femicidios etc. Lo mismo pasa con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, remarcó Barberan. Por lo que fue clara cuando dijo que “el estado tiene que garantizar estos derechos”.
Para finalizar, expresó que “la ley ya debe ser un hecho”, a lo que agregó que “entendemos que por todo este contexto se haya pospuesto un poco la difusión de la misma, pero lo seguimos militando y lo ponemos en el marco de la visibilidad pública”.