La Ciudad de Buenos Aires dispone del presupuesto más alto per cápita en la Argentina, y uno de los más elevados en América Latina, y para diseñarlo cuenta con capacidad de recaudación propia. Para su funcionamiento, no depende de transferencias asignadas por el presupuesto de nación para ejecutar determinados programas federales. La escritora Ana María Ramb, nos entrega una mirada crítica de la gestión de Cambiemos.
La Constitución que rige CABA reconoce los derechos económicos, sociales y culturales de sus habitantes y de sus grupos comunitarios para vivir una existencia digna y libre, con los esenciales valores que la sustentan: derecho a la educación, a la vivienda, al trabajo, la salud, la alimentación y la seguridad social. Para ese desenvolvimiento, y con los recursos que provienen del impuesto sobre los Ingresos Brutos, las contribuciones sobre inmuebles y prestaciones de servicios (ABL) y Patentes de Vehículos, se construye ese presupuesto.
Queda entendido que asegurar tales derechos es tarea prioritaria del Estado capitalino, y que áreas como la de vivienda, salud y educación sean las que estén en primer plano en la asignación de recursos para el presupuesto de cada ejercicio.
No ocurre así con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, que gobierna la ciudad desde 2007, cuando secundó a Mauricio Macri en el Poder Ejecutivo de la Ciudad. Jefe nominal de ese poder, en la práctica M. Macri delegó en Rodríguez Larreta las tareas de gobierno, reservándose, eso sí, las grandes decisiones en materia de economía. Durante ocho años, reelección por medio, el tándem funcionó en forma armónica. En 2015 ascendió R. Larreta a Jefe de Gobierno, en tanto Macri se consagraba Presidente de la Argentina mediante elecciones democráticas, contando con un fuerte apoyo de los medios periodísticos corporativos, las más poderosas empresas y las sibilinas maniobras de la Embajada de los EEUU.
Se puede afirmar que hace doce años los más elementales derechos del habitante de la Ciudad son precariamente atendidos, y hasta postergados, sobre todo en las capas menos favorecidas e, incluso, castigadas. Mientras los presupuestos destinados a Salud y Educación eran recortados, los asignados a publicidad subían exponencialmente.
Lo se puede maquillar la tragedia
Ya como Jefe Titular de CABA, Larreta debuta aumentando un 10,7%más de lo asignado en el ejercicio anterior al Ministerio de Ambiente y Espacio Público: $3.631.179.993. En cambio, el Ministerio de Educación (que tiene asignados $ 1.219.001.903) y el de Salud, $ 873.712.999). Cierto es que el Ministerio de Ambiente y Espacio Público puede requerir obras auténticamente necesarias, pero ha sido particularmente favorecida, en desmedro de Educación, Salud y de la Unidad de Gestión e Intervención Social, que viene postergando la urbanización de villas de emergencia (una emergencia que ya es endémica) y asentamientos, donde vive casi el 10% de la población capitalina. Como contraste, se observa la aplicación de grandes sumas a gastos no prioritarios.
La secretaría de Vías Peatonales ha sido privilegiada, no sólo con la prolongación de metrobús, sino con cambios de baldosas en las mismas aceras varias veces al año, y sin que la reposición de baldosas obedeciera a roturas realizadas por servicios públicos de electricidad, gas o agua corriente.
Larreta asigna a Mantenimiento interno del Microcentro una partida que es más del doble de las obras presupuestadas para la Unidad de Gestión e Intervención Social que corresponde a villas y asentamientos. Y si salimos de estas unidades territoriales históricamente relegadas, y que reclaman servicios tan básicos como agua corriente, energía eléctrica y cloacas, en 2015, señalemos que apenas asumió como jefe, Larreta destinó una partida de $35.000.000 para Barrios de Buenos Aires, en la que asignaba a Puerto Madero $30.000.000 y a las Cañitas $5.000.000. Quedaban 20 millones para el resto. Menor es la suma que se asignaba a los trabajos presupuestados del Instituto de Vivienda de la Ciudad para realizar en Villa 3, que sumaban solo $ 935.00. Cuestión de clase, ¿no?
Regalo de Navidad: una partida de $8.000.000 asignada a la decoración navideña del Microcentro. Para ver la magnitud de este gasto, podemos compararlo con las obras de Reconstrucción integral de Hospital Ramos Mejía: $ 6.390.000. Otra nota de color: en 2018, en el verano inaugurado por la Ciudad, el gobierno instaló una piscina pintada en el concreto. El dibujo fie muy cuestionado, y en Twitter abundaron los memes.
En los últimos años, además de la insistente reposición de baldosas sanas, en la Ciudad aparecieron voluminosos macetones que dificultan el paso de los peatones. El precio de cada uno era ni es módico. Los primeros costaron $ 15.000. Un gasto totalmente innecesario. El Gobierno porteño destinó 9 millones de pesos a la adquisición de esas moles, y 43 millones para su cuidado y mantenimiento.
En 2020, la pandemia del corona virus hizo visible el criminal abandono en que están las villas porteñas. El gobierno de Larreta interrumpió las obras que en Retiro conectaban la Villa 31, llamada Barrio Carlos Mujica, con la cañería distribuidora de agua corriente construida por Aguas Argentinas, en el momento en que el Gobierno Nacional ordenaba a la ciudadanía el aislamiento domiciliario y multiplicar normas de higiene. En los hogares de esa villa no había cómo cocinar, lavarse las manos, cómo higienizar a niños y adultos. Sus habitantes no fueron asistidos con camiones cisterna que alimentaran los vacíos tanques de agua. Tampoco lo hizo Aguas Argentinas. Hasta que la noticia estalló. El Covid 19 se cobró la vida de una anciana, de Ramona Mediana, de 42 años y jefa de familia, referente barrial, comunicadora de la revista La Garganta Poderosa, y quien días antes había reclamado con voz vibrante la asistencia del Estado capitalino en la provisión de agua. En un video difundido por redes sociales, Ramona interpeló directamente el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, quien se encargó de dar entrevistas en radios y canales de televisión para asegurar que el problema de la falta de agua estaba solucionado. Pocos días después fallecían Víctor Giracoy, de casi 60 años, que coordinaba el comedor Estrella de Belén, y Agustín Navarro, de 57 años, referente de Barrios de Pie y coordinador de un merendero en la misma villa.
La gentrificación y el negocio inmobiliario
La falta de políticas públicas en la Ciudad de Buenos Aires se traduce en abandono y olvido. Y tiene que ver con un proceso mediante el cual la población estable y creciente de un barrio o asentamiento (villa, favela, bantustán, cantegril o shanty town, porque en los EEUU también hay villas), siempre netamente populares y de población con empleos inestables e informales, es progresivamente desplazada por otra de un nivel adquisitivo mayor. Sus empobrecidos habitantes son desplazados por gente de estatus económico superior, mientras la demanda inmobiliaria se internacionaliza. No es un fenómeno local, sino que se imbrica con flujos globales, con papel destacado de los fondos de inversión, y es cada vez menos un proceso espontáneo, que podría tener otro nombre: expulsión. Ese proceso tiene un nombre: gentrificación. Se calcula que esta población es de unos 275 mil a 300 mil personas, de la franja etaria más joven de la Ciudad; ya dijimos que sería un 10% de sus habitantes.
Rodríguez Larreta se inscribió cómodamente en este proceso y aprovecha para gestionar la ciudad como si fuera una empresa inmobiliaria. Recibió graciosamente de la presidencia de Macri terrenos muy valiosos, que se propone enajenar para construir torres que se burlan del código de construcción urbano, argucia que no es nueva en los últimos doce años en la Capital.
No le cuesta mucho que la Legislatura de CABA acompañe estos emprendimientos. No extraña entonces la falta de políticas públicas que atiendan de manera concreta la realidad de estos barrios populares mediante la articulación de políticas sanitarias con políticas habitacionales.
Un cheque en blanco
En mayo de 2020, Rodríguez Larreta consiguió que se aprobara la Ley de Emergencia Económica que envió a la Legislatura porteña y que le da amplias facultades para reasignar partidas, congelar programas y la planta de personal en función de la pandemia. Consagrada con mayoría del PRO, esta ley permite al Poder Ejecutivo de CABA reasignar partidas, congelar programas y la planta de personal en función de la pandemia. Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre. Una surte de "cheque en blanco.
Mientras el gobierno del PRO en la Ciudad cuenta con una discrecionalidad absoluta para destinar los recursos públicos a cualquier finalidad que prefiera en una determinada coyuntura, existen derechos básicos totalmente insatisfechos. Contar con recursos disponibles y decidir no utilizarlos para cumplir con una garantía mínima de derechos fundamentales supone un apartamiento de los deberes constitucionales que los Estados asumieron.
Salud
Recordemos que la resistencia de los trabajadores del área, acompañados por partidos políticos (entre ellos, el Partido Comunista) y organizaciones sociales, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del PRO tuvo que dar marcha atrás con el decreto por el cual impulsaba el desarrollo del proyecto "Complejo Hospitalario Sur", que integraba en un solo hospital los siguientes: Hospital de Infecciosas "F. Muñiz", Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", el Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie" y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, en el predio del Hospital Muñiz. ¿Qué sería del servicio de salud en la Ciudad si se hubiera cumplido esa intención? Huelgan las palabras.
Entre tanto, los cuatro hospitales neuropsiquiátricos de la Ciudad se hallan en un panorama de desidia y abandono. Sobre todo, desde que no se pudo concretar la enajenación de sus predios, gracias a la lucha de organizaciones gremiales, populares y de los trabajadores que asisten a los enfermos internados. La reciente muerte de un interno bajo las fauces de una jauría de perros es cruel demostración de la indolencia con la que se aborda esta asistencia.
En los hospitales falta de todo, incluso testeos y protocolos para proteger al personal esencial. Ni hablar de los salarios de hambre que reciben las y los trabajadores. Las y los que están en primera línea enfrentan una enorme precarización que pone en peligro su salud y sus vidas. El gobierno de la Ciudad prefiere contratar empresas tercerizadas para servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia, para así explotar jóvenes que no emplean en la planta permanente del Estado. De este modo, no tienen condiciones dignas de trabajo y mínimos derechos laborales. Informan los trabajadores la falta de todo, incluso de testeos y protocolos para proteger al personal esencial. Ni hablar de los salarios de hambre que reciben las y los trabajadores. Las y los que están en primera línea enfrentan una enorme precarización que pone en peligro su salud y sus vidas. Frente a los abusos y ante la intención de dividir a los trabajadores entre planta y tercerizados, las comisiones de seguridad e higiene impulsadas desde los propios trabajadores y trabajadoras hacen oír sus reclamos. Esta semana hubo un abrazo al Hospital Rivadavia, por parte de trabajadoras y trabajadores de la salud.
La espantosa muerte de un paciente interno en el Hospital Neuropsiquiátrico Borda bajo las fauces de una jauría de perros vagabundos que han invadido el predio de la institución ocupó poco y ningún lugar en medios periodísticos
Los rondines que se encargan de la controlar la seguridad en sus alrededores fueron confiados a empresas terciarizadas que cumplen su cometido en forma precaria porque dan salarios a la baja para su escaso personal.
En cuanto a los equipamientos durante la actual pandemia, hubo una compra de barbijos a un sobreprecio escandaloso: el Gobierno adquirió una partida a $ 3000 cada uno, cuando el precio promedio en plaza era de $300. Se comprobó que estaban vencidos. Se los compraron a empresas familiares de funcionarios de CABA.
Educación
Desde 2015, cuando Larreta asumió su primer mandato, habla siempre de 54 escuelas y 9 mil vacantes. Son las mismas escuelas, las mismas vacantes y nunca las inaugura. Hay fallo judicial que reconoce que esas 54 escuelas no existen. Ni hablar de la falta de atención a las estructuras decaídas y con urgente necesidad de arreglos. Larreta quiso dedicar un terreno en Balvanera, entre avenida Belgrano e Hipólito Yrigoyen a la construcción de un estadio. La lucha de sindicatos docentes y la comunidad educativa lo impidió. Pero sigue en pie el problema de la desinversión. El gobierno del PRO EN LA Ciudad bajó ocho puntos el presupuesto destinado a Educación, que era de un 25%, y ahora de 17%, y cuya ejecución es problemática. Dijimos ya que la asignación de recursos responde a decisiones de gestión que privilegian algunas aéreas en detrimento de otras. Por ejemplo, publicidad oficial en desmedro de Educación.
Al cabo de una visita a Helsinki, Finlandia, regresó con el proyecto de creación de la Universidad para la Formación Docente de CABA, para lo que cerraría los Institutos Superiores de Formación Docente, cuyo nivel de formación pedagógica es reconocido, con una retención de nivel de matrícula superior a la que alcanzan las más importantes universidades argentinas. La lucha de docentes, estudiantes, sindicatos y comunidad educativa lo frenó.
El problema de falta de miles de vacantes para niños y niñas en el nivel inicial y primario los deja fuera del sistema educativo estatal. La inscripción online pone obstáculos a quienes están familiarizados con el uso de computadoras e Internet; qué decir de las familias que no tienen acceso a esa tecnología. Como esto se reitera año a año, el problema está a punto de quedar naturalizado. Lo mismo la escasez de establecimientos de nivel secundario en el sur de la Ciudad. Por ejemplo, en Mataderos y Villa Lugano.
Hay mucho más que decir. Hay camaradas y organizaciones del Partido que saben mucho sobre Educación en CABA, porque hace años están militando activamente en ese campo. Habría que volver a consultarlos, porque viene dando muy valiosa información.
“hay un niño en la calle…”
Parafraseando la hermosa y tan doliente canción de Armando Tejada Gómez, decimos que hay familias enteras en situación de calle, unas siete mil personas (hay quienes estiman que son diez mil). Décadas atrás, se trataba de adultos solitarios, varones en su mayoría, que por distantes razones habían sido expulsados del sistema. Hoy por hoy, el sistema expulsa a familias proletarias. Algunas, son enviadas a albergues, no sin antes separarlas. El padre por un lado, y la madre y los hijos a otro. Y la madre que es única jefe de familia, si tiene hijos varones de diez años, son separados de su mamá y hermanos y enviados solo a un albergue para hombres adultos. (El albergue del barrio de Retiro fue cerrado por registrar contagios en la actual pandemia). Las condiciones de higiene son precarias. Existe, aún en pleno invierno, de abandonar el albergue a las siete de la mañana para volver a la calle en momentos en que suelen registrarse las temperaturas más bajas de cada jornada.
Es necesario, y en lo inmediato, abrir más albergues para grupos familiares, y trabajar en la resocialización y reinclusión. Estas decisiones, articuladas con una política integral de Estado para que no queden niños, niñas, familias y adultes en la calle.
Larreta, hoja de vida
El 9 de diciembre de 2015 asumió como jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 fue reelecto en el cargo para un nuevo periodo. Entre otros cargos públicos, fue gerente general de la ANSES, interventor del PAMI y diputado nacional. Fundó el Grupo Sophia para formar líderes políticos y desde ese centro acompañó a Mauricio Macri en la creación del partido Propuesta Republicana (PRO), que desde 2007 ganó las elecciones ejecutivas de la Ciudad de Buenos Aires, y las elecciones presidenciales de 2015.
Pocos recuerdan que el Dr. René Favaloro, reconocido internacionalmente por realizar el primer bypass cardíaco en el mundo, se quitó la vida, dejando siete cartas cuyo contenido se reveló parcialmente. En una de ellas, dirigida a las "autoridades competentes”, dejaba en claro que había decidido suicidarse, y explicaba que la crisis económica que atravesaba la Fundación Favaloro había sido el desencadenante de su determinación. El fiscal que intervino en la causa, Claudio Soca, precisó que el médico mencionado las deudas millonarias que mantenían con su fundación numerosas obras sociales, entre ellas, el PAMI. Entonces estaba en calidad de interventor Horacio Rodríguez Larreta, y María Eugenia Vidal era su asesora.
En ese momento, Rodríguez Larreta se escudó manifestando que la obra social no tenía "una deuda verificada" con la Fundación Favaloro pero reconoció la existencia de un "viejo reclamo” millonario de facturas fechadas entre el año 1993 y 1995, "que no figuraban en los libros contables" del PAMI. En un fragmento de la carta mencionada, dice el Dr. Favaloro:
“Valga un solo ejemplo: el PAMI tiene una vieja deuda con nosotros (creo desde el año 94 o 95) de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían (como es lógico no a mí directamente)”. La respuesta que recibió el médico de esos dos funcionarios fue: “Vamos a ver con que le pagas ahora a tus acreedores".
Cierro este informe con el título de una vieja peli argentina: “Donde mueren las palabras”.