El oficialismo provincial rechazó la derogación de un decreto que otorga al jefe de Policía la autoridad de juzgar contravenciones ante incumplimiento de las medidas de aislamiento.
Este martes el oficialismo de Salta, encabezado por Gustavo Sáenz, volvió a rechazar la propuesta de derogación del DNU 255, que convertido en Ley 8191, mantiene un régimen en el que se sancionan conductas en contra de las medidas de Aislamiento Social y le da la potestad al jefe de la Policía de juzgarlas como contravenciones.
El proyecto de la oposición salteña, implicaba la cancelación de un decreto dictado a principios de abril, con el comienzo de la cuarentena, que pone en vigencia el Régimen Especial Sancionatorio para castigar los incumplimientos a las órdenes establecidas ante la pandemia del Coronaviru.
Asimismo, en la propuesta de derogación del DNU, se plantea la creación de cinco juzgados para entender de manera específica los temas contravencionales, para quitarle la potestad al jefe de la Policía.
Bertha Lozano, militante del Partido Comunista de Salta, recalcó que Diputados “retomó la discusión de la conformación de juzgados, con la excusa de que van a derogar aquel decreto, aprobando la formación de estos juzgados contravencionales, pero ya en 2015 se le quita el poder al jefe de Policía y se nombran jueces de garantía para llevar a cabo cuestiones contravencionales”.
A su vez, Lozano enfatizó que esa Cámara, “prende la alarma a partir de la presentación que realizó Derechos Humanos de la Nación y así se trató una idea que nos parecía correcta, pero hay que señalar que hubo complicidad en el avance de dicho Régimen”.
Un mal que se agudiza
En el contexto del Aislamiento Social, las fuerzas represivas profundizaron su ataque a los sectores más vulnerados y, amparados en el cumplimiento de medidas sanitarias, reforzaron su ataque a los más humildes.
Un ejemplo del avance policial es la salvaje represión a los pueblos originarios perpetrada la semana pasada, puntualmente a la comunidad guaraní Cheru Tumpa, de la localidad de Colonia Santa Rosa, donde al menos 18 personas resultaron heridas con balas de goma y entre uno de ellos había un bebé.
Ante lo sucedido, la secretaria del PC salteño no dudó en aseverar que “se incrementa la violencia institucional con la pandemia y todo lo que surgió a raíz del aislamiento”, algo que empeora en las comunidades indígenas “que fueron víctimas desde el día uno del gobierno de Sáenz, que aprovechó para dejar en claro cuál es su política”.
Y, al respecto, fue clara cuando advirtió que “se ha barrido con los territorios y se ha reprimido a los pobres, indígenas y trabajadores”.