En el tercer juicio por lesa humanidad en la jurisdicción de la Subzona 14, se incorporan los de índole sexual, informó la querella de la causa.
En La Pampa se juzgarán por primera vez los delitos de índole sexual cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En el marco del tercer juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción de la Subzona 14, se incorporan los de índole sexual, informó la querella representada por el abogado Franco Catalani.
Los delitos fueron perpetrados contra mujeres víctimas de la represión en los años 70 en el territorio pampeano. "Aún no tiene fecha de inicio pero sí incorporará los delitos de índole sexual, a los que fueron sometidas mujeres víctimas del terrorismo de Estado", confirmó a los medios Catalani, querellante en los dos juicios que se sustanciaron antes en la provincia, rol que además volverá a tener en el tercer proceso judicial.
El abogado también señaló que estos juicios se dan en un contexto donde “hay un sentimiento de frustración, porque vemos cómo se van liberando a los condenados por delitos de lesa humanidad, lo que visibiliza que hay una parte del poder judicial que carece de formación y conciencia sobre los derechos humanos y eso es una enorme asignatura pendiente que tiene el país”, señaló.
El juicio tiene siete imputados, entre ellos dos militares y un policía, que enfrentan por primera vez un juicio, además del exjefe de la Policía de la Pampa durante la última dictadura, Luis Baraldini, que esta vez tiene cargos de 196 víctimas.
De esta manera se incluiría una perspectiva importante ante los hechos de lesa humanidad de la última dictadura. En los dos primeros juicios de esta causa, estos delitos no fueron contemplados. “Van a ponerse en evidencia los crímenes contra la integridad sexual, es un reclamo que en este sentido va a estar presente, por los organismos de derechos humanos y por los y las militantes”, enfatizó el abogado.
No obstante, vale recalcar que este juicio lleva treinta años después de los hechos ocurridos, lo que evidencia un Poder Judicial al servicio de los poderosos, algo que en pandemia se evidenció aún más con casos en donde genocidas condenados a prisión logran una domiciliaria amparados en el covid-19.