Un joven integrante de una comunidad mapuche fue ultimado cuando una banda armada irrumpió en el predio donde se llevaba a cabo un acampe.
La Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), hizo público su repudio al ataque armado perpetrado contra integrantes de la comunidad mapuche Lof Quemquentrew, que dejó como saldo a un joven asesinado, Elías Garay, mientras que otro se encuentra gravemente herido.
Todo ocurrió ayer en la localidad rionegrina de El Bolsón, más precisamente en el predio de Cuesta del Ternero, a alrededor de ochenta kilómetros de Bariloche, un territorio que esa comunidad mapuche reclama como ancestral, por lo que sostiene un asentamiento desde hace varios meses.
Como se recordará, la zona de El Bolsón es una de las elegidas para la escalada de agresiones que un sector de la derecha política y buena parte de los conglomerados massmediáticos, vienen perpetrando en su afán de construir un enemigo interno, personificado en comunidades mapuches.
“Encapuchados armados intentaron secuestrar al intendente de El Bolsón. El nivel de impunidad del RAM en el sur es producto de un gobierno que no distingue entre la legalidad y el delito. No podemos aceptar vivir bajo el sometimiento y la violencia”, tuiteaba en febrero de este año Patricia Bullrich, una de las protagonistas más activas de esta campaña que, así, propalaba una mentira como tantas otras.
Dos meses más tarde, cerca de ahí, Bullrich encabezaba el “Congreso por la Paz, la Justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia”, en el que anunció la creación de un “movimiento nacional antitomas”, rodeada por personajes como Florencia Arietto, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Pablo Torello, así como por referentes y legisladores de su partido en la Patagonia.
Ese encuentro cuyo mensaje nada tuvo de pacífico, se llevó a cabo en Villa Mascardi, localidad donde en noviembre de 2017, agentes del Grupo Albatros de Prefectura que respondían a Bullrich -que por entonces era ministra de Seguridad- asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel.
Ayer, a cinco días de un nuevo aniversario de ese crimen, fue ultimado otro miembro de la comunidad mapuche, en un episodio en el que dos individuos armados y vestidos de civil ingresaron al predio de Cuesta del Ternero ¿Tendrá algo que ver esto con el “movimiento nacional antitomas” que de forma entusiasta auspicia buena parte de la dirigencia nacional del PRO?
Cabe recordar que el acampe que tiene lugar en el predio llamado Tapera de los Álamos, ubicado en el Cuesta del Ternero, fue cercado por personal policial que, entre otras cosas, impidió el ingreso de suministros a quienes ahí se encontraban.
Hace un mes, desde esa comunidad se denunciaba públicamente que estaban siendo hostigados por personal policial “y un empresario de apellido Rocco quien se dedica a la especulación forestal y se dice ‘propietario’ de estás tierras”, pero también que “se ha desatado una violenta campaña a través de medios de desinformación”.
Ante esto diversas organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas la Ladh, vienen manifestando su preocupación por la situación de las personas involucradas, al tiempo que la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), emitió un informe en el que se pide al Estado argentino información sobre las condiciones en que se encuentran los integrantes de la comunidad, mientras que el Poder Judicial de Río Negro hizo lugar a un habeas corpus preventivo.
Todo esto también tiene lugar en un contexto en el que la semana pasada el Gobierno Nacional prorrogó por decreto la Ley 26.160 que, entre otros puntos, ordena el relevamiento territorial de las comunidades indígenas, al tiempo que suspende los actos administrativos y judiciales de desalojo de las que ya existen en el país.
Vale citar que esta norma vencía mañana 23 de noviembre y su prórroga estaba a consideración del Congreso que exhibió escasa vocación para debatirla, pese a que frente a su fachada estaban acampando representantes de diversas comunidades que reclamaban que continúe vigente la 26.160.
La Ley 26.160 fue sancionada a fines de 2006 y en consonancia con lo que ordena la Constitución Nacional reformada y sancionada en 1994, debe dar respuesta favorable a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas dentro de los cuatro años siguientes.
Ante las demoras que se verifican para cumplir con este mandato, la norma debió ser prorrogada por medio de leyes que votó el Congreso en 2009, 2013, 2017 y, ahora, lo fue por un Decreto.
Si bien hay provincias en las que se avanzó bastante en su implementación, en otros casos la cosas viene muy retrasada como en Río Negro donde actores como el lobby inmobiliario que codicia los predios que ancestralmente ocupan estas comunidades, son claves para comprender el por qué de la demora.