Pese a los reclamos, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura sigue sin funcionar en Salta, pese a que pasaron más de tres años desde la sanción de la Ley que lo creó.
“Esto no puede dilatarse más”, recalcó la militante del PC de Salta e integrante de la Lahd, Bertha Lozano, al referirse a la demora de la puesta en marcha del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que, tras haberse creado por una ley sancionada en 2017, sigue siendo retrasado por el gobierno salteño que preside Gustavo Sáenz.
Vale citar que durante 2020 se completaron las designaciones de los miembros de este organismo que faltaban, y que se lo hizo mediante concurso público. Se eligió al representante de la Cámara de Diputados, mientras que el Senado nombró a un representante interino.
Después se le asignó un presupuesto, pero a más de tres años de la sanción de la Ley 8024 que establece su creación, el organismo sigue sin funcionar.
La ley fue sancionada en julio de 2017 y reglamentada en 2018. En 2019 se concursaron dos cargos para elegir a los representantes por los organismos de derechos humanos: la especialista en archivología y militante social Cristina Cobos y el abogado Rodrigo Solá.
Por el Ejecutivo se designó al abogado Ricardo Nioi, ex director provincial de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. El año pasado se nombró a Ramón Corregidor como representante de la Cámara de Diputados y a Marcelo Robles de forma provisoria por Senadores.
Así las cosas, Bertha Lozano hizo hincapié con que “desde que se sancionó la ley, el gobierno de Sáenz ya no sabe qué hacer para no oficializarla”, tras lo que recordó que “se tomaron su tiempo para llamar a concurso y ahora solo apuntaron a dilatar el proyecto”.
Y, en este sentido, no dudó en aseverar que, el de Salta, “es un gobierno negacionista, por eso quiere tapar la tortura, represión y violencia institucional”, al tiempo advirtió que “durante los últimos meses ha crecido exponencialmente el número denuncias por abuso de autoridad e las fuerzas policiales”.