La justicia federal sobreseyó por “inexistencia de delito” a Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios en la causa que impulsó Nisman luego de la firma del Memorándum con Irán. La causa expone como pocas el estado de situación del Poder Judicial. El Estado destina una enorme cantidad de recursos económicos y humanos para sostener un poder que, además de estar emparentado con los grandes grupos económicos, no brinda un buen servicio de justicia a los ciudadanos.
En un fallo dado a conocer en las últimas horas de ayer jueves 7 de octubre, el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) de Comodoro Py, integrado por los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michelini, sobreseyó “por inexistencia de delito” a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al resto de los imputados -entre ellos Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche- en la causa por “traición a la patria” que impulsó el fallecido fiscal Alberto Nisman tras la firma del Memorándum con Irán.
Además, el tribunal hizo mención al “buen nombre y honor” del ex canciller, Héctor Timerman, que murió luego de que se le impidiera, en el marco de la causa, acceder en el exterior al tratamiento recomendado por sus médicos de cabecera.
El fallo del Tribunal indicó que “más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político” el Memorándum con Irán “no constituyó delito”. Asimismo, los magistrados indicaron explícitamente que en el contexto de esta causa las visitas a la Quinta de Olivos durante la Presidencia de Macri de los jueces Hornos y Borinsky afectaron la imparcialidad e independencia del proceso judicial.
De esta manera la causa tiene su primer fallo, seis años después de su comienzo. Ahora, dado el carácter político del expediente, resta esperar las apelaciones que seguro se presentarán y que no harán más que dilatar el proceso que, tarde o temprano, llegará a la Corte.
Sin embargo, el proceso todavía abierto invita a realizar algunas reflexiones generales sobre la significación del expediente. Inverosímil desde un punto de vista jurídico, viable políticamente como estrategia de desgaste y persecución política contra la actual vicepresidenta y contra dirigentes político-sociales emparentados con el kirchnerismo, el expediente es un claro exponente de la ineficacia del Poder Judicial que a diario consume una enorme cantidad de recursos económicos y humanos en causas que no deberían ni haber comenzado.
Este último punto no resulta menor a la hora de considerar la calidad del servicio de justicia que se brinda en este país a los ciudadanos. Día a día miles de trabajadores judiciales se enfrentan al desafío de mantener en movimiento una justicia que, cierto es, se encuentra colapsada por todos lados y cuyo colapso hay que buscar no solo en la falta de presupuesto -que podría ser muchísimo más cuantioso si, por ejemplo, los magistrados pagaran el impuesto a las ganancias-, sino también en las miles de causas diarias que se inician para dirimir diferendos cuya resolución podría encararse mediante la creación de instancias intermedias de arbitraje.
Todo esto se traduce en un pésimo servicio de justicia que afecta directamente a la calidad de vida de las personas, en su mayoría claro está, trabajadores. Mientras se destinan valiosísimos y considerables recursos en el tratamiento de expedientes inverosímiles como el de la causa por el Memorándum con Irán, la experiencia de un trabajador que tiene que afrontar una demanda contra la patronal en el fuero laboral puede extenderse durante años.
Lo mismo sucede en otros fueros, como el penal, donde presuntos responsables de delitos y víctimas sufren, en distintos planos, los maltratos propios de una burocracia judicial que por su lentitud en muchos casos termina impidiendo el acceso a la justicia, violando de esta manera un derecho humano elemental.
¿Reforma o rediseño?
Resulta claro, entonces, que el Poder Judicial en Argentina, más que reformado, debe ser rediseñado integralmente. La diferencia no es una cuestión de sutilezas, sino de fondo.
Cierto es que la propuesta de refundar por completo el Poder Judicial mediante una reforma constitucional puede ser desestimada por “utópica” dada la situación política del país, marcada por el empate hegemónico que traba el curso nacional desde hace décadas y que desde el 2001 a esta parte se constituyó en torno a dos opciones, una de derecha y otra de centro.
Sin embargo, por más impracticable que resulte a priori en el corto plazo, esta propuesta debe ser formulada, por lo menos con la intención de descentrar el eje de disputa que tiende cada vez más hacia la estabilidad de las dos vías en pugna.
Un dato no menor a tener en cuenta es el altísimo desprestigió que envuelve al Poder Judicial. La experiencia concreta de muchísimos trabajadores e integrantes de sus círculos más cercanos tiene en su sedimento la prueba vívida de las complicaciones que implican cualquier tipo de acceso a la justicia.
Mientras tanto, el conjunto de la sociedad debe observar las disputas palaciegas entre los miembros de la Corte Suprema, que en los últimos días derivaron en la renuncia de una de sus integrantes más veteranas y reconocidas, la ministra Elena Highton de Nolasco.
Ahora, el máximo tribunal del país quedó conformado por Rosatti, Ronsenkratz, Maqueda y Lorenzetti, todos ellos cuestionados por diversos motivos que se han desarrollado ampliamente en Nuestra Propuesta Diario (Ver Macri a indagatoria y La Corte en la picota”).
Una de las cuestiones más apremiantes que en este marco deben afrontar tanto la Corte como el ministro de Justicia Martín Soria radica -además de la cuestión sobre el funcionamiento del tribunal supremo- en el conflicto político y judicial que se abre con la ley sancionada por la legislatura porteña, y promovida por Macri y Larreta, que otorga al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires la potestad de revisar fallos de la justicia nacional.
“La Corte Suprema de Justicia tiene la llave para fijar un criterio definitivo sobre esta cuestión, que garantice la plena vigencia y supremacía de la Constitución Nacional” dijo Soria al respecto.
Mientras tanto, el miércoles último decenas de sindicatos, asociaciones de abogados y legisladores se manifestaron en las puertas del TSJ en contra de la ley que pretende, al fin de cuentas, garantizar la impunidad de Macri y su familia en causas como Socma y Correo Argentino.
De todo esto, se entiende como el Estado destina una enorme cantidad de recursos económicos y humanos para sostener un poder que, además de estar emparentado con los grandes grupos económicos, no brinda un buen servicio de justicia a los ciudadanos.