Ayer se difundió una solicitada a seis años de la detención de Milagro Sala, cuyo caso se constituyó “en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar dirigentes políticos, sociales y sindicales”.
“Con presos políticos no hay democracia plena”, advierte la solicitada difundida ayer domingo, a seis años de la detención de Milagro Sala que, entre otros, firmaron referentes de organismos de Derechos Humanos, de la actividad cultural, de partidos políticos y organizaciones sociales, así como integrantes del Gabinete de la Nación y gobernadores.
La líder de la Tupac Amaru, fue detenida cuando participaba de un acampe en la ciudad de San Salvador, que se había realizado para protestar contra medidas que afectaban a la tarea de los movimientos sociales, que acababa de tomar el por entonces flamante gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Un año más tarde fue condenada a tres años de prisión en suspenso, en un juicio en el que se la acusó de ser la instigadora de la comisión de “daños agravados”, durante un escrache que se le había hecho a Morales en el que ni siquiera había estado.
También en esos días la llevaron a juicio por el acampe y la condenaron, entre otras cosas, a tres años de inhabilitación para integrar organizaciones. Pero este proceso se declaró nulo el 2 de junio de 2017.
Estos hechos son apenas una parte de la persecución política y judicial que sufre Milagro Sala, a lo que se suma una feroz campaña que oportunamente se desató en su contra desde los principales conglomerados massmediáticos.
Y, en todo esto, el Poder Judicial de Jujuy es una pieza clave: a poco de asumir Morales, el 17 de diciembre de 2015, impulsó en la Legislatura una reforma judicial que llevó la conformación del Superior Tribunal de Justicia a nueve integrantes. Significativamente, parte de los que sumaron al cuerpo, hasta el día anterior eran legisladores que votaron favorablemente la reforma.
Como se ve, una mano lava a la otra y, entre las dos, metieron presa la Milagro Sala y desataron un esquema de persecución política que sirvió de laboratorio para el que estableció el Gobierno Cambiemos a escala nacional.
Y otra cosa, paradójicamente, Juntos por el Cambio, es decir la fuerza que integra Morales, impulsó y consumó una reforma judicial exprés en Jujuy, pero se rasga las vestiduras y carga con toda una suerte de adjetivos negativos contra la propuesta de avanzar en una reforma del sistema judicial por medio de un debate amplio y la generación de consensos que, con idas y vueltas, viene proponiendo Alberto Fernández desde que asumió la Presidencia.
Arbitraria e ilegal
Seis años más tarde Morales sigue siendo gobernador y sin prisas ni pausas, construye su candidatura presidencial de cara a 2023, mientras que Milagro Sala está en prisión domiciliaria por una condena del Tribunal en lo Criminal 3 de Jujuy.
Y es en este contexto en el que se hizo pública la solicitada que repudia “la persecución y el hostigamiento que viene sufriendo Milagro Sala”, así como su detención a la que califica de “arbitraria e ilegal”.
Por otra parte, la solicitada hace hincapié en que el caso de la líder de la Tupac Amaru, se constituyó “en el laboratorio de lo que fue el lawfare en Argentina y que implicó una verdadera asociación ilícita promovida con recursos del Estado para perseguir y encarcelar dirigentes políticos, sociales y sindicales, como se evidencia cada día con mayor fuerza en nuestro país, con los hechos que salen a la luz pública”.
Entre quienes firmaron, figuran representantes de organismos de Derechos Humanos como Estela de Carlotto, Taty Almeyda, Adolfo Pérez Esquivel, Vera Jarach, Lita Boitano, José Schulman y Nora Cortiñas, como así los gobernadores Axel Kicillof, Alberto Rodríguez Saá, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Ricardo Quintella y Gustavo Melella y los legisladores Máximo Kirchner, Oscar Parrilli, Juliana Di Tulio, Silvina García Larraburu.
También los ministros Jorge Ferraresi, Juan Zabaleta, Jorge Taiana, Aníbal Fernández, Andrés Larroque, Daniel Filmus, Jaime Perczyk, Santiago Cafiero, Tristán Bauer, Martín Soria, Vilma Ibarra, Carlos Zaninni, Wado de Pedro y Elizabeth Gómez Alcorta.
Y sindicalistas como Hugo Yasky, Pablo Moyano, Víctor Santa María, María Reigada, Daniel Catalano, Sonia Alesso, Roberto Baradel, Pedro Wasiejko, así como referentes del periodismo y el universo de la cultura como Stella Calloni, Rita Cortese, Nancy Dupláa, Liliana Herrero, Dady Brieva, Miguel Angel Estrella, Adriana Varela, Boy Olmi, Susana Rinaldi, Paola Barrientos, Cristina Banegas, Arturo Bonin, Gerardo Romano, Cecilia Rossetto, Juan Palomino, Mavi Díaz, María Onetto, Luis Ziembrowski, Jean Pierre Noher, Cecilia Roth, Dolores Solá, Dario Grandinetti, Teresa Parodi, Ignacio Copani, Esther Goris y Luisa Kuliok.