Según un informe publicado por el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven”, una mujer fue asesinada cada 34 horas en promedio por violencia de género en 2021 en el país. Ese año hay registrados 256 crímenes de este tipo.
Durante 2021 se registró un promedio de un femicidio cada 34 horas, cifra que en los últimos años no viene sufriendo cambios significativos. Esto nos demuestra que la violencia machista, que tanto afecta a la vida de las mujeres y diversidades, sigue siendo un problema que parece no tener respuestas.
Según el relevamiento realizado por distintos observatorios, en los primeros siete días del año ya se confirmaron al menos cuatro femicidios y un travesticidio en las provincias de Corrientes, San Juan y Buenos Aires.
Vale mencionar que el 67 por ciento de estos crímenes fueron cometidos por la pareja o ex pareja de la víctima. En el 39,5 por ciento de los casos, el femicida fue la actual pareja de la víctima, mientras que el 29 fue la expareja. “Estas cifras nos muestran que el lugar más inseguro para las mujeres no es la calle, como el imaginario popular lo supone, sino que es el propio hogar”, sostienen desde el Observatorio.
Esto se agrava si se advierte que 42 de las víctimas, es decir el 16 por ciento del total, habían realizado una o más denuncias judiciales vinculadas a hechos de violencia de género que habían padecido. Por su parte, 24 tenían activa una medida de restricción hacia su agresor y, peor aún, de los agresores veinte eran policías de distintas jurisdicciones, cuatro militares y un gendarme, detalló el informe.
El quid de la cuestión
Con todos estos datos sobre la mesa, va quedando claro que lo que se hace en esta materia sigue resultando insuficiente ¿Pero será sólo una cuestión de presupuesto? ¿Cómo puede hacer el Estado para intervenir y poder actuar eficientemente en el diseño de abordajes que permitan que baje la cantidad de víctimas? ¿Puede ser la reforma feminista del Poder Judicial lo que garantice un abordaje real y a tiempo de las violencias que sufren las mujeres y las diversidades?
En los últimos años se construyeron herramientas que constituyen un avance significativo en lo que hace a políticas de género. De esto van la sanción de la Ley 26.485, que está destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la línea 144 para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, la Ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública y hasta la creación del Ministerio de Género y diversidades, entre otras medidas.
En este contexto, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad llevará a cabo una reforma integral sobre la Ley de Violencia de Género, que pondrá el foco en nuevos tipos y modalidades de violencias de género e incluirá la perspectiva de diversidad. Con esto se busca actualizar la Ley 26.485, destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
¿Cómo puede ser que con todas estas intervenciones del Estado, el número de femicidios no haya disminuido? Estas políticas que se fueron implementado a lo largo de los años, algunas de manera más eficientes que otras, dan a pensar que si esto fuera sólo una cuestión de presupuesto, no se lamentarían los números de femicidios que crecen cada año. Sobre todo si tenemos en cuenta los últimos años de pandemia, donde el condicionante de permanecer más tiempo en su casa, expuso a muchas mujeres que sufrían violencia doméstica, a no poder alejarse su agresor.
Otro aspecto a tener en cuenta es la nula contención que ofrecen, por ejemplo, las comisarías a las víctimas de violencia de género que van a hacer la denuncia: son recurrentes los ejemplos de casos en los que no se toman las denuncias o no les dan la importancia que merecen.
Así las cosas, también es preciso replantear qué es lo que se viene haciendo con la Ley Micaela, ya que se sancionó en 2019 y todavía se está luchando para que su implementación llegue a todos los rincones de Argentina. Y hay que revisar qué tipo de formación reciben los integrantes de las fuerzas policiales, ya que no es un dato menor que veinte de los femicidas de 2021 son miembros de distintas fuerzas, la mayoría policías.
El hecho de que el 16 por ciento de las víctimas de femicidio ya habían realizado una denuncia previa, demuestra que hay una clara, ya sea por falta de capacidad o voluntad, el Estado no está brindando una respuesta eficiente que permita anticipar la comisión de este tipo de delitos.
Queda demostrado que elementos más comunes que puede brindar el Estado, como las perimetrales y botones antipático, no son suficientes frente a la violencia machista de los femicidas que no tienen ningún problema en violarlos para perpetrar el crimen.
¿Puede ser la reforma feminista del Poder Judicial convertirse en el instrumento que garantice un abordaje real y a tiempo de las violencias que sufren mujeres y diversidades?
El movimiento feminista viene haciendo hincapié en que el Poder Judicial necesita una reforma profunda y en que, esta reforma, tiene que incluir sí o sí una perspectiva de género.
En América Latina, en la práctica, se sigue considerando como delitos de segunda categoría, a los que se perpetran contra mujeres, travestis y personas trans. “Necesitamos una nueva mirada de la justicia con relación a la violencia de género, a la violencia machista, a los crímenes de odio, aseveró Silvina Perugino, abogada, especialista en género y comunicación.
En este sentido, la abogada dejó en claro que “la justicia no escapa a la lógica social de una mirada patriarcal, machista y misógina de los fenómenos sociales” y añadió que “el patriarcado es una estructura que remite a un orden social que no es ajeno al Poder Judicial, por el contrario, que está enquistado en este y es en su lógica corporativa donde se reproduce”.
Está claro que la problemática de violencia de género, es algo que muy arraigado culturalmente en nuestra sociedad, por lo que se reproduce en muchos de sus ámbitos. Y por eso resulta ingenuo pensar que puedan esperarse resultados de un día para el otro. Pero pese a esto, el Estado no puede dejar de utilizar todas las herramientas que dispone para abordar esta problemática y, fundamentalmente, debe brindar garantías a quienes temen denunciar a sus agresores. Pero por otro lado, queda claro que mientras el Poder Judicial siga bajo las lógicas que lo guían actualmente, va a seguir garantizando impunidad para potenciales femicididas.