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Mié, May
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Fueron 19 los trabajadores de la educación que encarceló la policía provincial en el contexto de una movilización en la que pedían recomposición salarial.

La Corriente Nacional Agustín Tosco (Conat), hizo pública su solidaridad con los docentes que fueron duramente represaliados la semana pasada en Salta, al tiempo que repudió la actitud de la policía provincial y exigió que el gobernador Gustavo Sáenz atienda las demandas que vienen haciendo los trabajadores de la educación.

La brutal represión se desató cuando el 25 de mayo en el acceso a la ciudad de Salta, maestros que desde hace alrededor de un mes vienen planteando demandas salariales, fueron interceptados por un fuerte cerco policial que los reprimió y detuvo a 19 trabajadores que fueron liberados recién el sábado, aunque quedaron imputados por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento de las vías de transporte”.

Así las cosas, en el contexto de la escalada del conflicto, durante esa misma jornada se registraron bloqueos de rutas en las localidades de El Quebrachal, Tartagal, Orán, Aguaray, Embarcación, General Mosconi, General Güemes, Salvador Mazza, Rosario de la Frontera, Coronel Juan Solá, Campo Duran, Rosario de Lerma y Cafayate.

Las imágenes de las golpizas y detenciones que se pudieron ver en esta oportunidad son terribles, pero no son novedosas. La Policía de Salta tiene una larga historia en este sentido con algunos antecedentes muy serios como fue la feroz represión perpetrada en 2019, precisamente, contra docentes que pedían que el gobierno recomponga sus salarios.

Como se ve, la historia se repite  y algunas cosas empeoran. Y esto puede verificarse a partir de la implementación del Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas.

Como se recordará, este instrumento que el gobierno encabezado por Sáenz puso en marcha este año, fue severamente cuestionado por diferentes organizaciones, entre ellas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), el Comité contra la Tortura y la Mesa de Derechos Humanos que en reiteradas oportunidades instaron a que el ejecutivo provincial lo deje sin efecto ya que, entre otras, cosas viola derechos humanos y limita la libertad de expresión.

En este sentido, coincidieron en advertir que el ejecutivo provincial “busca cercenar uno de los derechos más esenciales en la vida democrática, cual es la libertad de expresión, traducido en el de peticionar a la autoridades mediante la libre asociación de los ciudadanos en la vía pública”, por lo que de lo que se trata es de un instrumento “para anular la protesta, lo que agrava las situaciones de vulneración de derechos”.

Asimismo, la Ladh de Salta denunció “la arremetida del gobierno provincial y la complicidad del Poder Judicial que dispuso represión, persecución y cacería de trabajadores de la docencia y salud que desde hace semanas piden ser escuchados en sus reclamos de salarios dignos y mejoras laborales”.

Y, en esta dirección, repudió la actuación de la jueza de Garantías que interviene en el caso de las detenciones, Ada Zunino. “No son delincuentes, son docentes”, recalcó la Liga y no dudó en señalar que la magistrada es cómplice “de las acciones nefastas llevadas a cabo en el día que recordamos la Revolución de Mayo, que justificó la represión y la inteligencia previa que se hizo sobre los trabajadores”.