La UIF señala que la empresa que fabrica el jugo Citric afectó las tierras y cursos de agua para lavar dinero.
La Unidad de Información Financiera se presentó como querellante en la causa que investiga a El Carmen S.A, fabricante del jugo Citric, por contaminación ambiental en Entre Ríos. Desde el organismo sostienen que la contaminación de tierras y cursos de agua por parte de la empresa en el arroyo Las Alpargatas puede significar un caso de lavado de dinero a partir del delito ambiental.
Desde el 2015 la compañía se encuentra acusada por la contaminación que generó en las aguas del arroyo. La UIF recalcó que con el volcado de los efluentes a el arroyo se omite la obligación de tratarlos, con lo que se ahorra dinero para engrosar sus ganancias. Es por eso que se exige una investigación patrimonial de los flujos económicos que genera su producción.
En la última denuncia que le hacen a la empresa hay pruebas que evidencian las formas en la que la fábrica vierte los desechos industriales. Otra prueba sustancial se da a partir de un estudio que solicitó la Escuela Manuel Belgrano N°12 para conocer las condiciones de las napas del agua, lo que demostró que la misma no es potable para el consumo humano. “El Carmen contamina nuestros arroyos, por eso es que el consejo regulador de uso de fuentes de agua planteó que los desechos que esta fábrica lanza derivó en altos índices de contaminación”, señaló Luciana Duarte, secretaria de la Federación Juvenil Comunista de Entre Ríos. En esa línea, Duarte añadió que “esto a su vez produjo la extinción de vida en el arroyo. También, a través de diferentes estudios, se plantea que esto afecta a las napas de agua presentes. El Carmen omite la obligación de tratar los residuos que produce, sino que además se trata de un lavado de dinero a partir del delito ambiental, ya que ahorra una importante suma de dinero”.
Ante esta situación es fundamental que el Estado tome cartas en el asunto. En ese sentido la también integrante del Comité Central de la FJC aseveró que “es claro que, además de fortalecer los organismos de control, el gobierno de Entre Ríos debe tratar con urgencia una política ambiental que no haga omisiones en favor de las empresas”.