Corrientes atraviesa una situación crítica en la prestación de servicios públicos y sanitarios, por lo que el Partido Comunista pide que establezcan medidas “efectivas y rápidas para atenderla”.
El Partido Comunista de Corrientes exige que el Gobierno provincial que declare la emergencia en servicios públicos, sanitaria y social, así como que establezca medidas “efectivas y rápidas para atenderla”, ante la grave crisis que se suscita como consecuencia de los permanentes cortes de energía eléctrica y en la provisión de la red de agua potable.
Pero también a raíz de los incendios forestales que, durante la semana pasada, afectaron principalmente a los departamentos de Ituzaingó y Santo Tomé que se ubican en el norte y noroeste provincial respectivamente.
El PC provincial solicita que se establezca la emergencia, también por “el aumento exponencial de casos, personas internadas y fallecidas por el Covid-19”. Al cierre de esta edición, la cifra de casos activos se colocaba en 17.696 y los acumulados en 168.362 en todo el territorio provincial donde, desde el inicio de la pandemia hubo 148.938 personas que se recuperaron, mientras que 1.728 fallecieron por coronavirus. Actualmente hay 241 pacientes internados en el Hospital de Campaña, con resultado positivo para Covid-19, y la ocupación de respiradores se coloca en el 9,66 por ciento de los que están disponibles.
“Exigimos la atención del Estado provincial en coordinación con todas las Municipalidades para afrontar los focos ígneos, la proliferación del virus y la falta de servicios esenciales para la vida humana”, destacó el PC y añadió que “en la provincia de los Esteros del Iberá y Yacyretá, es inadmisible que no haya luz ni agua en momentos donde gran parte de la provincia se encuentra en alerta roja por las altas temperaturas” que durante el fin de semana volvieron a superar los cuarenta grados centígrados en buena parte del territorio.
Y, tras advertir que esta situación se produce en varios barrios de la capital y en distintas ciudades del resto de la provincia, solicitó “mayor respaldo a los trabajadores de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, que se encuentran trabajando a destajo ante un sistema energético totalmente colapsado por la desinversión de una Gobierno provincial que ya lleva más de veinte años en el poder, administrando esta empresa estatal intervenida”.
Por otra parte, demandó que se rescinda la concesión a la empresa Aguas de Corrientes SA, “por permanente incumplimiento contractual y para que el agua potable deje de ser un lucro, para reconvertirse en un derecho humano básico como dicta nuestra Constitución Provincial”. Y resaltó que, para ello, es preciso que la prestación del servicio esté “bajo el control del Estado con participación de los usuarios.