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Dom, Abr
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Política
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¿Un Banderazo para defender a unos tipos que se afanaron hasta los ceniceros? ¡Y encima en el medio de lo peor de la pandemia! Conspiranoicos, fachos y caceroleros se empeñan en que Argentina entre a la Dimensión Desconocida.

“Es como salir a aplaudir al que estafó los productores” recalcó el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas, al rechazar el banderazo que tuvo lugar en diferentes ciudades, formalmente convocado contra la expropiación de Vicentin.
Las manifestaciones del sábado reunieron a tilingos, conspiranoicos, fachos de distinta ralea y caceroleros “libertarios”, que lejos estaban de ser “gente que está confundid” como piadosamente los caracterizó Alberto Fernández.
Esta exhibición de peligrosa estupidez tuvo uno de sus principales epicentros en Buenos Aires, el mismo día en que en esa misma ciudad los test de Covid-19 daban un 54 por ciento de positividad. Y cuando el registro de muertos por Coronavirus en el país superaba la barrera de las mil personas.
En este contexto de una consolidada transmisión comunitaria, el subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria de la Ciudad, Gabriel Batistella, advertía que “lo fuerte de la pandemia está por venir”.
Esta aseveración está en consonancia con la postura que viene sosteniendo el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quiroz y tiene un correlato necesario en algo que, al cierre de esta edición, ya se daba como un hecho.
El regreso a la Fase 1 en la zona Amba es una medida cuyos detalles se estaban acordando hoy lunes. Pero también es un problema para Horacio Rodríguez Larreta que sabe que es fundamentalmente entre su público, donde están los sectores más refractarios a aceptarla.
Es que se vuelve muy difícil plantear que es preciso tener conductas sociales, a un colectivo que se constituyó como construcción política y cultural, desde una identidad basada en la exaltación de lo peor del individualismo.

Propuestas

Mientras tanto, también al cierre de esta edición, el juez civil y comercial de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, recibía la propuesta impulsada por el gobernador Omar Perotti con la idea de destrabar la situación de Vicentin.
Básicamente, la iniciativa pide que el magistrado dé marcha atrás con la medida que anunció el viernes, por la que ordenó reponer al Directorio de del grupo empresario.
La propuesta se fundamenta en que ese Directorio encabezado por Sergio Nardelli, tiene abiertas causas penales iniciadas por el vaciamiento de la empresa. Por lo que si prospera, la administración quedaría a cargo de la intervención conjunta entre el Estado nacional y el sanfafecino.
Esta propuesta permitiría destrabar la situación, pero lejos está de resolver el problema de fondo. Pero facilitaría la extensión del plazo de la intervención hasta un año, período en el que debería revelarse cuál es la situación real de Vicentin.
Y cuando se habla de situación real, lo que se está diciendo es saber qué patrimonio real y qué deuda tiene este conglomerado de empresas.
Es que, mientras los accionistas que fueron beneficiados por la decisión de Lorenzini dicen que los activos superan a la deuda, la hipótesis de la Propuesta Perotti es que aquello que se puede transformar en líquido, lejos está de alcanzar para cubrir el tendal que va a apareciendo.
Esto coincide con el criterio del interventor designado por el ejecutivo nacional, Gabriel Delgado, quien tras reunirse con el presidente durante el fin de semana, resaltó que “repasamos todas las alternativas y no nos aferramos a los instrumentos”.
Pero aclaró que el gobierno sigue focalizado en “preservar las fuentes de trabajo y que los productores puedan cobrar”, algo que desde la mirada que expresó el propio Fernández, sería imposible si prevalece la medida dictada por Lorenzini.
En este marco, la iniciativa de Perotti aparece como una soga para un juez al que los titulares de la massmedia hegemónica le meten presión y le marcan el terreno.
Y esto es así porque, entre otras cosas, esa postura podría habilitar que se avance en formas de capitalización de la deuda que la empresa, por medio la entrega de acciones.
Vale recordar aquí que uno de los principales acreedores es precisamente el Estado ¿Pero será viable este camino?
En este punto es preciso señalar que la deuda que tiene este hoolding con la banca pública es equivalente a algo así como el 25 por ciento de su paquete accionario. De esta deuda, el principal acreedor es el Banco Nación con alrededor de 19.000.000.000 (deicinueve mil millones) de pesos.
Así las cosas, si todo esto funcionara, el Estado todavía quedaría lejos de acceder al 51 por ciento que precisaría para poder controlar la operatoria de Vicentin, con lo que esto implicaría para la toma de decisiones estratégicas en la producción de alimentos y, a fin de cuentas, en lo que hace a la soberanía alimentaria.
Asimismo, hay otras cuestiones que deberían resolverse, como las restricciones que por su Carta Orgánica tiene el Banco Nación para capitalizar deuda.
Pero por sobre todas las cosas, si va por ese sendero, el Estado debería adquirir deuda, algo que lo pondría en la necesidad de conseguir aliados o socios entre cooperativistas y pequeños productores federados.
Por eso es que aquí, una vez más, la decisión de Lorenzini – la que tomó y la que debe tomar- está atravesada por un criterio político.
Como otras veces, el tándem corporativo-empresarial se abroquela a la hora de apretar. Hoy el accionista, Héctor Vicentin, rechazó el Proyecto Perotti y reclamó que “a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar”.
¿Alguien puede creer que con la cosa como está ahora, con el viejo Directorio a cargo, se va a clavar el cuchillo a hueso en la investigación de los mecanismos que llevaron a que un grupo empresario de la talla de Vicentin fuera vaciado, precisamente por esos empresarios que exigen que “los dejen trabajar”?
La denuncia que pesa sobre Nardelli y la operatoria del repuesto Directorio que llevó a la catástrofe de Vicentin, son claras y hablan de un sistema delictivo basado en la triangulación con empresas fantasma radicadas en Uruguay, Brasil y Paraguay que, a su vez, eran la punta de un esquema de mamushkas que hasta ahora nadie sabe hasta dónde puede llevar.
Un esquema de evasión impositiva, delitos y crímenes corporativos que merece ser investigado, incluso dentro de los límites que impone el papel que el Estado Liberal Burgués reserva al Poder Judicial.
En estos días, un pool de bancos internacionales que reclama una deuda de 33.137 millones de pesos a Vicentin, consiguió que el Poder Judicial de EE.UU. autorice un proceso de descubrimiento (discovery) de activos.
Ese discovery reveló operaciones del holding en guaridas fiscales que se hicieron, justamente, cuando Vicentin entraba en cesación de pagos.
¿Será acaso que el Poder Judicial estadounidense y parte de lo más concentrado de la banca internacional, forman parte de la confabulación comunista-chavista-reptiliana encabezada por Alberto Fernández, que denunciaban los carteles que se vieron en el banderazo del sábado?