El Senado anuló un decreto clave de Macri a favor de las gasíferas y la Justicia Federal imputó a Aranguren por la dolarización de las tarifas de gas. Dos ejemplos de la política macrista en el sector energético y el robo orquestado por los grupos económicos contra los usuarios y el presupuesto público.
El gobierno nacional dio un paso adelante para comenzar a desarmar la estructura jurídico-económica diseñada por el macrismo en el sector energético. Al congelamiento de tarifas de luz y gas para este año, motivado en gran parte por la crisis desatada por la pandemia, ayer el Senado dio un paso importante para cambiar la matriz neoliberal en este sector, ya que anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que compensaba a las gasíferas por la devaluación.
El decreto 1053 firmado por Mauricio Macri y su gabinete en 2018, transfería desde el Estado nacional al sector privado más de 24 mil millones de pesos -cuatrocientos millones de dólares- en concepto de resarcimiento por las pérdidas declaradas, según las empresas gasíferas, tras la devaluación promovida por el JP Morgan y Blackrock.
En 2017 el por entonces ministro de Energía y Minería y ex Ceo de Shell, Juan José Aranguren, estableció junto a productoras, distribuidoras y transportistas de gas un piso mínimo de precios por un plazo de dos años.
La novedad de la discusión, en la que los intereses de las empresas estaban representados de los dos lados del mostrador, radicaba en que dicho precio era variable y en dólares, lo que supuso una dolarización de las tarifas promovida por el propio Estado nacional.
Debate abierto
Tres años después son evidentes las consecuencias de esta política tarifaria: espiral inflacionario, transferencia de recursos desde los sectores populares a las grandes empresas, disminución del consumo en los hogares, son sólo algunas de ellas.
Así las cosas, esta misma semana el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ex ministro Aranguren y al ex presidente del Enargas, Ezequiel Roitman, por la dolarización de las tarifas.
También, fueron imputados el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería, Marcos Pourteau y la ex gerente de Legales del Enargas, Marcela Valdez.
Según informó Telam el dictamen de Marijuan elevado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, todavía a cargo del juzgado federal 12, señala que los imputados fueron acusados por el “presunto desvío funcional” ya que habrían perseguido “intereses ajenos a aquellos por los que debían velar” al calcular de manera dolarizada las tarifas, contra la normativa vigente, para resguardar los intereses de los productores y las distribuidoras de gas.
En un informe elaborado por Enargas, cuyo actual interventor es Federico Bernal, especialista en el sector energético, el acuerdo de precios del gobierno macrista con las gasíferas “iba por fuera de las pautas de libre competencia y contratos a un tipo de cambio variable en dólares estadounidenses, que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
La dolarización promovida por Aranguren en 2017, tenía como objetivo asegurar la tasa de ganancia en dólares del gas en boca de pozo, que pagó tal como se lo propusieron, los usuarios.
Como si fuera poco, un año después, tras la devaluación de 2018, el gobierno de Macri decidió cargar sobre el Presupuesto Nacional el costo de la devaluación, afectando casi cuatrocientos millones de dólares de las cuentas públicas mediante el Artículo 7 del Decreto 1053/2018 que compensó a las gasíferas por las pérdidas.
El responsable de esta medida fue el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, procesado en las últimas horas por administración fraudulenta en una causa que investiga irregularidades en las concesiones de peajes, que involucra a empresas del Grupo Macri.
En este contexto, el Senado anuló el decreto de compensación. Mientras, los intendentes del conurbano bonaerense y los usuarios de la zona sur del Amba, insisten con el pedido de estatización de Edesur.
En última instancia, se trata de discutir, en el contexto de una crisis económica y sanitaria que afecta al mundo, el rol de las empresas privadas en sectores claves de la economía como son los servicios públicos. Pocas veces en las últimas tres décadas como ahora hubo tantas condiciones y argumentos para avanzar en ese sentido.