El presidente presentó los puntos más sobresalientes de la reforma judicial que debatirá el Congreso. Más allá de los aspectos técnicos de la propuesta ¿qué lugar ocupa el problema de la corporación judicial frente a los antagonismos que en la actualidad condicionan al país y la región?
Finalmente, la reforma judicial propuesta por el gobierno del Frente de Todos ya está en marcha. Ayer, en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández, dio cuenta del proyecto que se enviará al Congreso, destacó sus puntos más importantes y presentó el Consejo Asesor que evaluará los cambios en el Poder Judicial.
Como adelantamos en Nuestra Propuesta los puntos más importantes de la reforma se orientan a modificar la organización de “la justicia”, esto es, de la justicia federal. El proyecto de ley, que ingresará por la Cámara de Senadores, propone como puntos sobresalientes la creación de una Justicia Federal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, compuesta por 23 juzgados, con el propósito de descentralizar el organigrama de Comodoro Py.
Asimismo, postula la unificación de los fueros penales económicos, la de los fueros civil y comercial en lo contencioso y administrativo, la creación de un fuero ordinario en la Ciudad de Buenos Aires, pospuesto desde la reforma constitucional de 1994, así como la de 94 juzgados y 85 fiscalías federales en todas las provincias.
También propone la reglamentación de las actuaciones de los jueces, con el propósito de “garantizar la independencia” de los magistrados, y la creación de un Consejo Consultivo, o Asesor, integrado por un conjunto de especialistas, todos ellos abogados, que evaluarán las propuestas de modificaciones y harán seguimiento de su implementación.
¿Hincar el cuchillo a hueso?
En efecto, la propuesta presentada ayer puede ser analizada a partir de las implicancias técnicas y jurídicas de cada uno de los puntos que la integran. No son estos aspectos los que permitirán desandar la relevancia que esta reforma podría tener en el corto y mediano plazo en nuestro país.
En todo caso, la importancia de la reforma estará en la eficacia que pueda demostrar a la hora de desarticular a uno de los poderes que mejor viene trabajando para perpetuar el dominio del bloque de poder en Argentina, integrado por los grupos económicos nacionales y transnacionales, los agroexportadores y la oligarquía financiera, todos ellos bajo la conducción política de la derecha representada ahora en Juntos por el Cambio.
Un primer elemento a tener en cuenta es ver quiénes se oponen al proyecto. Si los que se oponen, tal como se explicitó durante las últimas horas, son los jueces federales cómplices del macrismo, los grandes grupos económicos, sus voceros en la massmedia hegemónica y los representantes de la derecha política, entonces quiere decir que la reforma les molesta.
La historia reciente -y no reciente- de Argentina y de América Latina, demuestra que cuando estos sectores reaccionan es porque se ven afectados sus intereses, unas veces en el orden material, otras veces en el orden simbólico.
En la actualidad, la correlación de fuerzas en el país y la región, se encuentra empantanada en el ámbito político. En el campo cultural, la hegemonía de la ideología neoliberal, que rechaza la intervención del Estado y aborrece la creación de cualquier mecanismo de cooperación social, goza de buena salud.
Por eso, cualquier iniciativa que pueda erosionar la supremacía cultura e ideológica de la derecha, puede ser considerada como un paso progresivo hacia la generación de una nueva correlación de fuerzas.
Sin embargo, hay que señalar que las batallas simbólicas -que siempre son concretas y materiales- deben ser acompañadas de medidas económicas concretas que mejoren las condiciones materiales y espirituales de los sectores populares, que es el único sujeto social con capacidad en Argentina de sostener un gobierno y un programa de gobierno antineoliberal, nacional y popular.
Entonces, proyectos como el de la reforma judicial deben ser acompañados por otras iniciativas como la de un impuesto –permanente- a la riqueza, la creación de empresas estatales de producción y explotación de recursos económicos nacionales, una reforma tributaria progresiva, el impulso y financiamiento de políticas públicas de vivienda y construcción, solo por mencionar algunas posibles.
Este programa de acción se sustenta en la comprobación empírica de que el bloque de poder real en Argentina no es estanco ni compartimentado.
Su aparato de poder, que es económico, político, judicial, mediático y cultural no funciona por separado. Por el contrario, es una maquinaria muy aceitada, en la que a pesar de las contradicciones internas -que todo bloque de poder contiene de por sí, dada la heterogeneidad de las fracciones de clase que lo integran- actúa de forma coordinada en todos los ámbitos.
Ejemplos recientes hay cientos, pero el caso Vicentín ilustra a las claras la situación: saqueo del Banco Nación avalado por el Estado administrado por una ceocracia, que otorga créditos irregulares a una de las principales exportadoras del país, que al mismo tiempo era el principal aportante a la campaña presidencial de la fuerza política de derecha que, una vez fuera del poder político gubernamental, pretende seguir haciendo valer sus intereses y garantizar la impunidad de sus negocios espurios mediante la protección judicial dada por jueces y fiscales que conforman una comunidad de intereses bien definida, al tiempo que los grandes grupos mediáticos que callaron durante el saqueo ahora denuncia “comunismo” y llaman a defender la propiedad privada.
Si la reforma judicial, junto a otras medidas, son capaces de desarticular o, por lo menos, de esmerilar estos mecanismos coordinados con los que las clases dominantes garantizan su hegemonía, sin dudas será progresiva.
Los jueces, fiscales y defensores no conforman un estamento nobiliario en la sociedad, aunque la estructura del Estado Liberal Burgués le conceda esos privilegios que, a priori, se contradicen con el ideario político-social del liberalismo.
Pero, como ya sabemos, el liberalismo hizo de esas contradicciones virtud y bajo las banderas de la libertad económica, supo defender las más férreas políticas proteccionistas. Tal como hoy, bajo las banderas de la “república”, se organizan las fuerzas más reaccionarias y retrógradas de la sociedad.
En definitiva, de lo que se trata es de desarmar la maquinaria económica, política y cultural del capitalismo que encuentra en el poder corporativo de los jueces un fundamento de su hegemonía.