El gobierno presentó el Plan Nacional de Suelo Urbano, una política complementaria al Procrear que busca mejorar las condiciones de acceso al suelo ¿Es posible en el estado actual del capitalismo en Argentina? ¿Qué pasa con la tierra y la propiedad?
La pandemia puso sobre el tapete la problemática socioambiental que implica el déficit habitacional. Las dificultades de aislamiento e higiene que sufren los trabajadores en los barrios populares, no es solo caldo de cultivo para enfermedades infecciosas. Afecta a todos los estándares humanos de vida digna.
Con el relanzamiento del nuevo Procrear, el gobierno anunció que esta fase del programa de acceso a la vivienda se complementará con el Plan Nacional de Suelo Urbano.
Esta política pública, que fue presentada a fines de la semana pasada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa, tiene el propósito, según el gobierno, de vincular los nuevos créditos para viviendas del Procrear con una política de desarrollo territorial y acceso a la tierra.
Según Juan Ignacio Duarte, director Nacional de Políticas de Suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, “el Programa Nacional de Producción de Suelo financia la ejecución de obras de infraestructura e inclusive la adquisición de suelo por parte de municipios y provincias, para después desarrollar y transformar esas tierra que se compran como una fracción de tierra sin urbanizar en lotes urbanizados”.
En este marco, en el período 2020-2021, el Estado planea construir junto a Pymes de la construcción, más de catorce mil viviendas.
Para ello, el Estado nacional y los estados provinciales y municipales pondrán a disposición del Procrear tierras fiscales, de acuerdo al siguiente diagnóstico: en Argentina es tan caro como difícil acceder al suelo y a la vivienda.
Los datos oficiales establecen que el déficit habitacional es una problemática que afecta a cuatro millones de personas.
El déficit habitacional es una problemática de los grandes centros urbanos, como el Amba, el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Tucumán o Santa Fe. En estos conglomerados urbanos, la especulación inmobiliaria y financiera es uno de los factores a tener en cuenta, que se explica por la enorme cantidad de viviendas ociosas.
Pero el déficit habitacional también es un problema en el resto del país, debido a que otra dimensión del mismo problema es el acceso a la tierra.
Puede resultar paradójico que un país como Argentina, que se encuentra entre los más extensos del mundo pero su población es pequeña, haya dificultades para acceder al suelo.
Sin embargo, esta característica estructural forma parte del proceso originario del Estado nacional y de sus clases dominantes, vinculadas al latifundio y la cría de ganado, hoy a la explotación del suelo y el agronegocio.
En el país de la “civilización con olor a bosta” como dijo en algún momento Sarmiento, conseguir una porción de suelo para habitar y trabajar implica desafiar el orden mismo de las cosas.
De dónde venimos
Durante los cuatro años que administró el Estado, el macrismo favoreció un fuerte proceso de extranjerización de los terrenos rurales que benefició a grandes multinacionales, cuyo interés en el suelo argentino se explica por la crisis e imprevisibilidad en el sistema financiero internacional.
La propiedad del suelo en Argentina, tanto de tierras productivas como de ciento de miles de nuevas viviendas, en su mayoría departamentos en los grandes centros urbanos o caserones en barrios privados, se caracteriza por la extranjerización y concentración.
En el campo, esta concentración y extranjerización tiene como correlato el monocultivo y el extractivismo, que son las expresiones hegemónicas que vienen dominando el proceso de acumulación capitalista en el campo argentino desde hace décadas.
Este modelo de negocios y explotación conformó un bloque de poder vinculado al paquete tecnológico, el cual, es impulsado por los grandes laboratorios, los pooles de siempre, la industria de derivados agrícolas y sectores financieros que apuestan a la renta agraria destinando millones de dólares a la proliferación del modelo productivo.
Dicho bloque es una de las fracciones que compuso el tándem del poder real que gobernó en Argentina durante el período 2015-2019 y que, en este contexto de crisis económica y social, se opone a medidas fiscales para el financiamiento de políticas públicas destinadas a combatir la crisis y la pandemia.
La extranjerización de la tierra en Argentina, que tiene larga data, también se profundizó durante el gobierno de Macri. En ese período se produjo una fuerte enajenación en la propiedad de la tierra, que pasó a manos de capitales internacionales, los cuales, cuentan con la complicidad y beneplácito de distintos aliados y miembros del macrismo en las provincias y municipios del país.
Vale recordar una serie de medidas tomadas por el entonces gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, quien era gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que promovieron un proceso de extranjerización de la tierra, que derivó en la agudización del modelo de explotación agrario nacional, cuyas características principales son el monocultivo y el extractivismo.
Pero, sin dudas, la medida más contundente en este sentido fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 850/2016 firmado por Macri, que modificó, sustancialmente, la Ley de Tierras sancionada por el Congreso Nacional en 2011, que establecía que el máximo de territorio rural en manos extranjeras no podía sobrepasar el quince por ciento del territorio nacional.
De esta forma se abrió el camino para la llegada de grandes empresarios y multinacionales que comenzaron a comprar tierras en el país, en un contexto donde la estructura agrícola nacional se caracteriza por su concentración desde los orígenes del Estado Liberal Burgués.
Para ello, el macrismo eliminó el Instituto Nacional de Tierras, un organismo creado por la Ley 26.737, cuyo objetivo era monitorear la propiedad de la tierra en el país y autorizar, o no, la compra y venta de territorios rurales a personas físicas o jurídicas asentadas en el exterior.
En paralelo, las medidas y disposiciones gubernamentales dejaban ver el entramado político sobre el que se apoyaba este proceso de concentración de la propiedad. Entre ellas, se destacaron el decreto provincial de Salta 1377/16, mediante el que Urtubey permitió que la extranjerización de la tierra en algunas regiones de esa provincia pasara de mil a 35 mil hectáreas.
Entre las zonas “beneficiadas” por la resolución del entonces gobernador, se encuentran la Puna y los Valles Calchaquíes, como así también algunos departamentos locales, como el caso de Rivadavia, donde tiene una de sus estancias la familia Macri y tierras el empresario Nicolás Caputo, el por entonces secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, la familia de Marcos Peña y el hermano del exgobernador, Facundo Urtubey.
Este aumento exponencial del porcentaje a favor de la extranjerización, permitió en Salta la entrada de capitales extranjeros en regiones sumamente sensibles para la soberanía nacional: la pre-puna, los Valles Calchaquíes, Iruya y los departamentos mineros de alrededor en las que hay reservas de oro, plata y zinc, además de gas y petróleo.
Capitalismo y tierra
La crisis actual del capitalismo se caracteriza, en parte, por la hegemonía de lo que Marx denominó el capital ficticio, esto es, el capital que no existe en la actualidad pero que potencialmente en el corto y mediano plazo podría existir, y por el que se realizan inversiones a futuro.
El capital ficticio funciona como combustible para la circulación del capital, necesidad primordial para el capitalismo, que necesita de la circulación para su reproducción.
Pero la hegemonía del capital ficticio, que sin dudas constituye el pilar del sistema financiero internacional, no equivale a solvencia y sostenibilidad del mismo.
En los últimos años, especialmente desde la crisis desatada por las hipotecas subprime en EE.UU., el sistema financiero internacional se volvió cada vez más inestable y “menos confiable”, en términos de inversores y especuladores.
En este contexto, las tierras argentinas -y no solo estas- se revalorizaron ante la codicia de los especuladores por su importancia geopolítica, la composición del subsuelo, la fertilidad y variedad climática, atributos que convierten al suelo argentino en una inmejorable inversión para resguardar en activos físicos las inmensas cantidades de dinero depositadas en el sistema financiero internacional.
El panorama queda más claro cuando se pone nombre y apellido a los dueños de las tierras en Argentina. El grupo económico que mayor extensión de territorio posee en el país es la corporación italiana Benetton con casi un millón de hectáreas en su haber. Lo secundan Bunge y Born, Cresud, el grupo Pérez Companc, Fortabat, Gómez Alzaga y la familia Bemberg -ex dueña de la cervecería Quilmes- con una sumatoria entre sí que equivale a la extensión de territorio de un país europeo como Bélgica.
En total, según un relevamiento elaborado por el Instituto Nacional de Tierras antes de su disolución, en Argentina había casi 270 millones de hectáreas rurales, de las cuales alrededor de 17 millones se encontraban en manos extranjeras y otras trece en venta al mejor postor.
Así las cosas, potencialmente, treinta millones de hectáreas rurales argentinas quedaban potencialmente en manos de capitales internacionales, lo que se asemeja a las extensiones territoriales de Inglaterra y Portugal juntos.
De estos datos se desprende que no sólo la extranjerización es uno de los principales problemas, sino también, la concentración de la propiedad y el modelo productivo imperante.
Esta situación provoca un combo letal para campesinos, pueblos originarios y pequeños pueblos del interior que sufren las consecuencias: cerramiento de rutas y caminos, apropiación de recursos naturales y desplazamientos forzosos están a la orden del día en todo el territorio nacional.
También implica un problema para el acceso al suelo y a la vivienda ¿Es necesaria una reforma agraria para comenzar a solucionar, de una vez y para siempre, la cuestión del déficit habitacional? Sí, lo es, como también lo es para erradicar el modelo productivo hegemonizado por el agronegocio.
Los dueños de las tierras: el censo realizado tras la sanción de la Ley de Tierras en 2011 determinó que, del total de hectáreas escrituradas por ciudadanos extranjeros, la mayoría fueron adquiridas por capitales norteamericanos -con más de tres millones de hectáreas-, seguidos por italianos, españoles y suizos.
De ese total, apenas el 23 por ciento estaba declarado por personas físicas; el resto -67 por ciento- fueron inscriptas bajo personería jurídica, es decir, sociedades anónimas y otras figuras legales que impiden determinar fehacientemente el origen de sus titulares.