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Mié, May
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Política
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Este viernes vence el plazo establecido por la Enacom para que Telecom-Cablevisión devuelva a los usuarios el quince por ciento que cobró de más en enero y febrero. Más allá de los incrementos, se vislumbra una disputa mucho más grande que tiene como objetivo erosionar al gobierno del FdeT y mantener a la derecha con posibilidades de retornar al gobierno en 2023.

Pese a las disposiciones del Poder Ejecutivo que en el marco de la pandemia declaró servicio esencial al servicio de telefonía móvil, Internet y televisión por cable y pese a aprobar un aumento del cinco por ciento, Telecom-Cablevisión, la nueva empresa locomotora de los viejos accionistas del Grupo Clarín, entre ellos Héctor Magnetto, aplicó un incremento del veinte por ciento, 15 puntos por encima de los establecido a partir de las facturas de enero. La conducta de Telecom-Cablevisión motivó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de su vicepresidente, Gustavo López, quien afirmó que “acá hay una pelea de fondo y es un desafío al poder institucional”.

Además de la Enacom intervino un juez de Mar del Plata, que dictaminó contra Telecom-Cablevisión ante un reclamo realizado por una asociación de usuarios, estableciendo que la empresa tenía que devolver el importe en la factura de febrero. Sin embargo, las facturas de febrero ya fueron emitidas y no solo no se reintegra el quince por ciento de más facturado en enero, con sus respectivos intereses, sino que mantiene el aumento del veinte por ciento. Así las cosas, este viernes vence el plazo impuesto por la Enacom para que Cablevisión reintegre el quince por ciento que facturó de más.

Vale recordar que el sesenta por ciento de Cablevisión está en manos de los principales accionistas de Clarín: Marcela y Felipe Noble Herrera, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, mientras que el cuarenta por ciento restante pertenece a Fintech, un fondo que pertenece al millonario mexicano David Martínez, dueño a su vez del cuarenta por ciento de Telecom.

En un nivel superficial, la pelea que está dando la empresa de Magnetto apunta a esmerilar el Decreto presidencial 690/2020 que estableció que “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. Según la norma, al igual que sucede con las empresas de medicina prepaga, las operadoras estarán obligadas a solicitar al gobierno autorización para aumentar el precio del servicio, que  deberá ser “justos y razonables”, con el propósito de “cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. Además, “La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad”.

En otro nivel, más de fondo, la pelea radica en no aceptar que el Estado marque las reglas del juego en el sector de las telecomunicaciones. Por ello Telecom-Cablevisión hizo una presentación cautelar el año pasado ante los juzgados contenciosos y administrativos federales buscando algún juez adicto para que declare inconstitucional el DNU 690/2020, ya que según evalúa la empresa, interfiere en “la libre competencia” del sector. Sin embargo, en las últimas horas, el juez federal Walter Lara Correa rechazó la cautelar presentada por Cablevisión. El magistrado consideró que el planteo de la firma no estaba bien fundado y que no había irregularidades legales en el DNU del año pasado.

Pese a las idas y vueltas la pelea está planteada como una pelea política. En realidad, más que una pelea se trata de una guerra que desde Telecom-Cablevisión se emprende contra el gobierno del Frente de Todos y, especialmente, contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner. A la par, los esfuerzos por parte de las empresas mediáticas del grupo, entre ellas TN, Radio Mitre y el diario Clarín por lavar la imagen y el gobierno de Mauricio Macri, de cara a las elecciones de 2023, es descarado. En esta faena el Grupo Clarín no está solo, cuenta con la compañía del principal interesado, el propio expresidente, que en los últimos meses, según reveló el portal de noticias El Destape, realizó una inversión de más 14 millones de dólares en La Nación+, medio audiovisual del diario homónimo, desde el que pretende dar pelea al gobierno del Frente de Todos. Para ello, contrató a los “periodistas” Luis Majul, Jonathan Viale, Alfredo Leuco y Nelson Castro.

Así las cosas queda claro que pese al impacto que tiene en el bolsillo de millones de usuarios, muchos de ellos cautivos, de Telecom-Cablevisión, el aumento del veinte por ciento es apenas una parte de una disputa mucho más grande que tiene como objetivo erosionar al gobierno del Frente de Todos y mantener a la derecha con posibilidades de retornar al gobierno en 2023.