El gobierno nacional reglamentó la ley de “blanqueo e incentivos fiscales” y lanzó el programa Casa Propia, que buscan reactivar la actividad económica de la construcción pero que no alcanzan para solucionar el problema del déficit habitacional en Argentina.
En las últimas horas el gobierno nacional anunció dos medidas que tienen el propósito de impulsar la construcción y de esta manera reactivar la economía en medio de la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia. El lunes reglamentó la ley de “blanqueo e incentivos fiscales” para promover la construcción y el martes anunció el lanzamiento del programa Casa Propia, que otorgará 87 mil créditos para refacción y construcción de viviendas.
La decisión de otorgar facilidades fiscales con el propósito de blanquear la masa ingente de dinero que los propietarios de grandes fortunas mantienen por fuera del sistema tributario no es nueva. Es una medida que, por distintos motivos, ensayaron todos los gobiernos y que en líneas generales no suele mover el amperímetro de la economía local.
Por el contrario, la mayoría de las veces sirve para que las grandes fortunas blanqueen una parte de su patrimonio sin mayores dificultades, lo que a todas luces es injusto frente a la gran masa de trabajadores que, por ejemplo, paga diariamente impuestos regresivos como el IVA.
Sin embargo, si se concibe el mecanismo del blanqueo como una medida cíclica del modelo de acumulación de capital en Argentina, es preferible que cuando se implemente esté destinada a promover la actividad económica y no a favorecer directamente a las familias y amigos de funcionarios, como sucedió con el blanqueo que reglamentó Macri en 2016, mediante el cual su hermano Gianfranco, quien hasta entonces manejaba sociedades offshore según revelaron los Panama Papers, blanqueó más de sesenta millones de pesos.
En síntesis, el blanqueo exime del impuesto sobre los Bienes Personales al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022. La ley alcanza a obras privadas como construcciones, ampliaciones e instalaciones, entre otras, o que a la fecha de entrada en vigencia de la ley posean un grado de avance inferior al cincuenta por ciento.
En paralelo a esta medida, el martes Alberto Fernández anunció la creación del programa Casa Propia, que otorgará 87 mil créditos para la refacción y la construcción de viviendas nuevas en todo el país. En el caso de los créditos Casa Propia para refacción, se otorgarán 65 mil créditos personales que tendrán un plazo de 36 meses y tres de gracias.
Habrá cuarenta mil por un monto de cien mil pesos y otros 25 mil por un monto de 240 mil pesos, con cuotas de 2.882 y 6.917 pesos, respectivamente. Mientras que para la construcción de casas nuevas en lote propio se otorgarán 22 mil créditos hipotecarios por un monto máximo de cuatro millones de pesos cada uno, con un plazo de hasta treinta años para el pago.
A pesar de algunas medidas que se vienen anunciando desde el año pasado, como el rediseño del Procrear o el Plan Nacional de Suelo Urbano, lo cierto es que el déficit habitacional está lejos de ser resuelto y las perspectivas para el mediano y largo plazo no son alentadoras.
Se estima que en el país el déficit habitacional afecta a cuatro millones de personas. Dentro de ese universo se halla una porción, para nada menor, de los nueve millones de inquilinos que hay en el país.
El de los inquilinos es uno de los sectores más golpeados por la pandemia, a pesar de las medidas dispuestas por el Ejecutivo nacional, como la suspensión de desalojos y la prohibición de aumentos, medidas que luego no se cumplieron prácticamente en ninguna jurisdicción.
Si se tiene en cuenta el curso general de los acontecimientos, programas como Casa Propia son bienvenidos y aportarán a solucionar, aunque sea parcialmente, la situación habitacional de poco menos de cien mil personas, lo que constituye un porcentaje ínfimo del universo total de la población que, para acceder a la vivienda digna, necesita de políticas mucho más ambiciosas y estructurales.