El nuevo confinamiento decretado por el gobierno y la necesidad de abocar la gestión al control de la pandemia pospuso una vez más la reforma del Ministerio Público y la designación del nuevo Procurador. Pese a ello, avanzan las negociaciones en Diputados para aprobar el proyecto que tiene media sanción y más de 30 modificaciones.
El agravamiento de la crisis sanitaria en el país y la necesidad de abocar los esfuerzos de todos los órganos de gobierno al control de la pandemia provocó que se posponga la discusión por el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el gobierno nacional se propone ampliar las negociaciones para obtener los 129 votos necesarios para aprobar el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara alta.
En medio de la radicalización política de la oposición de derecha aglutinada en Juntos por el Cambio, la reforma del Ministerio Público es una tarea urgente para el Gobierno del Frente de Todos si es que por fin se propone desplazar al Procurador interino y alfil de Macri, Eduardo Casal, como jefe de los fiscales de la Nación.
Vale recordar que Casal llegó a la Procuración tras la renuncia, forzada con amenazas, de Alejandra Gils Carbó en 2017. Desde entonces hasta el 2019 el gobierno de Cambiemos no logró los votos necesarios -dos tercios- en el Senado para ratificar a Casal como Procurador. Pese a ello, Macri y Garavano lo sostuvieron siempre en su cargo y tras el cambio de gobierno, Casal se niega a renunciar pese a que el Frente de Todos impulsa -con idas y vueltas- a Daniel Rafecas para el cargo.
Más allá de las marchas y contramarchas, el cargo de Procurador ante la Corte Suprema de Justicia está lejos de ser un puesto menor. De hecho, en la actualidad, se puede considerar a Casal como un funcionario de Macri todavía en actividad, que reafirma y alienta la política judicial del gobierno anterior. De otro modo: Casal es un alfil de Macri y ostenta uno de los cargos más importantes del Estado.
No caben dudas de que Casal juega en tándem con los jueces federales de Comodoro Py. Junto a la derecha nucleada en Juntos por el Cambio, la embajada de EE.UU. y los grandes medios de comunicación, forma parte del bloque de poder que sostiene el lawfare en Argentina.
El proyecto de reforma del Ministerio Público es parte de la tan necesaria como demorada reforma judicial. Uno de los objetivos del ministro de Justicia, Martín Soria, es que el Congreso finalmente pueda nombrar un Procurador General y desplazar así a Casal que permanece atornillado al cargo desde hace cuatro años.
Por el momento, al Frente de Todos le faltan once votos para alcanzar los 129 necesarios para aprobar el proyecto. Por su parte, el interbloque macrista cuenta con 115 votos que estarán abocados a evitar la reforma y a sostener a Casal.
Las negociaciones más importantes del oficialismo están orientadas a sumar los seis votos del Interbloque Federal para el Desarrollo de José Luis Ramón. La norma, que tiene media sanción del Senado, ya sufrió más de treinta modificaciones y podría sufrir algunas más, de acuerdo a cómo avancen las negociaciones.
Más allá de Casal
Sin dudas las principales disputas en torno al proyecto están asociadas al futuro Procurador. Las tensiones atraviesan a todos los bloques, especialmente al interbloque de Juntos por el Cambio. Es que con el objetivo de voltear la reforma del Ministerio Público, un sector de la bancada macrista se manifestó a favor de votar el pliego de Rafecas si el gobierno desiste con la reforma. Pese a ello, en las últimas horas el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reiteró que el candidato presidencial es Rafecas y que su designación debe ir de la mano de la reforma del Ministerio Público.
¿Qué se pone en juego con el proyecto? Al momento, siempre teniendo en cuenta que puede haber modificaciones en las próximas semanas, el proyecto prevé una nueva “mayoría absoluta” de mitad más uno para la designación del Fiscal General, en lugar de los dos tercios necesarios con la ley vigente. Esta modificación busca evitar que se prolonguen en el tiempo designaciones transitorias como la de Casal.
Por su parte, el cargo de Procurador dejará de ser vitalicio y se extenderá por diez años, con posibilidad de ser reelegido por única vez por cinco años más. El propósito es evitar que la elección del Procurador coincida con las elecciones presidenciales.
Antes que nada, la importancia de estas modificaciones es simbólica, ya que pone en cuestión el carácter vitalicio de los cargos en el poder judicial. Esta no es una cuestión menor frente al único poder del Estado con cargos vitalicios, privilegios impositivos y capacidad de autorregulación mientras se erige como árbitro de las disputas políticas, económicas y sociales.
Como insistimos cada vez que el debate por la reforma judicial ocupa la escena política, la pelea por la democratización de la justicia es fundamental para toda la sociedad. Dicha democratización implica hacer mella allí donde se asienta el actual poder de jueces y fiscales: en su carácter corporativo y en ese sentido, más allá del Procurador, la reforma del Ministerio Público se hace necesaria y urgente.