Tras los informes presentados por las farmacéuticas, ayer en la Cámara de Diputados quedaron al descubierto los motivos por los que la multinacional yanqui no acordó con el Estado nacional la provisión de vacunas contra el Covid. La oposición cargó contra la ley de vacunas que votó en noviembre del año pasado.
Luego de idas y venidas, ayer se llevó a cabo la convocatoria realizada por la Cámara de Diputados a los laboratorios con los que el Estado nacional negoció durante el último año para adquirir vacunas contra el Covid-19.
Convocada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, y el bloque del Frente de Todos, la jornada puso negro sobre blanco las política adoptada por la oposición nucleada en Juntos por el Cambio, cuyo propósito radica en esmerilar las gestiones que lleva a cabo el Estado para enfrentar la pandemia, en un contexto de crisis global y escasez mundial de vacunas.
Los laboratorios convocados, “bajo apercibimiento de ley”, fueron aquellos que producen las vacunas AstraZeneca, Covishield, Sputnik V, Sinopharm; también se hizo lo propio con representantes del mecanismo Covax de la OMS.
Por diversas circunstancias, ninguno de los convocados se apersonó en el Congreso: AstraZeneca realizará su presentación por escrito, Covax presentará un informe contestando consultas más adelante, el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Ruso que producen la Sputnik y el Estado de China que produce la Sinopharm responderán vía Cancillería. En tanto los representante de Pfizer y Richmond, este último a cargo de la Suptnik Vida, lo hicieron de forma virtual.
El foco de atención estuvo dirigido, como era de esperarse, en las declaraciones del laboratorio Pfizer, eje de la campaña contra el gobierno por parte de la oposición, que tuvo que responder ante Diputados por qué no acordó con Argentina.
En su intervención el gerente general del laboratorio Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer, aseveró que el actual marco legal para la adquisición de vacunas en Argentina “no es compatible con los requisitos del contrato” exigido por la compañía. Según argumentó Vaquer, la traba radica en las cláusulas de “indemnidad y otras protecciones” que la Pfizer busca acordar con el Estado y que la normativa vigente no permite.
El representante de Pfizer detalló durante la audiencia que “no fuimos invitados a participar del proceso legislativo, pero sí habíamos compartido el contrato y los aspectos contractuales con el Poder Ejecutivo y entendemos que es potestad del Gobierno decidir con qué vacuna avanzar y, de ser necesario, realizar cambios en el marco legal o proponerlos”.
El marco legal vigente quedó determinado en la ley de vacunas (Ley 27.573), votada por el oficialismo y la oposición en noviembre del año pasado. Por ese motivo, los referentes de Juntos por el Cambio embistieron contra el gobierno, haciendo gala de una memoria selectiva tan cara a la estrategia política de la derecha en el país.
El absurdo quedó plasmado en la cuenta de Twitter de uno de sus referentes, el diputado nacional por Córdoba Mario Negri, quien publicó un tuit en el que expresó: “Nicolás Vaquer -gerente de Pfizer- dijo que la ley no es compatible con lo que la empresa solicita. El dato llamativo es que dijo que no fueron convocados por el Gobierno a participar de la confección de la ley. Quedó claro que el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca”.
Absurdo por donde se lo mire, Negri omite que la ley fue votada por su espacio político. Pero lo peor, es lo que su declaración reclama al gobierno nacional por no consultarle a un laboratorio multinacional qué condiciones se adecuan mejor a su modelo de negocios para vender vacunas en el país, una actitud que pinta de cuerpo entero lo que fueron los cuatro años de gobierno de Macri, con un ministro de Agricultura de la Sociedad Rural o un ministro de Finanzas discípulo de Wall Street.
Entre las huestes del oficialismo fue el ministro del Interior, Wado de Pedro, quien salió al cruce y remarcó que el objetivo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich “es obstaculizar la llegada de vacunas para la Argentina” y señaló que representan un proyecto político que atenta contra “la esperanza” y “la vida” de los argentinos.
Lo cierto es que Pfizer se vio obligada a reconocer en Diputados que es su política empresarial la que impide concretar acuerdos en las condiciones que exige la ley argentina. Debido a que los negociaciones transcurrieron -y transcurren- en el marco de un acuerdo de confidencialidad, no se ahondó en los detalles, pero Vaquer dejó en claro que si Argentina modifica su ley, votada por el oficialismo y la oposición hace poco más de medio año, estaría en condiciones de cerrar un acuerdo con el Estado nacional.
Así, una vez más queda al descubierto que la campaña de Juntos por el Cambio contra el plan nacional de vacunación y la política sanitaria del gobierno gira en torno a denuncias falsas. Vale recordar que, hace pocos días, la propia compañía emitió un comunicado en el que desmintió a la presidente del PRO, Bullrich, quien había afirmado que el gobierno pidió pagos indebidos para adquirir vacunas de la compañía.
Mientras tanto, ayer arribó a Ezeiza el primer lote del principio activo para producir en la Argentina la vacuna Sputnik V. En el mismo vuelo también llegaron cuatrocientas dosis del componente 2 y 81.850 del componente 1 de Sputnik V, además de un lote para la República del Paraguay, acción que refuerza el papel central que desempeña Argentina en el nuevo concierto sudamericano, frente a un Estado brasileño cada vez más hundido en sus propias contradicciones, a la espera de las elecciones presidenciales en las que Lula figura como el favorito.