Pequeños pescadores de todo el país reclaman al Estado nacional la creación de mecanismos que permitan generar un mercado interno para el pescado a precios populares. Argumentan que los recursos y las posibilidades existen, pero que en la actualidad el sector está dominado por los grandes frigoríficos y dedicado a la exportación.
Pequeños pescadores del país realizaron la semana pasada un “pescadazo” con el propósito de visibilizar la situación de un sector de la economía popular que es clave en términos de soberanía alimentaria y de lucha contra el aumento de precios de los alimentos. El “pescadazo” tuvo lugar al mismo tiempo que se mantiene el lockout patronal de la mesa de enlace por la prohibición de exportar carne vacuna, tras varios meses de aumento sostenido del precio de este alimento fundamental en la dieta nacional.
Los pescadores, organizados en la Rama Agraria de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), denunciaron que los frigoríficos les pagan entre veinte y cincuenta pesos el kilo de pescado y que luego la mercadería llega a los supermercados ocho veces más caro, con precios atados a sus valores internacionales. Asimismo, denunciaron que la Prefectura Naval los persigue porque no tienen “permiso” para trabajar.
Dada la situación del sector, los pescadores reclaman al gobierno nacional, mediante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería, que avancen las negociaciones de una mesa de diálogo en la que están pidiendo políticas de apoyo para poder comercializar su producción en el mercado interno.
La posibilidad de que el pescado llegue a la mesa de los argentinos a precios muy populares es real y solo se necesita de voluntad política. Así lo expresaron los pequeños pescadores, quienes reclaman la creación de instrumentos para el comercio directo y llegar al consumidor sin intermediación, como forma de bajar la inflación.
Por ejemplo, en la actualidad solo el diez por ciento de la pesca en el Atlántico Sur llega a las mesas nacionales. La población consume 7,2 kilos de pescado per cápita al año, mientras que el consumo de carne, que está en su piso histórico, asciende a los 57 kilos.
El bajo consumo de pescado puede explicarse por hábitos culturales: la dieta argentina privilegia otros alimentos antes que el pescado sea una opción. Pero también es cierto que existe un obstáculo estructural para que su oferta sea barata y masiva: el comercio internacional del pescado y los frigoríficos exportadores.
En Argentina y empujadas por las exportaciones de crustáceos, las exportaciones de pescados y mariscos superan desde hace tres años a las de carne y sus preparados: 1.959 millones de dólares frente a 1.934 en 2017.
Pesca ilegal y soberanía nacional
Los precios de los alimentos es el principal problema que tiene la economía doméstica del país. En mayo, informó ayer el Indec, el índice de precios al consumidor subió un 3,3 por ciento. Con esta suba, la inflación minorista en los primeros cinco meses del año alcanzó el 21,5 por ciento y en los últimos doce meses acumuló un incremento de 48,8. En este contexto, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas marcó un incremento del 3,1. Si bien es cierto que se registró una desaceleración general de la inflación de todos los rubros que componen el sector “Alimentos y Bebidas”, lo cierto es que es el rubro que más golpea al bolsillo de la clase trabajadora.
La comercialización del pescado en el mercado interno podría formar parte de un conjunto de medidas y políticas tendientes a crear nuevos hábitos alimentarios y al mismo tiempo, a generar circuitos de producción, distribución y comercialización alternativos a los de los frigoríficos y supermercados, con la posibilidad de acercar a los dos polos de la cadena: productor y consumidor.
Pero para que esto sea posible hay que enfrentar el problema de la internacionalización del precio de la carne de pez y la pesca ilegal. Este último es un problema de larga data en el país y que en los últimos meses ha cobrado cierta relevancia pública. Los barcos que practican la pesca ilegal en la zona conocida como “milla 201” son cada vez más.
Asimismo, la pesca ilegal en aguas del Mar Argentino, dentro de la zona de doscientas millas de soberanía nacional, provoca a la economía del país una pérdida de dos mil millones de dólares al año.
Para defender estos recursos, el Estado nacional, a través de la Prefectura, debe custodiar más de cinco mil kilómetros de costa. Según datos oficiales, en Argentina operan 1.020 barcos pesqueros con licencia y la mayoría pesca a menos de cien millas de la costa porque no resulta rentable, argumentar, ir hasta aguas internacionales.
Hay que remarcar que dadas las condiciones actuales, se considera que la pesca ilegal en Argentina se desarrolla bajo tres modalidades: la pesca legal pero que se realiza en ausencia de permisos; la pesca no declarada; y la pesca no reglamentada.
Una de las zonas más sensibles para la economía y la soberanía nacional es la zona de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. Según cálculos del Estado nacional, elaborados en base a registros y estimaciones, la pesca en las aguas linderas a los archipiélagos oscila entre doscientas mil y cuatrocientas mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las trescientas mil.
En este marco, vale recordar que la explotación ilegítima de los recursos marítimos por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.
A partir de ese momento, la economía de las Malvinas se transformó y la explotación de los recursos marítimos argentinos pasó a ser la principal actividad económica de los isleños, que en la actualidad representa más del noventa por ciento de las exportaciones de las Islas por un valor aproximado de quinientos millones de dólares al año.