El “oro blanco” como se conoce al litio, mineral que se emplea para la construcción de baterías, es un recurso fundamental para el funcionamiento de equipos portátiles como teléfonos inteligentes, computadoras personales y tabletas. Argentina cuenta con una de las reservas más importantes del mundo y su nacionalización ya está en agenda.
Un proyecto presentado por el diputado nacional Marcelo Koening, integrante de la bancada del Frente de Todos, reavivó la discusión en torno a las condiciones de extracción y exportación del litio que se explota en el norte argentino, más específicamente en la zona del “Triángulo del litio”, ubicado entre el salar de Atacama en Chile, el de Uyuni en Bolivia y las provincias de Salta y Jujuy. En el documento presentado en el Congreso, Koening plantea declarar al litio como “recurso estratégico nacional”, lo que implicaría que el Estado asuma un rol central en la obtención y comercialización de este mineral que es una materia prima elemental para las empresas que fabrican tecnología. En la actualidad Argentina tiene un impuesto fijo del 3 por ciento para los pocos productores de litio en el país.
Como era de esperar el bloque de diputados de Juntos por el Cambio anticipó que rechaza “categóricamente” la propuesta y, a través de un comunicado, manifestó una “profunda preocupación” por la iniciativa del legislador oficialista. En sintonía con la política promovida por el macrismo en el gobierno nacional del período 2015-2019, el bloque de Juntos por el Cambio apoya la entrega del negocio a las empresas transnacionales, entre ellas Toyota, que ya se encuentra desarrollando proyectos en Jujuy.
La explotación de Litio puede engrosar considerablemente el ingreso de divisas al país. En los últimos años empresas de Italia, Japón y China comenzaron a instalarse en Jujuy y Salta para organizar la extracción del mineral y montar un circuito de exportación. Argentina se consolidó en el lustro precedente como el primer destino mundial de exploración de litio y se estima que tiene reservas como para convertirse en el tercer productor global.
Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos (Usgs) en Argentina hay 873 mil hectáreas disponibles para explotación. Es un botín más que apetecible para las multinacionales del sector que ya orientaron su política comercial con el propósito de copar las áreas de explotación. En la actualidad hay alrededor de 20 proyectos de explotación, algunos de ellos muy avanzados, dos minas funcionando y una construcción en marcha. En total ya son diez las empresas que presentaron credenciales para quedarse con el negocio, entre ellas BMW y Toyota entre otras, además de Livent, Orocobre, Sales de Jujuy y Litarsa que operan parcialmente.
No quedan dudas de que la Argentina es uno de los países más relevantes en extracción de litio. Por ello, el autor del proyecto —en una entrevista concedida a Radio Gráfica— remarcó que en el caso que el proyecto no prospere, el Estado nacional no podría contar con esos recursos y provincias como Salta, Jujuy y Catamarca deberían negociar directamente “con empresas multinacionales que dejan menos del 5% de las ganancias, y el resto se lo llevan“.
Según se desprende del proyecto, las provincias no quedarían excluidas de la explotación y las ganancias, sino que pasarían a formar parte de una comisión junto al Estado nacional y el sistema científico técnico argentino, para que “entre los tres decidan quién, cómo y para qué es el litio”.
Hay que apuntar que es difícil que el proyecto avance porque el artículo 124 de la Constitución Nacional delega en las provincias el control de los recursos naturales de su territorio, entre ellos los mineros. Es verdad, entonces, que para modificar estructuralmente la minería en el país se necesita de una reforma constitucional que cambie las reglas de juego. Sin embargo, hasta que las correlaciones de fuerzas y la voluntad política dé para dicha reforma, se pueden implementar estrategias intermedias con el propósito de evitar que continúe el saqueo y la depredación de los recursos naturales en manos de empresas transnacionales. Una alternativa transitoria es que, con participación de las provincias, YPF asuma el control de las etapas de exploración, explotación y procesamiento del litio en Argentina.