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Vie, Abr
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Política
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El gobierno nacional lanzó una línea de crédito especial para la construcción de viviendas destinadas a jubilados y pensionados mayores de 60 años que no pueden calificar en los programas regulares.

El gobierno nacional lanzó una línea de créditos denominada “Casa Propia - Casa Activa” para que trabajadores jubilados mayores de 60 años puedan acceder a la vivienda propia, en el marco de la crisis habitacional que durante los últimos años se profundizó debido a la pandemia y a la política económica del macrismo. Esta línea de crédito, administrada por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que encabeza Jorge Ferraresi, contará con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos y estará orientada exclusivamente a la construcción de nuevas viviendas, que se adjuricaran en comodato a las personas mayores de 60 años que sean beneficiadas.
Según informó la cartera que conduce Ferraresi, “Casa Propia – Casa Activa” es la primera experiencia pública en Latinoamérica de hábitat integral para personas mayores. La inversión del Estado nacional se concentrará en el desarrollo de cien proyectos en 23 provincias y en 40 municipios de la provincia de Buenos Aires. En cada uno de estos, se llevará adelante la construcción de viviendas con equipamientos y áreas comunes y específicas para el desarrollo de actividades educativas, deportivas y de recreación, al tiempo que se brindará acceso a Centros de Día con atención de salud primaria y terapéutica.
Las obras serán financiadas por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la ejecución estará a cargo de las provincias y municipios, quienes además se encargará de administrar el funcionamiento y mantenimiento de las viviendas, los espacios comunes y los Centros de Día. Por su parte, PAMI equipará y financiará las prestaciones para el funcionamiento de los espacios comunes.
En nuestro país, si se siguen los datos oficiales y se tienen en cuenta las estimaciones elaboradas por organizaciones populares, se puede establecer que el déficit habitacional es una problemática que afecta a 4 millones de personas. En su mayoría, se tratan de trabajadores no calificados y/o no registrados, que comparten el mismo techo con al menos cuatro o cinco integrantes del grupo familiar, cuando no amigos o desconocidos con los que se juntan para compartir gastos. Por su parte, aunque no hay cifras oficiales al respecto, si se tiene en cuenta el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, se puede concluir que dentro de este universo, los trabajadores jubilados y pensionados integran un subgrupo importante de afectados por el problema del acceso a la vivienda en Argentina.
En este contexto, la iniciativa “Casa Propia - Casa Activa” demuestra, una vez más, un compromiso por parte del gobierno de que el Estado asuma un rol protagónico en la reconstrucción económica: la construcción de nuevas viviendas motoriza el empleo, reactiva el mercado interno y amplía la oferta de viviendas. Para un sector de los trabajadores jubilados y pensionados este programa puede ofrecer soluciones que hasta el día de hoy no se encontraban al alcance de la mano.
Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, es necesario plantear la problemática de la vivienda popular para trabajadores jubilados y pensionados. En el país poco más de 6,9 millones de trabajadores son jubilados y/o pensionados. La jubilación mínima, que cubre casi el 49 por ciento de las jubilaciones, ronda los 23 mil pesos. Es decir, casi tres millones y medio de jubilados y pensionados no superan los 23 mil pesos de ingresos mensuales en concepto de haberes: ¿qué pasa, entonces, con aquellos trabajadores mayores de 60 años que no son propietarios? Para diseñar e implementar una política social orientada a solucionar el problema del déficit habitacional en este sector de la población, el Estado debería impulsar un relevamiento nacional en todas las jurisdicciones del país e incorporar, tal como lo hizo con el programa “Casa Propia - Casa Activa”, a jubilados y pensionados en las políticas de acceso a la vivienda. Tarea para la cual las organizaciones sociales, populares y los sindicatos están preparados.