La inflación de abril fue la más baja en dos años y medio. Sin embargo, si se tiene en cuenta el contexto de cuarentena, con precios congelados en rubros esenciales y los controles del Estado en las góndolas de los supermercados, el 1,5 por ciento que marcó el Indec resulta altísimo, mucho más en el sector alimentos que fue de 3 puntos ¿Cómo se explica?
El Indec dio a conocer el índice inflacionario del mes de abril, el primero que midió la suba de precios de un mes entero con el país en cuarentena. Se supo que la inflación fue de 1,5 por ciento. El dato, descontextualizado, muestra que se trató del índice más bajo desde noviembre de 2017. Pero puesto en contexto, demuestra una inflación altísima para un país en cuarentena. Entonces, saltan a la vista algunos interrogantes, principalmente relacionados a la estructura económica nacional y el contexto actual a nivel local y global. A nadie se le escapa que estamos inmersos en una pandemia que frenó casi por completo la actividad económica, con alquileres y tarifas congeladas, precios máximos fijados y otra batería de medidas. Así las cosas, queda en claro que un índice que a primera vista parece bajo dada la media nacional de los últimos cuatro años, en realidad es sumamente elevado. ¿Cómo se explica?
La pandemia provocó el cierre definitivo o parcial de algunas actividades, mientras que otras, las consideradas esenciales, mantuvieron su actividad. Empero, incluso en las actividades esenciales se produjo una merma, no ya con relación a la capacidad instalada sino con relación a los meses de febrero y marzo de este año. Además, se congelaron precios de productos denominados esenciales y el Estado nacional desplegó, en conjunto con los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires, un fuerte control de precios que le dio una capilaridad al Estado para esta función que la Secretaría de Comercio Interior no había tenido hasta el momento. Todo ello es cierto y sin dudas surtió efecto.
Sin embargo, para entender por qué el índice inflacionario fue tan alto en este contexto es necesario hurgar en algunos rubros, en los que se podrían encontrar algunas respuestas que se vinculan con la estructura económica argentina, altamente dolarizada y monopólica.
Una vez más, como sucede muy a menudo, mucho más desde que no se autorizan aumentos a las empresas de medicina prepaga, el rubro que más subió fue el de alimentos y bebidas: un 3,2 por ciento. Así, pues, otra vez sale a la luz el problema de los formadores de precios. Esto quiere decir que no alcanza o no es efectiva la voluntad del gobierno del Frente de Todos de controlar los precios en las góndolas. Lo cierto es que los alimentos antes de llegar a las góndolas de una cadena de supermercado o al mostrador de la despensa del barrio, están sometidos a una serie de factores determinantes. Estos son los que explican los aumentos en este rubro fundamental, el que mayor demanda tiene en el país. Por ello, para atacar las condiciones estructurales de la inflación, que como nunca quedan expuestas en este contexto de pandemia, hay que ir contra los grandes productores. Los grandes productores concentran la producción y exportación de alimentos, posición que les permitió desarrollar un aceitado mecanismo para asumir costos en pesos y obtener ganancias en dólares.
Una breve radiografía por el sector alimenticio ayudará a comprender lo que decimos. En la actualidad un grupo de empresas concentra el 80 por ciento de la producción de alimentos y bebidas destinados al mercado interno. Estas empresas, que son las primeras pero no las únicas responsables de la inflación en el país, son: Arcor, Molinos Río de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez, Molinos Cañuelas y Morixe. Falta todavía aquí la otra cara de la misma moneda y es la de las grandes cadenas de comercialización o supermercados. Estas son Coto, Carrefour, Cencosud —Jumbo, Disco y Vea—, la Anónima y Walmart, que concentran el 65 por ciento de la comercialización de los alimentos y bebidas que se consumen en el país. Ambos polos, el de la producción y la comercialización de alimentos se encuentra concentrado y en manos privadas.
En ambos casos, se trata tanto de grandes empresas nacionales como multinacionales. En las esferas del gran capital no hay contradicciones entre unas y otras, no tienen patria, solo avidez de ganancias. Esto mismo es lo que permite explicar en gran medida el acuerdo tácito que existe entre ambos polos de la cadena y que se sustenta en la decisión de trasladar al precio de los alimentos las variaciones del precio del dólar, aún cuando producen en pesos. ¿Por qué? Y al mismo tiempo ¿por qué varía el precio del dólar con las restricciones y el comercio internacional parado por las consecuencias de la pandemia?
Para contestar a estas preguntas falta profundizar un poco más. Aún falta explicar qué tipo de ventajas, además de las obvias, obtienen estas empresas de su posición privilegiada o monopólica. Una de las claves está en las exportaciones que realizan. Recordemos que durante los cuatros años del gobierno de Macri el comercio exterior se flexibilizó a punto tal que las grandes empresas gozaron de las máximas libertades. De allí también que durante ese período la fuga de capitales haya sido récord: 86 mil millones de dólares, 20 mil más que el préstamos del FMI. Asimismo, hay que remarcar que este proceso no se asienta en las ventajas que hayan podido obtener en apenas cuatro años, sino que se funda en décadas de saqueo y concentración. El problema es de fondo y está enquistado en la estructura del Estado nacional. De ahí que la voluntad de una coalición de gobierno para modificar ciertas estructuras no alcance si dicha voluntad no afecta las condiciones estructurales que permiten a estas empresas mantener esta posición de privilegio.
Volviendo a lo anterior, en los primeros cuatro meses del 2020 la demanda externa de productos alimenticios fue superior al mismo período del año pasado. Por eso, estas empresas de enorme capacidad de intervención en la economía nacional presionan en la actualidad por una devaluación cada vez más grande y al mismo tiempo dolarizan los precios de los alimentos. En estas semanas, el alza en el precio del dólar blue podría explicarse por la presión de estas empresas.
En el rubro aceites comestibles el ejemplo puede ser claro. Aceitera General Deheza (perteneciente a la familia Urquía), Molinos Río de la Plata (del Grupo Pérez Companc) y Arcor (Pagani) manejan el 90 por ciento del mercado interno. En tanto, en el rubro de oleaginosas, cuyo procesamiento deriva en aceites comestibles, las compañías Moreno-Glencore (Estados Unidos), Vicentín y ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) concentran el 90 por ciento de las exportaciones. Así, pues, se observa porqué los precios locales están sometidos a la implacable presión de la dolarización. En otras palabras, son estas empresas las que dolarizan de hecho el precio de los alimentos. Por ello, una botella de litro y medio de aceite mezcla cueste en el supermercado local 200 pesos o más, ya que AGD (Natura), Molinos Río de la Plata (Cocinero) y Arcor venden esa misma botella a dos dólares en Europa.
Queda claro porqué cuando se llega al control de precios en góndolas ya es demasiado tarde. Es una medida efectiva para determinado momento, con relación a determinados productos. Pero no tiene la capacidad de cortar el problema allí donde surge.
Justamente, para atacar las verdaderas causas de la inflación es que el Partido Comunista insiste desde un primer momento en nacionalizar Vicentín. Pero además, propone nacionalizar el comercio exterior. ¿Qué otro flagelo afecta más a los trabajadores que la dolarización de los alimentos? Los controles para la compra de moneda extranjera tanto a empresas como a personas particulares permite cerrar el grifo de la canilla, pero no evita las decenas de filtraciones que tiene la tubería, carcomida por la acción de las grandes empresas que dolarizan sus productos y ganancias. Si se nos permite la metáfora, es preciso entonces cerrar la llave maestra y cambiar la instalación de caños.