Hora de negociaciones, de los bonistas, ahora viene el FMI. Mientras tanto, los que reclaman que se arregle con rapidez, presionan por una nueva devaluación.
¿Devaluar antes de comenzar a negociar con el FMI? La idea que en estos días se multiplica, como letanía, desde las propaladoras de la massmedia hegemónica, carece de argumentos sólidos ni se explica desde una constatación empírica que demuestre alguna ventaja que podría traer una decisión como esta.
De todos modos, la presión es fuerte tal como quedó exhibido la semana pasada cuando mientras organizaba la movilización cacerolera del 17 de agosto, el holding Clarín-Telecom, invirtió algo así como 2.400 millones en una maniobra financiera que empujó la cotización del dólar contado con liquidación (CCL) a la cifra de venta récord de 133 pesos, tal como se desprende de los datos aportados por un informe sobre las transacciones en el Mercado Abierto Electrónico.
Casi en coincidencia, Clarín impulsaba su particular relato para explicar la suba del precio de venta del dólar CCL e ilegal Blue. Sus argumentos son los mismos de siempre: tasas negativas, emisión monetaria e “incertidumbre económica”.
Por supuesto, el holding evitó mencionar que la maniobra timbera que encabezó, tiene como consecuencia necesaria la suba del precio de venta de la divisa estadounidense. Y nada dice sobre el destino que, seguramente, va a tener el producto de la maximización de tasa de rentabilidad que le trajo este simple pasamanos.
Vale citar que este holding es controlado por una serie de sociedades que actúan como una intrincada arquitectura de mamuschkas, y que si se sigue su recorrido, se llega hasta Unidos LLC, una tapadera radicada en la cloaca fiscal de Delaware.
Tampoco habló sobre la presión que ejerce la retención de liquidación de divisas que lleva a cabo el sector agroexportador, algo así como doce mil millones de dólares provenientes de la venta de soja y maíz.
Nada de esto en nuevo. Durante 2015, el sector exportador de granos retuvo veinte mil millones de dólares, que sólo comenzó a liquidar después de que el entonces flamante gobierno que encabezaba Mauricio Macri, cumpliera con su promesa de devaluar ni bien entró a La Rosada.
Como se recordará, la consecuencia de esa devaluación fue casi inmediata y se sintió principalmente en el precio de los artículos de primera necesidad, sobre todo, aquellos que integran la canasta básica, es decir, la que consumen quienes no tienen opción de comprar otra cosa.
Tras el acuerdo
El acuerdo alcanzado por el gobierno nacional, que va a permitir la reestructuración de la deuda con los tres principales grupos de acreedores descomprime, ya que permite canjear 66.300 millones de dólares de títulos emitidos en el extranjero (Ver Fumata blanca).
Fue una negociación complicada pero de algún modo, menos compleja que la que se viene con el Fondo. Al menos así lo entiende el representante del Cono Sur ante el board del FMI, Sergio Chiodos, quien advierte que este proceso “va a llevar tiempo” y será más duro que el que tuvo lugar con los acreedores privados.
¿Pero por qué? La clave para comprender esto es que, a diferencia del llevado a cabo con los bonistas, la negociación con el FMI debe implicar un acuerdo que reemplace al que, en su momento, suscribió Macri con Christine Lagarde. Y esto, en el lenguaje del Fondo, implica imposición de un programa de “recomendaciones” que garanticen el pago de la deuda.
A priori, en el horizonte aparece la posibilidad de que Argentina acuerde un crédito Stand-by que permitiría alargar plazos de pago de tres a cinco años. Por otra parte, dentro de las recetas tradicionales que oferta el FMI, está el programa de facilidades extendidas que estiraría los pazos de pago hasta ocho años, pero como contraparte impondría más condicionamientos en materia de “reformas estructurales”.
¿De qué va todo esto? Este recetario incluye revisar el cuerpo de leyes que rigen a la relación entre los universos del capital y el trabajo, para avanzar en reformas regresivas que afecten también al esquema de jubilaciones, así como a los sistemas públicos y universales de salud y educación.
¿Se acuerdan de las “misiones” y las “metas” que el FMI imponía durante los 90? En todos los casos, el principal leitmotiv era “hay que bajar el déficit fiscal”. El mismo con que ahora las propaladoras massmediáticas insisten sin decir que, traducido al castellano, eso no quiere decir otra cosa que recorte -y drástico- en la inversión social y productiva. Esto es, medidas que propician una profundización de la desigualdad.
Todo por una deuda que, también en este caso, es ilegal e ilegítima, que fue contraída para blindar los mecanismos de fuga de divisas que según los datos que aporta el Banco Central, se triplicó durante la Presidencia Macri, hasta llegar a 86 mil millones de dólares. La misma fuga que favoreció a muchos de los que ahora reclaman que se ajuste y premura para acordar con el FMI.