En una decisión unilateral, el Estado chileno a través de un decreto de Sebastían Piñera, fijó nuevos límites marítimos en los que se atribuye al país trasandino más de cinco mil kilómetros de territorio marítimo perteneciente a Argentina y al Patrimonio Común de la Humanidad. Rechazo unánime del arco político local, con excepción del PRO que tangencialmente validó la decisión de Piñera.
En el marco de las tensiones políticas internas en Chile, agudizadas por las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de noviembre, un sector de la derecha encabezada por el actual presidente, Sebastián Piñera, promovió la sanción de un decreto que proyecta la plataforma continental del país trasandino al Este -es decir sobre el lado argentino- del meridiano 67º 16´ 0.
A todas luces, la proyección unilateral de los nuevos límites contradicen el Tratado de Paz y Amistad que Chile celebró con Argentina en 1984, en el marco del conflicto iniciado en 1978 por la determinación de la traza oriental del canal Beagle, que comprometía la soberanía de las islas ubicadas dentro y al sur del canal.
Al respecto, Emiliano Aguirre Guevara -historiador comunista, integrante del Cefma y especialista en Malvinas y Atlántico Sur- enfatizó que “se trata de una decisión unilateral, en la que se conjugan varios factores”. Entre ellos, destacó el historiador, “la dinámica de la política interna de Chile” y recordó que “la política exterior de cada país está determinada en buena parte por la política interna, a veces por cuestiones que obedecen a cuestiones estructurales y otras por circunstancias netamente coyunturales”.
En ese sentido, hizo hincapié en que “no se puede olvidar que este es un año de elecciones presidenciales en el país trasandino, en el que la derecha está dividida y los pronósticos indican que el partido de Piñera no tendría una buena performance, lo que relegaría a su espacio del ballotage”.
Bajo estas circunstancias, hay que pensar al decreto como “una apuesta interesada por parte de Piñera, con el propósito de avivar el nacionalismo chileno a caballo de los históricos problemas limítrofes con Argentina”.
La posición argentina sobre la cuestión es clara. En un comunicado emitido por la cancillería, horas después que se publicara en el boletín oficial chileno la nueva proyección marítima, la cartera que actualmente conduce Felipe Solá remarcó que “el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona -en referencia a la denominada medialuna- se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Dicha ley recoge en una norma interna la presentación que en su momento Argentina había realizado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (Clpc), ajustándose al Tratado de Paz y Amistad de 1984. La norma fue aprobada sin cuestionamientos por dicha Comisión, ya que establece límites marítimos de conformidad con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar).
Sobre este punto, Aguirre Guevara puntualizó que “el gobierno de Piñera se enfrenta con un problema en el escenario internacional”. Sucede que en términos de derecho público internacional, “la Convemar es realmente uno de los aspectos mejor trabajados” y añadió que “pocos aspectos del derecho público internacional cuentan con tantos consensos entre los países como el derecho marítimo”.
Además, enfatizó que “se trata de una dimensión, en la geopolítica internacional, en el que históricamente Naciones Unidas reconoció los reclamos e intereses de los países que no forman parte permanente del Consejo de Seguridad”.
Pese a que la jurisprudencia del derecho internacional contradice los fundamentos del decreto chileno, Piñera insistió en las últimas horas que “lo que Chile está haciendo es ejercer su derecho”. Sin embargo, tal como argumentó el historiador del PC, “lo que está haciendo Chile no tiene validez jurídica internacional”.
Vale recordar que “se han establecido muchísimas nuevas reglamentaciones en cuanto a la extensión del uso de las aguas y de los recursos en las 200 millas náuticas” y, por otro lado, de los límites de extensión de la plataforma continental que se relacionan con el uso del lecho y el subsuelo marítimo.
En base a lo establecido por la convención del mar, “los distintos países presentaron propuestas de límites. Argentina hizo lo propio durante el gobierno de Cristina y fue aprobada por la Convención del Mar y ratificada por Naciones Unidas durante el gobierno de Macri, con Malcorra de canciller”.
En su momento, “Chile no protestó el mapa presentado por Argentina, lo que implicaba un reconocimiento tácito a los límites delimitados en los mapas presentados”. Dicho de otro modo, “Chile asintió a los límites territoriales de Argentina, por lo que carece de validez jurídica internacional el decreto de Piñera”.
Reacciones internas
El gobierno nacional salió al cruce rápidamente del Estado chileno y mediante la cancillería denunció que “la medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar”.
Finalmente, remarca que “la citada pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional”.
En contraposición, el PRO emitió un vergonzoso comunicado -firmado por la presidenta Patricia Bullrich y Fulvio Pompeo, imputado por el tráfico de municiones a Bolivia- en el que habla de “desconfianza recíproca” entre ambos países e invita a “ambas Cancillerías, en los ámbitos existentes de cooperación e integración bilateral y regional” a que “se reúnan e inicien un diálogo que permita zanjar las diferencias hoy existentes”.
Con esta declaración, la principal fuerza de oposición política en el país y representante de la derecha “liberal” y entreguista, pone -tal como lo planteó el canciller Solá- “en un plano de igualdad el reconocimiento de la ONU de los derechos argentinos sobre el mar austral con una decisión unilateral expresada en un decreto presidencial de Chile”.
La posición del PRO no es novedosa: una de las principales candidatas a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que encabeza María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, había cuestionado hace algunos años a través de sus redes sociales el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas como una creencia “irracional” y “sentimental”.
Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Daniel Filmus, escribió en su cuenta de Twitter que los límites de la plataforma continental que el Congreso sancionó por unanimidad son los que definió las Naciones Unidas.
Mientras tanto, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Adolfo Rodríguez Saá, presentó este martes 31 de agosto un proyecto de declaración para que la Cámara rechace el decreto del presidente chileno Sebastián Piñera, que reivindica para su país una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de Argentina sin respetar el Acuerdo de Paz y Amistad firmado en 1984.