La deuda interna se agrava día a día, mientras el capital consume la riqueza natural y social del país en pos de salvaguardar la rentabilidad empresarial. En este contexto, la Cámara de Diputados dio media sanción a un Proyecto de Ley que busca proteger a las personas en situación de calle.
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un Proyecto de Ley presentado por el bloque del Frente de Todos que busca proteger a las personas que fueron empujadas a la situación de calle. La iniciativa, cuya aprobación plena se espera en el Senado, tiene como propósito atender un aspecto de la “deuda interna” y paliar una problemática en franco crecimiento.
Síntoma de la profunda crisis económica y social que atraviesa el país, que no se soluciona con medias tintas, la Ley que pueda surgir de este proyecto, ayudaría a mejorar las condiciones de vida de miles de personas.
La situación más dramática se vive en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde se calcula que hay más de cuatro mil niños en situación de calle. Los trabajadores que transitan las calles y los transportes públicos del Amba pueden dar cuenta del escenario, como así también del temor que significa la sensación penetrante de que en cualquier momento ellos mismos –y sus familias- pueden ser los próximos que se encuentren en una situación similar, dado el crecimiento exponencial del precio de los alimentos y los alquileres, que aumenta la carestía de la vida.
El panorama es desolador y pinta de cuerpo entero la crisis capitalista. En ese contexto el hecho de que la Ciudad, el distrito más rico de Argentina, sea el lugar con más personas sin vivienda del país, no hace más que confirmarlo.
El proyecto establece la creación de una red nacional de centros de integración social con atención las 24 horas que tenga espacios terapéuticos, talleres y actividades de formación, capacitación y ocupación laboral; así como un sistema nacional de atención telefónica y atención móvil para intervención inmediata y la capacitación obligatoria a todos los que intervienen en la atención de personas en situación de calle.
Asimismo, el Estado deberá realizar acciones para la tramitación gratuita de todos los documentos necesarios para que quienes atraviesan esta situación puedan acreditar su identidad personal. Esto es, partida de nacimiento, documento nacional de identidad, Cuil y Cuit, entre otros. Y también debe habilitar cupos en los planes de vivienda dispuestos por el Estado nacional.
Vale recordar que hace menos de un mes cuando se quiso discutir por primera vez el proyecto, el bloque de Juntos por el Cambio impidió su tratamiento.
En respuesta a la política de la derecha, en la última sesión el diputado nacional, Hugo Yasky, señaló que “son decenas de miles los niños y familias que están hoy en la calle. Vamos hoy a legislar en nombre de ellos, que son las víctimas más patentes de la desigualdad”.
Tras lo que enfatizó que como Argentina es “un país que todavía tiene como asignatura pendiente una justa distribución de la riqueza”, leyes como estas “son paliativas, no son leyes que resuelven la cuestión de fondo, pero es una necesidad absoluta, que el Estado no puede delegar en el sector privado”.
Resulta sintomático que, menos de un año después de la entrada en vigor del impuesto que por única vez gravó a las grandes fortunas, el Congreso Nacional deba discutir un proyecto de este tenor debido a la emergencia social y económica que afecta a las clases populares.
El problema es mundial. En los últimos días los presidentes que se reunieron en la Cumbre del G-20 realizada en Roma, acordaron un “impuesto global” del quince por ciento a las multinacionales, con el propósito de desalentar la evasión que se lleva a cabo por medio de paraísos fiscales e imponer un sistema tributario más justo.
Frente a la profundización de la crisis económica y social que atraviesa el país, síntoma regional de la crisis mundial del capitalismo que agudiza la depredación de la riqueza natural y social de la humanidad en pos de salvaguardar la reproducción del capital, el Partido Comunista insiste en la necesidad de adoptar medidas estructurales a contracorriente de las recetas ortodoxas y de las políticas “heterodoxas”, cuya aplicación ya quedó demostrado que no solucionan los problemas de fondo.
Por ello, el PC propone medidas como la reducción de la jornada laboral, el aumento inmediato de salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar, prioridad a la deuda interna en detrimento del FMI, la nacionalización del comercio exterior, recuperar la soberanía sobre nuestras vías navegables, una reforma progresiva del sistema tributario y la recuperación de las empresas de servicios públicos privatizadas, entre otras.