El gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. El objetivo: contener la crecida inflacionaria y mostrar iniciativa política. Y después de abril ¿qué?
Con el propósito de contener la crecida inflacionaria y de mostrar iniciativa política en la pospandemia para recuperar el programa original del Frente de Todos (FdeT), el gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. La decisión fue diseñada por la secretaría de Energía y publicada en el Boletín Oficial en la Resolución 1029/2021 del Ministerio de Economía.
Asimismo, junto a la extensión del congelamiento, la resolución garantiza a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el verano. El objetivo de ambas decisiones es evitar que las eléctricas ajusten el precio del servicio en las boletas de los usuarios.
La Resolución 1029/2021 debe ser interpretada junto a una serie de medidas impulsadas por el gobierno nacional en las últimas semanas. Entre ellas la Resolución 1050 de la Secretaría de Comercio Interior que estableció la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1432 productos de consumo masivo”.
Energía eléctrica y productos de consumo masivo están íntimamente relacionados. Por un lado, porque ambos ítems integran la canasta básica de precios de la economía popular. Por el otro, porque el precio de la energía es uno de los costos que contribuyen a la formación de los precios de los productos que se comercian en el mercado interno, por su incidencia tanto en la producción como en la comercialización. Por un lado o por el otro, el impacto en el índice de precios es directo.
Respecto al impacto en el índice de precios, es notorio que el Estado nacional deberá posar la mirada no solo en los comercios minoristas, muchas veces sin más alternativas que aumentar los precios por encontrarse en el último eslabón de una cadena sobre la casi no inciden, sino especialmente en las empresas proveedoras de materias primas, insumos y, claro está, energía (Ver ¿Cuánto tiempo más llevará?).
Los grupos oligopólicos deberían exhibir los precios reales que componen la cadena de valor de estos productos, algo que siempre se muestran reacios a hacer. La contraparte de la negación a exhibir los precios reales es el motivo que los lleva a sostenerla.
Vale recordar, por ejemplo, que según la Auditoría General de la Nación (AGN) las empresas responsables de la distribución eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, Edenor y Edesur, inflaron con el aval del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) macrista los costos del servicio de la luz para justificar los tarifazos de Juan José Aranguren (Ver Con los números inflados, ganancias siderales).
Gracias a los precios inflados, tanto Edenor como Edesur tuvieron ganancias adicionales por 2193,9 millones y 2027,21 millones de pesos, respectivamente. Asimismo, las tarifas alcanzaron incrementos acumulados de hasta 2.300 por ciento en agosto de 2018, “en detrimento del bolsillo de los usuarios y de la calidad del servicio recibido”.
En este contexto, el congelamiento de las tarifas eléctricas hasta el primer cuatrimestre del próximo año es un aliciente y se enmarca claramente en la política tarifaria del gobierno, que es de carácter ambigua.
El carácter ambiguo de la política tarifaria es el resultado lógico del proyecto policlasista impulsado por el gobierno, cuyo objetivo es mantener el equilibrio de fuerzas en la puja entre el capital y el trabajo.
No se puede interpretar sino de otra manera las continuidades y las rupturas respecto a la política tarifaria del macrismo. Porque así como es verdad que para la clase trabajadora el congelamiento de tarifas durante todo el 2020 fue una política importante en el marco de la pandemia, también es verdad que no se avanzó contra el esquema de precios impulsado por el macrismo, hecho que hace que todavía en el 2021 muchos usuarios de bajos recursos paguen boletas que representan una porción muy significativa en su ingreso mensual. Todo ello sin mencionar que sigue siendo tabú discutir la necesaria recuperación de las empresas de servicios públicos.
Con sustento en las dificultades económico-sociales que vive el país y a sabiendas de los límites propios que impone el carácter policlasista de la alianza de gobierno, sigue siendo válida la discusión sobre la recuperación de las empresas de servicios públicos.
Se trata de una política insoslayable en el programa de un gobierno popular en la Argentina. Justamente por ello en la actualidad no alcanza con la voluntad de los cuadros de gobierno que dirigen el Estado.
La situación demanda, entonces, poner todas las cartas sobre la mesa y discutir, de cara a la sociedad y con protagonismo de las organizaciones políticas, sindicales y sociales un programa de gobierno con medidas concretas y ejecutables en el corto plazo, que permitan revitalizar el rol del Estado en la economía, recuperando resortes estratégicos para la soberanía y economía nacional como la Hidrovía y las empresas de servicios públicos.
Para ello es fundamental que el FdeT como coalición logre construir una institucionalidad en la que se puedan discutir cómo llevar a cabo estas medidas o aquellas alternativas que emerjan del debate político y social, con el objetivo de recuperar la iniciativa frente a la agenda de la derecha.