¿Se viene el acuerdo con el FMI? Un fin de semana plagado de versiones oficiosas y operaciones. Ministros que se reúnen con empresarios y sindicalistas, mientras se intenta aceitar la agenda del Congreso. Macri manda a rezar a Larreta y Cristina manda otra carta. Tiempos de muchas preguntas y alguna respuesta.
La posibilidad de que se arribe a un acuerdo con el FMI, atraviesa todo lo que pasa durante estos días en el país. Todo lo que dice y opina todo el mundo…todos menos -significativamente- aquellos que generaron la terrible deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo, que hablan, opinan y actúan como si esta realidad no se correspondiese con sus responsabilidades del gobierno.
Y quien también habla sobre esto es Juan Manzur, que el jueves pasado se presentó en el Hotel Alvear para disertar en la reunión anual del Consejo para el Comercio y la Producción (Cicyp). Ahí insistió en que La Rosada espera que durante la primera quincena de diciembre, el preacuerdo con el FMI esté listo para ser enviado al Congreso junto al Plan Plurianual.
El jefe de Gabinete dijo que lo que se vaya a acordar no debe condicionar el proceso de recuperación de la economía, pero también tiene que permitir disipar las dudas que hay en temas clave como inflación e inversión, metas de crecimiento y tipo de cambio.
Las dudas a disipar son razonables, ya que de acuerdo a lo que firmó la runfla Macri-Dujovne, hay 24 vencimientos por capital, intereses y sobrecargos por un total de 19.115 millones de dólares para el año que viene y 19.367 millones para 2023. Es evidente que se trata de algo que tal como se pautó es absolutamente impagable.
Así las cosas, y aunque todavía es una incógnita la postura que Juntos por el Cambio (JxC) va a adoptar cuando el ejecutivo mande al Congreso el principio de acuerdo al que pueda arribar con el Fondo, por ahora esa bancada prefiere focalizarse en una agenda parlamentaria efectista. Por eso, entre las iniciativas que esperan imponer, figuran la de modificación de Código Penal, la de boleta única y “Ficha Limpia” que busca bloquear el acceso a cargos electivos a personas que condenadas judicialmente por delitos de corrupción. Pero también piensa dar pelea con los proyectos de modificación de la ley de Alquileres y el de Envases donde ya adelantó su alineamiento con las multinacionales que actúan en este sector y obturan la sanción de la norma.
Párrafo aparte merece la intención de presentar una iniciativa que declare la Emergencia Educativa, que facilite el mejoramiento de la infraestructura escolar y la conectividad. No es que esté mal la idea, pero lo llamativo es que quienes la impulsan son María Eugenia Vidal y Diego Santilli que como gobernadora y vicejefe de Gobierno fueron actores medulares de la desinversión que padece el sistema de educación público y universal.
Mientras tanto la mirada estratégica que propone el Gobierno por medio del Plan Plurianual (Ver Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil), el abordaje táctico y de coyuntura a problemas acuciantes como el inflacionario y otros de tipo táctico-estratégico como el que imponen las restricciones (Ver Crecer, pero desde el pie), todo está supeditado a cuándo, cuánto y cómo se va a pagar el tendal que la Presidencia Macri dejó como una herencia que durante muchos años se va a licuar -fundamentalmente- entre los trabajadores argentinos.
De la resolución con el FMI, dependen los retoques que se hagan al Proyecto de Presupuesto 2022 y el alcance del propio Plan Plurianual, ya que básicamente va a despejar la incertidumbre existente sobre la cantidad de dólares y la posibilidad de acceso al crédito que se tiene para encarar la estrategia de crecimiento que se plantea La Rosada.
Cuanto antes lo logre, el Gobierno va a poder retomar la agenda germinal del Frente de Todos (FdeT), que se basa el desarrollo de un modelo de crecimiento capitalista, solventado por la reconstrucción de la matriz industrial, el complejo oleaginoso y la agroindustria, así como el hidrocarburífero y el extractivo minero (Ver Ya pasó lo peor…se vienen lo más difícil).
La pata institucional-política que pretende construir para apuntalar a ese modelo, es un acuerdo policlasista y transversal que sea capaz de articular lo más que pueda, a los universos del capital y el trabajo. Y que también incluya un pacto de convivencia entre los dos bloques que tienen preeminencia en el esquema de representación política (Ver ¡Se va la segunda!).
En este sentido, la semana pasada Manzur, su vicejefe de Gabinete Jorge Neme, Wado de Pedro y Gustavo Beliz, compartieron una reunión con buena parte de lo más representativo del universo del capital que actúa en el país.
El tema casi excluyente del encuentro fue la posibilidad de que se concrete el preacuerdo con el Fondo y el Plan Plurianual, y ahí se dieron cita -entre otros- los titulares de la UIA y la Cámara de la Construcción, Daniel Funes de Rioja e Iván Szczech, así como representantes de los conglomerados Bulgheroni y Techint.
Por otra parte, se espera que miércoles que viene, el ministro Martín Guzmán visite la CGT, pocos días después de que enviara una señal hacia el universo del trabajo cuando modificó el Proyecto de Presupuesto 2022, con un fuerte retoque al alza de la inversión en obra pública.
Agenda parlamentaria
La agenda parlamentaria que debería comenzar a desandarse en diciembre, tiene dos iniciativas clave para la estrategia de crecimiento que prevé el Gobierno por medio del Plan Plurianual.
Se trata de los proyectos de Ley de Hidrocarburos y el Agroindustrial que el Consejo Agroindustrial consensuó con el ejecutivo, Sergio Massa y Cristina Fernández. Los dos tienen una matriz basada en ofrecer garantías de exportación, ventajas impositivas y un porcentaje importante de libre disponibilidad de divisas para quienes superen metas de producción que se establezcan.
Y ambos parten del presupuesto de que un boom de estos comodities, va a permitir un ingreso rápido de divisas para cumplir con el FMI y fomentar el crecimiento del PBI. Pero fundamentalmente se corresponden con un paradigma de desarrollo que tiene un componente importante en el sector primario de la economía y fomenta la concentración.
El martes pasado, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, participó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires del brindis de fin de año de Acsoja, Maizar, Argentrigo y Asagir, que son las cámaras patronales de las cadenas productivas de soja, trigo maíz y girasol.
Se trata de un sector cuyos productos tienen un papel medular en la construcción de la inflación en la que inciden por medio de productos directos, así como a través de los insumos para el engorde de ganado bovino y porcino, y pollos (Ver ¡Alerta Ovni, llamen a Fabio Zerpa!).
Ahí, recibió pedidos de más liberalización para esta actividad y dijo que se trabaja un nuevo esquema para las exportaciones de carne que va a entrar en vigencia a principios de 2022, después de que venza el plazo establecido para la aplicación de cupos vigente.
También le bajó los decibeles a cualquier polémica sobre recientes dichos del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti quien, pocos días antes, deslizó que una suba en las retenciones puede ser una alternativa para desacoplar el precio interno de la carne de aquel de exportación.
Domínguez volvió a ponerle fichas al desarrollo del Plan Ganadero con el que desde la cartera a su cargo se pretende aumentar el stock bovino en el mediano plazo. En esta línea, la idea que más fuerza fue cobrando durante los últimos días como salida al sistema de cupos vigente, es la de establecer un fideicomiso que llevaría las retenciones del nueve al doce por ciento y que con esa diferencia se subsidiaría el precio interno de cortes populares, por medio de un esquema mixto similar al que el ejecutivo acordó con el sector aceitero.
La resolución del tema de la carne bovina es central para la estrategia de desarrollo que pretende el Gobierno, pero también para el abordaje que intenta darle al problema táctico más urgente que debe enfrentar. Es que mientras que por un lado el complejo cárnico es fundamental para que entren dólares a las arcas del Banco Central, el impacto que tiene sobre el Índice de Precios al Consumidor es letal, ya que representa un trece por ciento del IPC y en el desagregado de Alimentos, es decir, de la Canasta Básica, crece al veintitrés por ciento.
Así las cosas, tras el salto que volvió a dar el precio de la carne, el martes, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, aseguró que “hasta marzo o abril del próximo año” no habrá nuevos aumentos en el mostrador.
Queda claro que existen otras formas de encarar esta problemática, que pueden ir desde el ajuste de clavijas de los derechos de exportación, hasta la vuelta a herramientas que ya funcionaron en Argentina como el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que sirvió para construir una matriz industrial utilizando la renta proveniente del sector primario. O la Junta Nacional de Carnes y la Junta Nacional de Granos, por las que el Estado fijaba un precio que se pagaba por igual a los productores, para después exportar. Pero es evidente que, hoy por hoy, no existe una correlación de fuerzas que haga viable iniciativas de este tipo.
Mientras tanto, la semana pasada el secretario Feletti avanzó en un acuerdo con las cámaras que nuclean a almaceneros y a quienes los proveen, que es el sector donde más dificultad presenta la implementación de la Resolución 1050, al tiempo que se sigue sacando la punta al lápiz con la idea de avanzar en la implementación de la nueva fase del programa + Precios Cuidados, a partir del 8 de enero.
Es que aunque la 1050 logró frenar el ímpetu de la espiral que afectaba a precios de la canasta Básica, lejos está de frenarlos. Tras dos meses seguidos de suba de 3,5 por ciento, el IPC comenzaría a desacelerarse durante noviembre, tal como señalan diferentes consultoras que son tenidas en cuenta por el Relevamiento de Expectativas de Mercado que elabora el Banco Central, que coinciden en proyectar una inflación del tres por ciento para este mes. Pero debido a características estacionales, prevén que durante diciembre vuelva a subir y que para enero ronde los 3,6 por ciento.
Así las cosas, Argentina cierra 2021 con crecimiento y recuperación de empleo conveniado e informal, pero con inflación y una marcada transferencia de riqueza desde el universo del trabajo hacia el del capital.
Cartas amarillas
Con este telón de fondo, esta semana los dos bloques que actúan en el sistema de representación política dijeron lo suyo. Desde JxC, Mauricio Macri salió a marcarle la cancha de Horacio Rodríguez Larreta cuando, entre viajecito y viajecito, señaló que “Los curas que quieren ser Papa” y mientras que el jefe de Gobierno sumaba al primo Jorge a su Gabinete, desde su espacio prefirieron señalar que “Horacio está enfocado en mantener el valor más grande, que es la unidad”.
Por su parte, desde el FdeT, la segunda carta (¿O es la parte II de la primera?) de Cristina Fernández aportó su cuota a la tapa de las ediciones dominicales de los matutinos. La vicepresidenta hizo público su abierto apoyo a la postura expresada por Alberto Fernández quien, en una frase que ya lleva su propio sello, repite a quien quiera escucharlo que no va a firmar un acuerdo con el FMI que dañe a los argentinos. Y recordó que la decisión ejecutiva corresponde al Presidente.
También volvió a poner en negro sobre blanco la responsabilidad que en la deuda con el FMI tiene el bloque de representación política que encabeza JxC, ya que fue su Gobierno quien la tomó y que lo hizo saltando todas las reglamentaciones que tiene el propio organismo (Ver Surfing en el Nyiragongo).
Pero asimismo fue clara cuando señaló que “nadie está hablando de desconocer deudas”, ya que el kirchnerismo “tiene un atributo histórico que es el de haber pagado las deudas que generaron otros gobiernos”. Y, al respecto, recordó que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI y reestructuró la que había con acreedores, en un proceso que ella misma acabó cuando fue Presidenta.
Y añadió que conforme la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública sancionada hace un año, es el Congreso quien tiene la responsabilidad de aprobar o no cómo se va apagar y bajo qué condiciones el empréstito contraído por Macri.
Al respecto, durante las últimas horas, el embajador argentino ante EE.UU., Jorge Argüello, recalcó que “estamos buscando cerrar un acuerdo con el FMI en el menor tiempo posible” y se mostró optimista con que va a haber un respaldo de la administración que encabeza Joseph Biden ¿De qué forma podría materializarse este “apoyo”? A esta altura alcanzaría con que la Casa Blanca instruya a sus representantes en el Directorio del FMI para que no veten los términos del acuerdo al que pidieran arribar los negociadores argentinos con el equipo de Kristalina Gueorguieva.
Por su parte, Massa recibió al canciller de Arabia Saudita, el príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, con una agenda tuvo que ver con la posibilidad de que ese reino invierta en áreas como hidrocarburos, energías renovables, agronegocio, minería, recursos hídricos, biocombustibles y turismo. Tras el encuentro, el funcionario saudí señaló que “Argentina es nuestro amigo y aliado, eso no va a cambiar en el FMI”. También se habla de la posibilidad de que Emiratos Árabes Unidos acuerde un swap de monedas con nuestro país, tal como el que ya se tiene con la República Popular China (RPCh).
Todo esto en un contexto en el que durante el fin de semana el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, confirmó que se está trabajando, entre otras cosas, en la letra chica del “sendero fiscal”, como así en las proyecciones de crecimiento y recaudación, y en aspectos inherentes al tipo de cambio.
Asimismo, diferentes fuentes dejaron trascender que el anteproyecto que se firmaría con el FMI, incluiría un paréntesis para el pago hasta 2024, algo que no es poco si Argentina logra crecer a una tasa promedio de seis por ciento como se propone el ejecutivo en sus proyecciones más optimistas.
Pero además podría contar con asistencia crediticia por 26 mil millones por parte de los bancos Mundial, Interamericano de Desarrollo y de Desarrollo de América Latina (lo que era la Corporación Andina de Fomento), así como lo que entraría desde los fondos del fideicomiso de resiliencia y sustentabilidad que creó el FMI.
Asimismo, dispondría de los 4.300 millones de dólares correspondientes a la ampliación de los Derechos Especiales de Giro (DEG), ya que el Fondo devolvería lo que Argentina utilizó para cancelar deuda durante este año. Y podría contar con más recursos, en este caso, provenientes los DEG asignados a países que no los usaron como Portugal, España, Francia y Rusia (Ver Roma no cree en lágrimas).
Otro punto relevante es el que señala que el Fondo accedería a poner en funcionamiento la cláusula Pari Pasu, por la que cualquier mejora futura de condiciones que acordara con otro país, extendería a Argentina de forma automática.
Y, fundamentalmente, que el FMI no impondría reformas previsional ni laboral, se acordaría el incremento anual de los presupuestos de Salud, Educación y Obras Pública, al tiempo que la reducción del déficit primario se establecería por el crecimiento del PBI, que impactaría en más consumo y recaudación. Porque si se establece un peso fijo de servicios de deuda, al crecer el PBI, ese compromiso va teniendo menos impacto sobre el producto bruto.
Por otra parte, también en los días que corren, a esta versión se sumó la propuesta pública que hizo el dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, para generar un “Fideicomiso de Inversión para el Crecimiento y la Exportación” con la RPCh y Rusia, como una “salida de la encerrona que nos dejaron Trump y Macri”, y a partir de “alianzas geopolíticas internacionales, elaborando un Plan B a las actuales negociaciones que lleva adelante el Gobierno”.
El empresario añadió que la iniciativa de un acuerdo comercial de este tipo, aseguraría cien mil millones de dólares en exportaciones, que podrían utilizarse al pago de los compromisos con el FMI.
Modelo para armar
Con el corte de septiembre, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), señalan que la actividad económica creció 11,6 por ciento de forma interanual, por lo que acumula una suba de 10,9 en el año.
Los datos del Indec también dan cuenta de que crecieron trece de los quince sectores que integran el indicador y en siete las subas fueron de dos dígitos. Con estos datos sobre la mesa, es que el ministro Guzmán se ilusiona con que el crecimiento previsto en el Proyecto de Presupuesto 2022 que es del cuatro por ciento, pueda revisarse al alza.
Así las cosas y más allá de los trascendidos ¿se puede imaginar que el FMI va a acceder a un acuerdo que permita que Argentina busque horadar el techo de crecimiento por encima de los cuatro puntos previstos para 2022?
El control del crecimiento es un punto que históricamente el Fondo defendió en sus acuerdos, ya que una economía en expansión precisa una cuota extra de dólares, mientras que una enfriada en un contexto de balanza comercial superavitaria, facilita que haya más divisas que vayan a parar al Central para hacer el colchón que asegure el pago de deuda.
Con este telón de fondo y aunque se cumpliera buena parte de lo que se dejó trascender del posible acuerdo, queda claro que la inyección de divisas que se habilitaría debe tener un correlato con las posibilidades de inversión que sea capaz de ofrecer Argentina. Y aquí es donde talla la estrategia de crecimiento prevista en lo que hasta ahora se sabe que sería el Plan Plurianual, pero asimismo lo que ya se conoce por el proyecto de Ley de Hidrocarburos y el Agroindustrial, que son los arietes con que el Gobierno pretende taladrar las dudas que el Fondo pueda tener respecto a cómo piensa crecer el PBI de Argentina.
Por su parte, el crecimiento de empleo conveniado fue de 150 mil puestos, entre septiembre de 2020 y el mismo igual mes de este año. Para esto, fue fundamental el paquete que dispuso el Gobierno durante el primer año de la pandemia que implicó el siete por ciento del PBI, que fue destinado para financiar la reconstrucción acelerada de un sistema público de salud que la Presidencia Macri había dejado al borde del colapso. Pero que también se utilizó para transferir ingresos a personas, empresas, provincias y municipios a través de ayuda alimentaria, créditos para el sector productivo y el consumo, así como para absorber costo fiscal con moratorias y alivios impositivos.
Parece que pasó hace mucho tiempo, pero ese paquete incluyó programas como IFE, ATP, Tarjeta Alimentar, Repro, Potenciar Trabajo, créditos a tasa cero a monotributistas y a tasa del 24 por ciento para empresas en lo que fue el mayor rescate empresario de la historia del país que sólo en el caso del programa de financiamiento del Banco Nación, alcanzó a medio billón de pesos en 18 meses a partir de marzo de 2020.
Después de revisar estos datos, aparecen como más ofensivas las maniobras delictivas de buena parte del complejo del agonegocio que la Afip viene descubriendo (Ver Vicentín “sigue ahí”), pero también la actitud de algunos tilingos que se indignan porque el Gobierno dejó de subsidiar sus viajes al extranjero, mediante la prohibición de compra en cuotas de pasajes al exterior.
Pero lo cierto es que aunque la desocupación afecta al 9,6 por ciento de la población económicamente activa, más del treinta por ciento de quienes tienen trabajo conveniado ganan salarios que los colocan por debajo de la línea de la pobreza, y ni qué hablar de los alrededor de siete millones que –de acuerdo al Indec- se ven obligados a trabajar en condiciones de informalidad.
¿Puede efectivamente atender a esta situación la estrategia de crecimiento que plantea La Rosada? ¿Puede hacerlo el desarrollo de un modelo de crecimiento capitalista, solventado por la reconstrucción de la matriz industrial, el complejo oleaginoso y la agroindustria, como así el hidrocarburífero y el extractivo minero? ¿Será posible que un arreglo “conveniente” con el Fondo propicie la llegada de un momento en que puedan establecerse ciertas dinámicas de integración social que descompriman el conflicto y fidelicen a los sectores subalternos en la lógica que permite la prosecución de la apropiación del plusvalor?
En este caso las dudas son más optimistas que las certezas que se tienen cuando se responden a estas preguntas. Porque aquí hay que recordar que la imposición de deuda, es parte de la solución que encontró el sistema capitalista, para intentar gambetear el cuello de botella derivado de la sobreproducción de porquerías inútiles y extrema mercantilización de todo, que comenzó a manifestarse como expresión de su crisis desde principios de los años 70 del siglo 20. Y que esto es así porque el capitalismo es un sistema político y económico, pero fundamentalmente una forma de relación social.
Por eso el modelo de desarrollo que tiene una de sus patas en el condicionamiento que impone el pago al FMI (incluso en el mejor arreglo posible), implica más concentración de la riqueza y más personas empujadas a la pobreza, esto es más desigualdad.
Pero, asimismo, este modelo deja algunas puertas entreabiertas que permiten avanzar en la construcción de formas de relación socioeconómica protagonizada por aquellos sujetos sociales más agredidos por el sistema. Formas centradas en el barrio, redes de barrios y localidades, que logren establecer dinámicas propias de producción y circulación, pero también de construcción de riqueza social a partir del trabajo asociativo y cooperativo.
La pregunta es entonces cuánto de lo que permita crecer al PBI este modelo de desarrollo, puede destinarse a esta línea en la que generación de trabajo y riqueza social, deben ir de la mano de una tarea organizativa que permita experimentar y avanzar hacia formas de democracia económica. Esto es, cuestionar y eludir lo que el sistema capitalista impone en el proceso de producción y circulación, así como en una realización diferente a la mercantilización. Porque es posible construir otra forma de relación social, que se pare en la vereda de enfrente de aquella que impone el capital.
Esto es lo mejor que desde el Partido Comunista podemos aportar al FdeT, pero también es aquello por lo que debemos pelear hacia adentro de la propia coalición de Gobierno que integramos y defendemos. Esto es que a diferencia de lo que pasó en la época de las “tasas chinas”, esta vez, una parte del crecimiento pase a ser una herramienta administrada directamente por los trabajadores ¿Será mucho pedir?
Porque más allá del corsé y de los sapos que impongan las necesidades tácticas a una fuerza que, como el FdeT, es diversa y tiene su eje en el centro del escenario de representación política, mientras casi todos miran al Fondo, nosotros podemos proponernos ir a fondo, porque -después de todo- somos la izquierda, somos comunistas.