Así lo recalcó la titular de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Iris Pereyra de Avellaneda, al referirse a la decisión del Tribunal oral Federal 1 de San Martín que concedió la libertad condicional a Santiago Omar Riveros.
“Esto es vergonzoso a Riveros y a todos los genocidas los quiero en la cárcel, no en sus casas ni en la calle”, advirtió la presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh), Iris Pereyra de Avellaneda, al referirse a la decisión del Tribunal oral Federal 1 de San Martín que concedió la libertad condicional a Santiago Omar Riveros, al acatar un fallo de la Cámara Federal de Casación.
Así las cosas, la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que lleva la firma de la jueza Silvina Mayorga, acata el fallo del máximo tribunal penal federal del país que, el 7 de abril pasado, dejó sin efecto su rechazo a la libertad condicional de Riveros y le ordenó que dicte una nueva sentencia.
Pese a esto, la magistrada aclaró en la resolución su postura contraria a conceder la libertad condicional a Riveros, a quien ese mismo Tribunal había condenado a prisión perpetua el 30 de agosto de 2019 por delitos que perpetró cuando fue jefe del Comando de Institutos Militares con asiento en la guarnición militar de Campo de Mayo.
La jueza recordó que cuando desestimó otorgar a Riveros el beneficio que ahora le brinda Casación, tuvo en cuenta “las exposiciones de las víctimas que categóricamente se opusieron a la libertad anticipada del condenado”. Y en su argumento recalcó que “en aquella ocasión sostuve que las situaciones de detención de Riveros -cumple prisión preventiva en numerosos procesos en trámite ante esta sede y también severas penas de prisión a disposición de otros tribunales- imposibilitaban la libertad pretendida ya que le impedirían cumplir con las cláusulas compromisorias a las que se encuentran sujeta precisamente la libertad condicional”.
Y que “valoré además que Riveros cumple pena de prisión por delitos de lesa humanidad y que la libertad anticipada podría conducir a una solución que, mediante una reducción indebida de pena, conlleve a la responsabilidad internacional del Estado argentino de acuerdo a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos”.
De todos modos, más allá de esta determinación judicial, el genocida que tiene actualmente 98 años de edad, va a continuar detenido merced a la condena a 45 años de prisión, que pesa sobre él desde 2018 cuando fue encontrado culpable del delito de apropiación de bebés, que fue perpetrado en un centro de detención clandestino, que funcionaba en Campo de Mayo durante la última dictadura.
Con este telón de fondo y a la hora de cuestionar la decisión de Casación, Iris Pereyra, volvió a cuestionar al Poder Judicial y sostuvo que es preciso “dar una pelea muy profunda para reformar la Justicia, para que sea popular y deje de responder a los intereses que tiene la actual Corte Suprema de Justicia”.
Tras lo que fue clara al hacer hincapié en que los genocidas “deberían estar todos presos y cumplir cárcel efectiva en cárcel común”, algo para lo que “hay que salir a la calle y protestar como corresponde como cuando durante el gobierno de Macri se intentó dejarlos en libertad mediante el 2 x 1 y la movilización popular le puso freno a esa medida”.
Respecto a la causa abierta por los delitos perpetrados en el Centro Clandestino de Detención que funcionara en Campo de Mayo, donde ella estuvo secuestrada junto a su hijo Floreal, Iris Pereyra recordó que pese a que el juicio se sustanció durante 2009 “las condenas de Riveros y los demás genocidas nunca fueron fijadas”, por lo que “la causa de mi hijo no está finalizada”.
Y finalizó lamentando que provoca “mucha bronca que pueda quedar en libertad un personaje como Santiago Riveros, que fue el cerebro de Campo de Mayo, donde por El Campito pasaron alrededor de siete mil personas”.