Los integrantes de la cadena cárnica bovina se pintan la cara y amenazan con provocar aumentos considerables en este producto que es central en la mesa popular y tiene un impacto clave en el Índice de Precios al Consumidor.
“Para el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de la Carne, Miguel Schiariti, la carne estuvo muy barata durante 2022 y entonces van a aumentar el precio de este producto que tiene una incidencia fuerte en el IPC, “hasta un cuarenta por ciento durante los próximos meses”.
Pero ni lo uno es tan cierto ni lo otro tan necesario. Porque es verdad que el Índice de Precios al Consumidor cerró 2022 en 94,8 por ciento, mientras que el precio de la carne fue aumentado en promedio un 42, pero también es cierto, que toda la cadena cárnica bovina fue subvencionada por el Estado por distintas vías durante ese período.
Y aunque el incremento anual del precio promedio estuvo por debajo del que tuvo la recomposición salarial durante 2022, vale señalar que esto alcanza sólo al universo del trabajo conveniado y, aún en este caso la relación cambia si se toma en cuenta a los seis años anteriores.
Esto explica por qué en Argentina cayó considerablemente el consumo de este producto, pero también por qué pese a las lamentaciones de Schiariti, quien insiste con que “el atraso es muy grande”, la cadena cárnica bovina siguió y sigue maximizando su tasa de rentabilidad.
Entre los principales motivos que se esgrimen desde esa cadena para justificar el aumento del precio, aparece la sequía local y el recrudecimiento de la pandemia de Covid-19 durante el segundo semestre de 2022 en la República Popular China, lo que hizo que ese país ralentizara el ritmo de importación de carne argentina.
Queda claro que, también en este caso, cuando hay bonanza las vaquitas son ajenas y cuando se da vuelta la taba, también. Y, asimismo, es evidente que también en este caso la mesa de los argentinos está en manos de sectores altamente concentrados que, por lo tanto, tienen un fuerte poder de lobby sobre el gobierno.
Por eso es que mientras por un lado el Ministerio de Economía sabe que tiene que evitar el traslado de la suba que ya se registró en el Mercado de Hacienda al precio a las góndolas y carnicerías, por el otro hace lo posible para no colisionar con el sector.
Así las cosas, aunque desde la cadena cárnica bovina se coincida en que los incrementos en los precios minoristas pueden ser de trescientos a quinientos pesos según el tipo de corte, ayer el secretario de Comercio Interior Matías Tombolini, aclaró que la cartera que preside Sergio Massa no espera intervenir en el mercado de la carne, sino que va a volver a insistir con un acuerdo con un sector que a la hora de negociar se muestra atomizado, pero a la de aumentar precios se abroquela.
En este sentido, recalcó que la negociación quedó en manos del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, aunque ya se anticipó la intención del gobierno de avanzar con el descuento del diez por ciento para las compras hechas con tarjeta de débito. De todos modos, todavía los exportadores no garantizaron que vayan a poner más disponibilidad para el mercado interno, mientras que tampoco queda claro cuál es el volumen que estarían dispuestos a faenar los grandes frigoríficos ni si las cadenas de supermercados y los matarifes van a acceder a morigerar la suba de precios.
Como se ve la trama es compleja y está atravesada por diferentes actores que, habitualmente, son bastante reacios a resignar ni siquiera un ápice de la tasa de maximización de su renta basada en un producto que hace un aporte relevante al IPC con un impacto todavía más importante en la carestía de la vida de los sectores más empobrecidos, ya que se trata de un componente central en la dieta popular argentina.
Vía alternativa
Así las cosas, en el centro de todo esto aparece una feroz puja distributiva, lo que no es otra cosa que un momento de la lucha de clases que deja expuesta la contradicción que hay entre quienes buscan maximizar su tasa de rentabilidad ad-infinitum y los que sencillamente pretenden comer todos los días.
¿Pero sería posible construir caminos alternativos? Hace casi dos años, las cooperativas que constituyen la Mesa de Frigoríficos Recuperados, presentaron al ejecutivo una propuesta para “recuperar el precio popular de la carne”.
Vale citar que se trata de un sector de la economía popular que suma a casi 1500 operarios, del que forma parte la Cooperativa de Trabajo Frigocarne de la localidad cañuelense de Máximo Paz.
Por otra parte, hay que destacar que la Mesa representa la faena de alrededor del cuatro por ciento de lo que se consume en el mercado interno, algo que con la adecuada asistencia estatal, podría alcanzar el diez por ciento del total.
En ese momento, la Mesa hizo hincapié en que “somos parte del sistema agroalimentario argentino, y parte indiscutida de la cadena de valor cárnica con capacidad para el mercado interno y para la exportación”, pero asimismo “de la economía real que genera riqueza, trabajo directo e indirecto, valor agregado, y aporta a las arcas del Estado, en condiciones desiguales con el capital privado”.
Pero también en este caso, el sector cooperativo no parece ser considerado por La Rosada. Precisamente a raíz de este nuevo pustch del sector empresario de la carne, los trabajadores de Frigocarne se reunieron la semana pasada con el coordinador del MTL, Mario Micheli, con quien coincidieron en que “se trata de un apriete de los empresarios más concentrados”.
Desde Frigocarne tienen en claro que “los aumentos son una medida absolutamente de carácter político y no tienen que ver con la realidad del consumo a nivel de exportación ni a nivel del consumo interno”, por lo que “todo esto es mera especulación política”.
Y, en este sentido, cuestionaron el escaso apoyo que recibe el sector cooperativo por parte del gobierno. “Las cooperativa frigoríficas no están habilitadas para poder comprar ganado en pie”, lamentaron y señalaron que por tal motivo dependen de los matarifes para poder trabajar.
Paradójicamente, Frigocarne tiene su planta en Máximo Paz, a sólo una estación de Vicente Casares que es donde se trasladó Mercado de Hacienda que antes funcionaba en Liniers. Pese a esto, no pueden comprar materia prima ahí.