El gobierno anunció el primero de los cuatro aumentos contemplados por ley para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Además incorporó un bono por tres meses. Mario Alderete sostuvo que “el aumento y el bono se pueden aceptar como un paliativo momentáneo, pero no alcanzan para recomponer el poder de compra de los ingresos”.
“Siempre es bienvenido un aumento pero no hay que dejarse engañar” dijo Mario Alderete, presidente y secretario sindical del Partido Comunista luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, anunciaran un aumento de diecisiete por ciento y un bono de quince mil pesos para diecisiete millones de jubilados. El dirigente recordó que “estos aumentos y bonos son consecuencia de la inflación” y enfatizó que “a pesar de los incrementos, la inflación y el costo de la vida se mantienen muy por encima de las necesidades básicas y elementales de los jubilados”.
Hay que destacar que el aumento anunciado por el gobierno es el primero de los cuatro incrementos anuales que establece la ley y que el bono concedido se pagará por tres meses, por lo que no se incorporará finalmente al salario. En ese sentido, Alderete manifestó que “se puede aceptar como un paliativo momentáneo, pero no alcanzan para recomponer el poder de compra de los ingresos”.
Por este motivo, una verdadera iniciativa progresista y contracíclica “que forma parte del programa de medidas que exige el Partido Comunista” debería contemplar “un aumento general del cuarenta por ciento para todas las jubilaciones, pensiones y asignaciones con el propósito de recuperar lo perdido durante el gobierno de Macri”. Una vez conquistado el nuevo piso, “llegará el momento de discutir los nuevos salarios”.
Sin embargo, el dirigente precisó que “en la actualidad no hay condiciones para avanzar en ese sentido”. No se trata de resignación, sino del análisis concreto de la situación concreta, en la que diversos factores influyen en la situación. Entre ellos, destacó como uno de los más importantes “la dispersión del movimiento popular y en particular del movimiento obrero organizado”.
Además de la dispersión del campo popular, hizo hincapié en la imposibilidad inherente al modelo económico del gobierno luego del acuerdo con el FMI. En efecto, Alderete fue tajante al sostener que “las obligaciones que el gobierno asumió con el Fondo impiden la posibilidad de implementar medidas estructurales porque en primer orden refuerza la dependencia económica del país a los organismos internacionales y al gran capital”.
Y recordó al respecto que, “en lo fundamental que es la entrada de divisas, está todo en manos del gran capital concentrado, por eso no se recupera el Paraná, no se atiende la sequía ni el cambio climático y se privatiza la extracción de litio”.