Pasó a senadores el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal Penal que busca ampliar las capacidades del Poder Judicial en Santa Fe, con el propósito de contrarrestar el crecimiento del narcotráfico. Desde Rosario, Norberto Galiotti, sostuvo que “hay que seguir la ruta del dinero” antes que engrosar las filas de una corporación cómplice del crimen organizado.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal Penal en Santa Fe. El proyecto obtuvo 214 votos positivos, ninguno negativo y hubo cuatro abstenciones, por lo que fue girado al Senado para su sanción definitiva. Según sus fundamentos, la iniciativa “busca poder implementar adecuadamente el sistema acusatorio en el ámbito federal”, ya que “los actuales resortes institucionales se encuentran saturados y se necesita dotar de nuevos recursos para poder enfrentar la implementación de este Código, como así también reducir los delitos complejos”.
Sin embargo, Norberto Champa Galiotti, secretario del Partido Comunista de Rosario, afirmó que “si de verdad se quiere investigar los delitos complejos, como el lavado, hay que seguir la ruta del dinero” y no, tal como contempla esta medida, “sumar funcionarios que se van a integrar a un sistema que funciona mal no por impericia, sino por responsabilidad y complicidad con el narcotráfico y el crimen organizado”. Y, en ese sentido, el dirigente del PC se preguntó: “¿dónde se lava el dinero, de dónde proviene y hacia dónde va y por qué canales?”.
Asimismo, insistió, “hay que hacer hincapié en la cuestión social” dado que “la problemática actual remite fuertemente al proceso de destrucción del aparato productivo y al deterioro del lazo social que tuvo lugar en la década del noventa en Argentina con el menemismo”. Desde entonces, consideró, “ya no impera la figura del marginado, sino del excluido, de aquel que jamás podrá ingresar al sistema, por más precario que este sea”.
Para el dirigente, “esto constituye sociológicamente la cultura de una estructura del excluido, que en la provincia de Santa Fe -como en otras- se organiza en torno al delito, siendo el narcotráfico una actividad de reclutamiento y de integración entre comillas de los excluidos”. De ahí que “el narcotráfico se nutre de estos sectores generados por la sociedad y cuando emergen a la superficie el sistema los señala como un mal indeseable que hay que eliminar”. Paradigmático resulta que “hoy en los barrios de Rosario vendiendo droga se gana diez veces más que con los salarios precarizados o con programas sociales como el Potenciar”.
Por estos motivos, Galiotti criticó el proyecto y el modo en que se suele abordar política, judicial y mediáticamente el problema del crimen organizado en Santa Fe, como así también la cuestión de la inseguridad. Sucede que “cuando se habla de la inseguridad siempre se hace referencia a cuestiones presupuestarias, que hay pocos móviles, pocos policías, escasos recursos para adquirir armamento moderno”, por ende, “la respuesta siempre es la misma: enviar más policías, más móviles, más armas”.
¿Pero estas medidas contribuyen a solucionar el problema? Para Galiotti es evidente que no. Es que “el narcotráfico como la inseguridad no es un problema de números”, justificó. En ese sentido, puntualizó que “el Poder Judicial no falla por falta de presupuesto, sino porque está directamente implicado en muchos de los delitos”.
Para ejemplificar, explicó los mecanismos locales que imperan de hecho al momento de ingresar al Poder Judicial santafesino. “Cada funcionario judicial es propuesto por el poder permanente con asiento en cada uno de los lugares y departamentos”, motivo por el que “no hay fisuras en la selección, por eso después vemos cómo en el caso de Vicentín por ejemplo estos funcionarios responden a sus verdaderos jefes”. Así “la policía propone sus fiscales, como los grupos económicos y los diputados y senadores nacionales proponen sus jueces”. En efecto, cabe esperar que “los nuevos cargos creados surjan de los mismos sectores, por lo que la situación en lo sustancial no va a mejorar”.
El análisis del titular del PC de Rosario es realista y no desconoce algunos beneficios que puede tener el proyecto: “seguramente se podrán tramitar más causas y estas mismas se desarrollarán en menos tiempo” pero, argumentó, “no hay que esperar de esta medida nada de fondo que resuelva la cuestión del narcotráfico, la trata y el contrabando en Santa Fe” ya que “el contenido de los fallas seguirá siendo el mismo”. Nadie se puede oponer a que haya más fiscales y a que se concursen puestos que están vacantes, no obstante tampoco se puede dejar de señalar en qué contexto tienen lugar proyectos como este.
Por ello, “depositar tanta energía en proyectos como este, pensando que solucionan el asunto, es considerar que el Poder Judicial se puede depurar así mismo, algo en efecto imposible sí nos atenemos a la historia y al presente del país y de la provincia”. Si de verdad se quiere avanzar contra el narcotráfico y el crimen organizado, “hay que fortalecer el área de delitos complejos del ministerio de seguridad de Santa Fe, todo lo contrario a lo que se está siendo” y recordó que “en la actualidad los exintegrantes del área, funcionarios de Marcelo Saín, están siendo sometidos a procesos judiciales en la justicia por haberse animado a tratar seriamente el problema”.