“Vamos a traer una inmobiliaria pública y un programa de alquiler protegido”, señaló la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad por Movemos, Elizabeth Gómez Alcorta.
“Hoy en día, se nos va la mitad del sueldo en un alquiler y la vida y la salud mental en las negociaciones con las inmobiliarias, mientras el Gobierno de la Ciudad mira para el costado”, denunció la candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Elizabeth Gómez Alcorta, tras lo que aseveró que esta situación se puede revertir “con planificación, con decisión y con coraje”, para así “vivir bien en nuestra ciudad”.
Los dichos de la candida de Movemos nada tienen de antojadizos. Esta semana, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CAI), Alejandro Bennazar, reconoció que a la hora de la renovación de los contratos de alquiler para vivienda, en líneas generales, los propietarios están pidiendo arriba del cien por cien de aumento.
Asimismo, sostuvo que la modalidad de alquiler temporario está ganando terreno, algo que condice con datos suministrados por un reciente informe del Centro de Estudios Metropolitanos, que da cuenta de que en la Ciudad de Buenos Aires, alrededor de quince mil propiedades fueron desplazadas del mercado de alquileres permanentes.
Y advirtió que buena parte de la reactivación que se verifica en la construcción, se debe a las expectativas que entre los desarrolladores despierta el alquiler temporario, modalidad que se beneficia de las normativas que impulsó la Gestión PRO.
Ante este panorama, Elizabeth Gómez Alcorta, hizo hincapié en que Movemos propone declarar la emergencia habitacional y aplicar un plan integral de acceso a la vivienda. “Vamos a traer una inmobiliaria pública y un programa de alquiler protegido”, señaló y añadió que también se propone “regular de manera muy estricta el alquiler turístico y aplicar un impuesto a la vivienda que se encuentre desocupada de manera permanente”. Y fue clara al destacar que “vamos a prohibir la venta de tierras pública para desarrollos privados”.
Los datos que arroja la suba de los precios de los alquileres en la Ciudad son alarmantes y así lo refleja el portal especializado en el negocio inmobiliario Zonaprop, que da cuenta de que durante mayo treparon un 10,8 por ciento, lo que representa la máxima variación mensual de los últimos once meses. Por su parte, durante los últimos doce meses fueron aumentados un 136,3 por ciento, lo que es el salto más elevado desde 2012.
Según datos oficiales, en la Ciudad se están edificando 5.183 nuevas obras y hay cuarenta mil viviendas nuevas pero, pese a esto, la oferta de departamentos para alquilar se coloca en un piso histórico. Según el Índice de Contratos de Locación que confecciona el Banco Central, en la Ciudad hay en oferta para alquiler tradicional, de alrededor de 1600 unidades habitacionales en base a contratos de tres años con un aumento anual indexado por inflación que se coloca en el rango del 110 por ciento.
Así las cosas, los alquileres temporales que se ofrecen por medio de plataformas desreguladas y en dólares, es –de acuerdo a datos oficiales- superior a las 17 mil unidades, aunque la realidad es otra. Y en este caso la palabra clave es desregulación, ya que entre otras cosas, el boom de los alquileres temporales se explica en la posibilidad que esto brinda a que los locadores eludan la normativa vigente desde 2020 que prevé un aumento del precio del alquiler por año. Así, pueden ajustar el precio trimestralmente, pero también fijar arbitrariamente el precio del depósito inicial y cargar sobre el inquilino aquel derivado de cualquier problema o rotura que pudiera surgir en el inmueble.
Este tipo de oferta se destina a personas residentes en la Ciudad, a visitantes temporarios y turistas, lo que plantea a los locatarios la posibilidad de obtener más margen de rentabilidad, al tiempo que aleja esta modalidad de las posibilidades de la mayoría de los trabajadores.
Y hay que recalcar que existe un subregistro de este tipo de oferta, algo que es amparado por el Ente de Turismo de la Ciudad que, de acuerdo a la Ley 6.255, es la autoridad de aplicación que debe regular los alquileres temporarios destinados al turismo. En su registro figuran 360 inmuebles, cantidad que resulta ridícula si se la compara con las no menos de setenta mil que es la oferta que surge de un simple relevamiento por las plataformas digitales que se dedican a esta actividad y, más aún, si se tiene en cuenta que el Gobierno de la Ciudad sólo labró una decena de actas por infracción a la norma.