Legislatura bonaerense impulsa el Proyecto de Ley de Arraigo Rural que busca garantizar el arraigo de los productores familiares. “Es un derecho por el que pelean hace mucho las organizaciones de la agricultura familiar bonaerenses”, recalcó Raúl Toto Galván desde el MCL.
“Esto va servir para garantizar la tenencia de la tierra a los pequeños productores en la provincia de Buenos Aires”, recalcó el coordinador de la Unión de Campesinos Poriahjú, Raúl Toto Galván, al referirse al Proyecto de Ley de Arraigo Rural en la Legislatura bonaerense, que busca garantizar el arraigo de los productores familiares, promover la agroecología y avanzar hacia la soberanía alimentaria.
La iniciativa fue presentada la semana pasada por el senador provincial Francisco Durañona, que aborda las problemáticas habitacionales, productivas y de acceso a los alimentos en el territorio bonaerense.
El proyecto en cuya elaboración participó la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), apuntan a que el Estado promueva prácticas agroecológicas, organice colonias que promuevan una mejor distribución de los alimentos en los distritos del interior provincial y garantice el acceso a la tierra para las familias productoras.
Si prospera el proyecto de Ley de Arraigo Rural, se viabilizará, entre otras cosas, un programa de créditos para que agricultores familiares puedan trabajar la tierra y vivir dignamente.
Para esto, según explicó Durañona, es preciso generar condiciones favorables para la radicación y permanencia a partir del acceso igualitario a todos los derechos relativos al hábitat, los ingresos y la calidad de vida, así como al desarrollo humano integral y al bienestar social y económico.
Y, para eso, la propuesta establece que “quienes sean beneficiarios de este crédito estarán exentos del Impuesto Inmobiliario hasta que paguen la totalidad de la hipoteca”.
Al respecto, desde la UTT se recalcó que más del noventa por ciento de las familias agrícolas bonaerenses carecen de tierra propia y la mayoría de los pueblos del interior provincial importan alimentos frescos, por lo que “necesitamos multiplicar las colonias agroecológicas para dar vida digna a la ruralidad y producir más soberanía alimentaria”.
La iniciativa de Durañona contacta con otra presentada días atrás a Alberto Fernández por diferentes movimientos sociales, entre los que está el MTL. Entre otras cosas, ahí se postula la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con una estrategia de industrialización del campo, planificada y federal, lo que “daría soberanía alimentaria regional y capacidad de exportación de alimentos sanos, saludables, con trazabilidad y artesanales, que es lo que Argentina y el mundo demandan actualmente y a futuro”.
Derecho
En este sentido, Galván aseguró que “es un derecho por el que se viene peleando hace mucho tiempo desde las organizaciones de la agricultura familiar en toda la provincia”, tras lo que hizo hincapié en que se busca garantizar la estabilidad de la agricultura familiar, por lo que “es una muy buena iniciativa” y, más aún es “positivo que la agricultura familiar sea parte de la agenda”.
El coordinador de los Poriahjú dejó en claro que “el mayor problema en el territorio bonaerense es la repartición de la tierra”, ya que “los que alquilan la tierra son los que se llevan la mayor parte, mientras que los pequeños productores viven para pagar el alquiler”.
Asimismo, habló de la posible estatización y expropiación de la empresa de alimentos Vicentin. “A la derecha que le hablen de expropiación le incomoda, por eso la oligarquía v a dar batalla hasta lo último” recalcó y no dudó en afirmar que “hay que dar un fuerte pelea por la expropiación para que sea una empresa pública donde tengan participación los sectores populares en el resguardo de la misma”.
Vale recordar que el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin a sus directivos, por un plazo de sesenta días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
A la vez, el juez Fabián Lorenzini se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.
Al respecto, Galván dejó en claro que “la pelea también es con el propio gobierno para que no afloje y para que no sea un salvataje de las empresas que se robaron la argentina en los cuatro años” y añadió que no es casual “que Duhalde se ofreciera para ser intermediario”.
Para finalizar, aseveró que “el Poder Judicial ya está jugando para el sector privado, por lo que el campo popular no debe dejar de presionar en todos los frentes para que el gobierno y haga efectiva esta medida“.