En España el Poder Judicial impide que el Senado vote una iniciativa tendiente a reformar el Consejo General del Poder Judicial. El Partido Comunista de los Trabajadores de España fija postura.
El Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCtE), advirtió que “mientras los representantes del poder discuten acaloradamente y se reparten las instituciones, la clase obrera y los sectores populares vemos retroceder nuestras condiciones de vida y trabajo”, por lo que instó a no “dejarnos atrapar en falsos debates”.
De este modo se pronunció respecto a la controversia que durante las últimas semanas se profundizó entre el gobierno presidido por Pedro Sánchez y el Poder Judicial, a raíz del intento del ejecutivo de llevar a cabo una reforma que permita renovar de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial (Cgpj).
El Cgpj tiene atribuciones similares a las que posee el Consejo de la Magistratura en Argentina. El gobierno impulsa una reforma que permita renovar rápidamente su composición, ya que hace rato que acabó el mandato de sus miembros, pero esto es resistido por los sectores más conservadores del Poder Judicial que tienen hegemonía en el Cgpj y que cuentan con el abierto apoyo del Partido Popular (PP).
En este contexto, el ejecutivo impulsó desde el Congreso donde cuenta con mayoría, una reforma del Poder Judicial. Pero el PP presentó un recurso ante al Tribunal Constitucional (TC) que, al menos por el momento, evita que la iniciativa parlamentaria se convierta en ley, ya que impidió que el Senado votara el proyecto. Es la primera vez que el TC interfiere en la función del Poder Legislativo, ya que ordenó suspender un debate parlamentario lo que provocó “una grave crisis institucional”, tal como alerta el PCtE.
Esta situación, recalca el PCtE, “confirma que la división de poderes es una mera ficción”, pero también que “la clase dominante no comparte ni admite limitaciones en el ejercicio del poder político” y que “sus disputas y contradicciones internas se dirimen a través del juego parlamentario, en el que cada partido político burgués trata de controlar y de utilizar en beneficio propio las instituciones”.
Asimismo, sostiene que el ejecutivo sabía que el TCC iba a obturar la iniciativa que presentó, por lo que “en línea con las torpezas jurídicas cometidas durante los últimos meses, facilitó, consciente de los riesgos implícitos, las maniobras legales de la derecha y la extrema derecha, que nunca han dudado en emplear todos los medios disponibles para alcanzar sus objetivos políticos”.
Después denunció que “tanto unos como otros están interesados en tensionar la situación política, aún a riesgo de desatar una grave crisis institucional, ante el inicio de un año electoral”, tras lo que destacó que “el estilo hiperbólico empleado por unos y otros, con acusaciones cruzadas de fomentar un golpe de Estado, así lo confirman”.
Y fue claro al indicar que “unos y otros llaman al pueblo a cerrar filar detrás de sus posiciones” pero, insiste, “todos ellos comparten el mazo de explotación capitalista y la defensa de la superestructura estatal y jurídica que la sustenta”, por lo que “más allá de artificios electorales, propios del creciente cretinismo parlamentario que padecemos, no dudarán en alcanzar los acuerdos que sean necesarios para preservar el poder capitalista”.