La toma del Parlamento por parte de partidarios del clérigo chiíta, Moqtada al Sadr, es un capítulo más de la saga de consecuencias que dejó la destrucción del estado por parte de la invasión y la ocupación perpetrada por EE.UU.
“Ha quedado claro que el Parlamento, con su composición actual, es incapaz de gestionar la crisis cada vez más profunda y generalizada y abordar sus efectos acumulativos”, recalcó el Partido Comunista Iraquí (PCI) y sostuvo que es preciso “volver a la voluntad del pueblo iraquí para desactivar la crisis”.
Se refirió de esta forma a la situación que por estos días vive Irak, país que se ve atravesado por una profunda crisis política que es consecuencia de más de dos décadas de inestabilidad a la que lo empujaron dos invasiones militares encabezadas por EE.UU. y años de ocupación por parte de Washington que destruyeron el andamiaje estatal y buena parte de la trama social de este país.
En este contexto, durante los últimos días se sucedieron manifestaciones en las que partidarios del clérigo chiíta, Moqtada al Sadr, contrarios a la postulación de Mohamed al Sudani al cargo de primer ministro, tomaron la sede del Parlamento donde permanecían al cierre de esta edición.
Con este telón de fondo, el propio Moqtada al Sadr, convocó a los iraquíes a “aprovechar” lo que calificó como “una oportunidad de oro” para forzar “reformas profundas en el país”, en lo que llamó una “revolución espontánea y pacífica”.
Al respecto, el PCI advirtió sobre la situación política “y sus peligrosas repercusiones que podrían arrastrar al país a consecuencias inimaginables”, tras lo que instó a que se abandonen “posiciones obstinadas e intereses estrechos” pero también a que el gobierno que encabezan el presidente Barham Salih y su premier Mustafa Al-Kadhimi, pongan fin “a la subordinación a fuerzas externas para avanzar hacia la celebración de elecciones anticipadas libres y justas en las que la última palabra sea para el pueblo que debe expresar su verdadera voluntad”.
Y, para ello, destacó que el gobierno debe facilitar que se construya una ley electoral “justa que garantice la verdadera representación de la voluntad de los electores”, pero asimismo que garantice la conformación de una junta electoral “verdaderamente independiente que no esté sujeta al sistema de cuotas etno-sectarias” y la plena aplicación de la Ley de Partidos, así como la prohibición de participar en las elecciones a cualquier bloque político que no revele sus fuentes de financiación.