“Es nuestro deber pelear incansablemente contra esta injusticia tremenda que aquí se comete” señaló Camila Vallejos al referirse a las personas encarceladas durante la represión del estallido social que comenzó en octubre de 2019.
“Tenemos la convicción de que es nuestro deber como parlamentarios estar junto a ustedes en la calle”, recalcó la diputada por el partido Comunista de Chile (PCCh), Camila Vallejos, al participar en la movilización que llevada a cabo el jueves pasado en Santiago, para exigir que se apruebe un Proyecto de Ley que -si prospera- permitirá que se indulte a las personas que fueron encarceladas a partir del estallido social de octubre de 2019.
La convocatoria fue llevada a cabo por familiares de estos presos políticos, junto a organizaciones sociales, legisladores y otros dirigentes políticos, así como por artistas e intelectuales.
“Es nuestro deber y responsabilidad política como parlamentarios comunistas pelear incansablemente contra esta injusticia tremenda que aquí se comete” señaló Camila Vallejos y añadió que “las presas y presos políticos de la revuelta, fueron detenidos y apresados injustamente por luchar”.
Asimismo, hizo hincapié en que “mientras la derecha fascista actúa violenta e impunemente en las calles, a estos jóvenes con ideales se les tiene detenidos sin pruebas” ya que “hay que decirlo: aquí no hay pruebas, no hay razón jurídica ni penal que los pueda culpar de los delitos de los que se los hacen responsables”.
Y esto es así, destacó la diputada comunista, “porque las razones por las que se los encarceló son políticas y esto es algo que sabemos todas y todos”, porque “lo hemos visto y hemos podido constatarlo en esos procesos injustos”.
Por su parte, el diputado por el PCCh Boris Barrera, denunció que la intervención que tuvo Sebastián Piñera -por medio del Ministerio del Interior- en la persecución de los presos de la revuelta, confirma que esta situación obedece a un criterio ideológico y no judicial.
“Venimos a reiterar nuestro rechazo profundo y nuestra condena a este gobierno criminal y violador de los derechos humanos”, destacó el legislador y aseveró que “mientras muchos dicen desde el gobierno que los poderes del Estado son autónomos” la participación del Ministerio del Interior “es una señal política”, por lo que indicó que “con la intromisión del Ministerio del Interior, queda demostrado que el gobierno pretende seguir criminalizando la protesta”.
Vale recordar que de acuerdo al informe mensual del Instituto de Derechos Humanos de Chile, más de 11.300 personas fueron detenidas y 2.500 encarceladas en ese país durante la brutal represión perpetrada contra quienes manifestaban en el contexto del estadillo social que tuvo sus jornadas más importantes entre octubre de 2019 y marzo de 2020.